¿Para esto querían intervenir Osprera? El negocio millonario que salpica a los Menem en la obra social de los trabajadores rurales y la gran certeza de que nunca importó la salud

La pregunta aflora casi de forma natural luego de los trascendidos de los últimos días: ¿Al final querían intervenir la obra social de los trabajadores rurales para robar? ¿No era eso lo que venían a combatir?
Son interrogantes que abren las investigaciones que dirigen el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan. Bajo la lupa hay una serie de contrataciones por más de 260 millones de pesos dentro de Osprera, que habrían beneficiado a un socio de Martín Menem, justamente a pocas semanas de intervenir la entidad.
El arco libertario demuestra no tener prurito en trabar negociaciones espurias con la salud. Sobrada evidencia dejó el caso Andis y su famoso 3% en las contrataciones de prestadores de discapacidad, y parece aflorar ahora nada menos que en la segunda obra social más importante del país, que el gobierno quitó de las manos al gremio de la UATRE acusándolo de corrupción.
Todo el cuadro es, al menos, curioso.
De acá para allá, y la salud del peón bien gracias: La Justicia dio marcha atrás y ordenó volver a intervenir la obra social Osprera, desplazando al gremio Uatre

Por su caja, su estructura y el sector en el que interviene, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (Osprera) es una “joya de la corona” que obsesiona al gobierno desde su comienzo.
Tanto, que a mediados del 2024, acusando irregularidades institucionales, deficiencias prestacionales y una situación económica alarmante decidió intervenirla y poner al frente de su conducción a los propios. Contaba para ello con algunas a su favor, como lo eran las deudas acumuladas con prestadores que arrastraba la gestión de la Uatre.
Fue una operatoria que Eduardo “Lule” Menem, un alfil karinista y primo del presidente de la Cámara de Diputados, convirtió en afrenta personal. Es una cercanía que hoy también lo salpica, pues tal como fue revelado en las investigaciones judiciales, parece que la intervención no sólo no ayudó a revertir los problemas estructurales sino que además habría servido de base para negocios espurios que el propio Lule promovió.
Justamente, con la salud de los peones rurales como garante.

El hilo del que tiran Casanello y Marijuan son las contrataciones que, en tiempo récord, selló Osprera con HTECH Innovation, una empresa creada en abril del 2024 -poco tiempo antes de la intervención de la obra social- y cuyo principal accionista es Sergio Aguirre, un conocido socio de Martín Menem.
En ese marco, se investiga el desvío de, al menos, 266 millones de pesos por el aparente servicio informático que ofrece esta empresa. Lo llamativo es que, tal como consignó el diario La Nación días atrás, Osprera fue -literalmente- el primer cliente de HTECH Innovation, ya que las primeras facturas emitidas para la obra social portan los números 0000001 y 0000002.

Los apuntados por dirigir la operatoria que parece haberse extendido entre fines de 2024 y mediados del 2025 son los interventores elegidos por el gobierno. Primero, Virgina Montero, que estuvo menos de 3 meses en su cargo pero llegó a sellar el compromiso con la empresa de Aguirre con notable agilidad.
Según consignó el periodista Nicolás Wiñazki en Clarín, la firma presentó una oferta de servicios a Osprera el 28 de octubre del 2024, y sólo un día después Montero redactó un informe interno solicitando “de manera urgente” la “contratación de los servicios de consultoría externa en sistemas” de HTech Innovation.
Quien luego renovó el compromiso fue Marcelo Petroni, que sucedió Montero en sus funciones. Ambos fueron citados en el marco de la causa judicial y, tras haberse embargado parte de sus bienes, deberán afrontar la indagatoria en las audiencias fijadas para el 10 y 11 de agosto.

Pero el hilo llega aún más arriba, y se une con los primos riojanos. El más involucrado sería “Lule”, quien no sólo siguió muy de cerca toda la intervención de Osprera y la designación de los responsables, sino que -para sorpresa de pocos- parecía estar al tanto y ser el principal promotor de estos negociados.
Así lo apunta el fiscal de la causa, quien consignó pruebas de “chats” que acreditan ese vínculo y las múltiples reuniones que mantuvo el armador libertario con quienes estuvieron a cargo de la obra social. Todo ello, a pesar de que el tema naturalmente excede sus funciones como subsecretario de Gestión Institucional .
Quien tampoco escapa muy lejos es Martín Menem, un viejo conocido del dueño de la empresa HTech Innovation. Aunque el presidente de la Cámara de Diputados no figura en esa firma, sí es socio de Aguirre hace ya varios años en TR Nutritional, una compañía dedicada a la venta de suplementos y barras energéticas.
Desde ya que Aguirre es otro de los que deberá comparecer ante la Justicia, y lo hará en la audiencia fijada para el 12 de agosto. El juez Casanello pidió que lo acompañen un socio suyo, Stéfano Zanetti y su propia madre, María Mirabelli, quien tiene el cargo de directora suplente dentro de la sospechosa compañía.
Luego del fallo de la Justicia Federal, se hizo efectiva la nueva intervención de Osprera: En principio, será por 180 días, mientras sigue su curso la causa contra Voytenco

Como ocurre generalmente en casos de corrupción, los hilos se entrecruzan, forman nudos y confunden. Pero no hay que dejar de volver al ovillo, al quid de la cuestión: que hubo quienes, deliberadamente, decidieron hacer negocios a costa de la salud. Una bajeza despampanante.
Y lo hicieron con el argumento de que venían a solucionar problemas en la cobertura, un aspecto que, a dos años de haberse dispuesto la intervención, únicamente parece que fue profundizado.
Al menos así lo había considerado la Justicia cuando, con sobrados argumentos y denuncias por el funcionamiento de la obra social, dispuso en enero de este año su retorno a manos del gremio de la Uatre. La justicia federal no demoró en revertir la decisión y, con la firma del ministro Mario Lugones, desde marzo el gobierno vuelve a controlar Osprera.

Quien está ahora a cargo es el interventor César Lococo e, inicialmente, la medida contempla una extensión de 180 días. Lo mismo se había dicho en 2024, cuando se “suponía” -si es que alguien creyó realmente en eso- que ese plazo bastaba para solucionar los problemas de la entidad.
Y fue varias veces renovado, pero no para encargarse de eso, sino, parece, para sellar algunos negocios bastante jugosos.