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Pedro Sánchez, el presidente que sobrevivió a todas las crisis enfrenta ahora la amenaza que puede hacerlo caer
La investigación judicial contra Rodríguez Zapatero agravó la fragilidad del gobierno español, aunque la oposición todavía no reúne los votos para desalojarlo del poder
MADRID.– Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español que ha sobrevivido a su debilidad parlamentaria, múltiples casos de corrupción, catástrofes naturales y la pandemia del Covid, entre otras crisis, se enfrenta ahora a la tormenta perfecta. La fragilidad acumulada por el gobierno sumada a las cuatro derrotas electorales consecutivas y a la nueva acusación por corrupción, esta vez contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dejan al gobierno al borde de una interrupción del mandato. Todavía en shock por el caso Zapatero, el futuro de Sánchez parece más atado a la imposibilidad de la oposición de reunir los votos que le permitan aprobar una moción de censura (el mecanismo legislativo que permite desplazar al presidente) que de una maniobra de supervivencia del Partido Socialista (PSOE). El día clave es el 2 de junio, cuando Zapatero se defenderá en los tribunales por intervención en el rescate de la línea aérea venezolana Plus Ultra. El presidente ya descartó un adelanto electoral, pero las especulaciones sobre una salida anticipada del socialismo se inflan cada vez que aparece una novedad que vuelve a comprometerlo. Como ocurrió con Mariano Rajoy en 2018, sobrevuela la sensación de que Sánchez puede salir despedido de La Moncloa en cualquier momento. Una paradoja de la política: nacionalistas vascos y catalanes tienen en sus manos el próximo paso de la democracia española. El Partido Popular (PP) planificó una estrategia a largo plazo con la mira en las elecciones de 2027: desgastar durante todo este año al gobierno con cuatro elecciones autonómicas desdobladas. Cuando había dado el último golpe en Andalucía, las revelaciones sobre las gestiones realizadas por Zapatero para facilitar el rescate de Plus Ultra volvieron a poner sobre la mesa la moción de censura como una opción para adelantar la salida de Sánchez. “Los que sacaron del gobierno al PP en 2018, hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno”, dijo Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, en referencia al caso Gürtel, que reveló una trama de corrupción que le permitió a ese partido financiarse con dinero de la corrupción.María Gabriela Ortega Jarrín, doctora en Comunicación, está convencida de que para el PP sería un error apurarse en este contexto. “El gobierno se desgasta cada día que permanece en La Moncloa”, remarcó. Los límites para una moción de censura impulsada desde la derecha son todavía insuperables: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya dijeron que no apoyarán un gobierno encabezado por Núñez Feijoó, porque eso implica una alianza con Vox, la fuerza de ultraderecha cuya concepción fundacional incluye una férrea oposición a los nacionalismos regionales. “Una salida, aunque más compleja, podría ser elegir a otra dirigente del PP para que asuma el gobierno y luego convoque a elecciones”, explicó la académica de la Universidad Complutense de Madrid.Desde el PP son conscientes de que la moción de censura es una herramienta que, si sale mal, puede ser un arma de doble filo que termine por fortalecer al gobierno socialista. Así, las expectativas están posadas sobre el 2 de junio, porque una novedad judicial incontestable que afecte al gobierno podría ser el elemento disruptivo para los socios. “¿Qué les sale más caro en términos de votos? ¿Entregar el gobierno al PP y Vox o seguir apoyando a Sánchez?”, cuestionó Ortega Jarrín. Este sábado, una protesta contra Sánchez respaldada por el PP y Vox reunió a miles de personas en Madrid. “La corrupción tiene un precio. No más impunidad. Dimisión y elecciones ya”, decía una gran pancarta. El caso ZapateroEl expresidente fue citado esta semana a declarar como acusado de haber cobrado comisiones para facilitar el rescate estatal de la línea aérea venezolana Plus Ultra por 53 millones de euros. El juez José Luis Calama indicó que Zapatero operó como el líder de una estructura dedicada al tráfico de influencias para éste y otros casos de contratos públicos para la cual se valió de un amigo y sus hijas como intermediarios para recibir pagos por aproximadamente un millón de euros. Es el primer exmandatario español acusado en los tribunales. “España ha sufrido un impacto estructural, no sólo para el gobierno, sino que también para el Estado. Así como el caso de Nicolas Sarkozy afectó la imagen de Francia en su momento, la investigación contra Zapatero rompe los cimientos de la democracia española y se lleva consigo la imagen de España para el mundo”, reflexionó Ortega Jarrín. Desde el PSOE evalúan alternativas para salir de este laberinto, aunque las incomodidades con el tema ya se perciben públicamente. Apenas se conoció la noticia, el gobierno había deslizado que la causa era una operación política contra el expresidente, pero los dirigentes socialistas cambiaron el tono cuando se conocieron los detalles de la investigación. Más allá de la posible ilegalidad, la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra que se desprende del expediente judicial cuestiona su rol como expresidente y, sobre todo, los límites éticos del PSOE. “Todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero”, dijo Sánchez en su intervención parlamentaria. El PSOE espera que la defensa del exmandatario aclare algunas dudas que puedan facilitar su sobreseimiento en la investigación y les ofrezca oxígeno para las próximas semanas. Sus socios de la izquierda, también impactados por las revelaciones, ya avisaron que sólo retirarán su apoyo en el caso de que se demuestre que el PSOE se financió con fondos espurios. “Sánchez tiene que tomar medidas acordes a la dimensión de esta crisis. Puede someterse a una cuestión de confianza en el Congreso, que sólo requiere una mayoría simple. Eso obligaría a todos sus socios a definirse si definitivamente apoyan o tumban su gobierno. Saldría fortalecido de esa votación parlamentaria, pero antes tendrá que tener amarrados los votos de sus socios”, explicó Ortega Jarrín. Aunque difícilmente el oficialismo y la oposición muevan sus fichas antes del 2 de junio.