Tres empresarios grosos del agro argentino dijeron que hay que cerrar filas con Brasil, pero el gobierno parece desafiar esa lógica y anunció la adhesión nacional al Acuerdo Transpacífico
Mariano Bosch (Adecoagro), Ignacio Bartolomé (GDM Seeds) y Delfín Uranga (SiloReal) expusieron este martes sobre complementariedad productiva y los desafíos regulatorios que frenan el potencial del sector agroindustrial durante la segunda edición de Cambras Business Day, organizada por la Cámara de ...
De todos modos, el gobierno argentino parece marchar en otro sentido. Esta noche anunció que en las próximas horas el país adherirá formalmente al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), uno de los mayores acuerdos de libre comercio del planeta. Tal decisión podría tensar la cuerda con los otros tres socios del Mercosur.
La cámara Cambras reunió este martes en el Museo MALBA a más de 200 líderes empresariales de ambos países bajo el lema “Hacia la nueva dinámica de negocios”. Y en ese marco macroeconómico, el panel de agroindustria profundizó en los ejes concretos que pueden convertir a la región en una potencia exportadora global.
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El eje transversal del panel fue la necesidad de reencuadrar la relación entre Argentina y Brasil: pasar de la lógica de competidores en commodities a la de socios estratégicos con capacidades diferenciadas.
En ese sentido, Bartolomé señaló que Brasil ofrece un modelo de desarrollo sistémico -con inversión en infraestructura, demanda interna de etanol y federalismo productivo que pobló el interior del país- mientras que Argentina aporta una cultura de innovación y mayor propensión a romper moldes, algo que el propio mercado brasileño podría aprovechar.
Bosch fue directo: “Tenemos como región una oportunidad gigante de ser exportadores de alimentos”, y subrayó que la energía de Vaca Muerta puede ser un factor de competitividad adicional para ese objetivo.
Tecnología y visión de largo plazo
Bartolomé describió cómo la convergencia entre análisis genómico de bajo costo, mayor capacidad de cómputo y herramientas de robótica está comprimiendo los ciclos de desarrollo de variedades vegetales de 8-12 años a 2-4, con impacto directo en la productividad del campo. La edición génica (CRISPR) potencia esa aceleración. Sin embargo, advirtió que Argentina corre el riesgo de quedar rezagada si no actualiza el marco de propiedad intelectual para el sector: mientras en Brasil 8 de cada 10 productores pagan por la tecnología que utilizan, en Argentina ese número baja a 3 de cada 10. “Esa es una deuda pendiente que tiene Argentina con nuestro sector”, afirmó.
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Uranga sumó la dimensión financiera: señaló que Brasil lleva ventaja en la integración de activos físicos con mercados digitales y blockchain, y que esa infraestructura puede volcarse al mercado argentino para potenciar el financiamiento del agro.
Bosch utilizó el sector lácteo como ejemplo paradigmático de la brecha entre potencial y realidad. Argentina produce hoy aproximadamente el mismo volumen de leche que hace 30 años, mientras Brasil triplicó su producción en el mismo período. La causa, según Bosch, no es una desventaja competitiva sino una decisión política recurrente: cada vez que los precios internacionales suben, Argentina frena las exportaciones para abastecer el mercado interno, destruyendo la previsibilidad que los clientes externos necesitan. “Nos mordemos la cola todas las veces”, resumió, y señaló que Uruguay y Brasil crecieron precisamente porque adoptaron una lógica exportadora que Argentina todavía no ha internalizado de manera consistente.
Bartolomé incorporó una dimensión geopolítica al análisis: la creciente tensión tecnológica entre Estados Unidos y China abre una oportunidad para que la región opere como intermediaria en el flujo de tecnología agrícola entre ambos bloques. La estabilidad política de Sudamérica -sin conflictos bélicos- suma atractivo. “Tenemos que aprovechar ese lugar”, afirmó, y llamó a construir desde Argentina y Brasil un centro de desarrollo de agronegocios extensivos con proyección global.
Quizás todos estos anhelos se den de bruces con la decisión del gobierno de Javier Milei, oficializada esta noche por el canciller Pablo Quirno, de buscar un nuevo cobijo en el grupo de países que componen el Tratado Transpacífico. Obviamente tal decisión significa comenzar a desmarcarse de la negociación en bloque que propuso siempre el Mercosur.
“El tratado reúne a 12 países que juntos representan el 13% del PBI mundial. No es un dato menor. Estamos hablando de un bloque que mueve cifras astronómicas y conecta economías de tres continentes”, dijo el canciller. Al grupo lo integran Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Reino Unido, Singapur y Vietnam. Estados Unidos fue uno de sus fundadores, pero anunció su salida en 2017.
Los que quedan suman un mercado de casi 600 millones de personas. El acuerdo busca facilitar el intercambio comercial, promover inversiones y establecer reglas comunes para las economías participantes. También apunta a reducir barreras al comercio y generar marcos regulatorios más previsibles.
El canciller remarcó que esas alianzas “llevan a aumentar considerablemente la cantidad de comercio y la atracción de inversiones”. La apuesta del gobierno es clara: más apertura, más competencia, más oportunidades.