El reclamo por la pavimentación de la ruta 10 llega a la Defensoría del Pueblo: “Para algunos hay y para otros no, es discriminación”, dicen los productores del sur de Córdoba

La ruta 10 es la única que recorre la provincia de Córdoba de forma íntegra y por allí pasa gran parte de la producción, pero en su traza original tiene aún varios kilómetros -particularmente en el sur- que son de tierra.
El gobierno provincial había empezado a pavimentarla con fondos propios, con la excepción de un tramo particular donde le pidieron a los frentistas que costearan parte de la obra. Su negativa paralizó los trabajos y, desde hace 3 años, los productores denuncian maniobras de “discriminación”.
Se trata de una extensión de 43 kilómetros que une a las localidades de Adelia María y Las Acequias, ambas del departamento de Río Cuarto. Les habían prometido incluirla en el Presupuesto 2026, pero ahora les dicen que “no hay plata”. Mientras tanto, los demás tramos pendientes avanzan con fondos provinciales y desde ese “bache” pendiente hoy piden intervención de la Defensoría del Pueblo.
Los productores del sur cordobés se plantaron: Negados a pagar por la pavimentación de la ruta 10, pidieron a los legisladores provinciales que la incluyan en el Presupuesto

No es nuevo este conflicto para los vecinos de la zona, a quienes en 2022 les habían ofrecido cubrir los costos de pavimentar la ruta 10 mediante el esquema de “contribución por mejora”, que es el que echa mano a los consorcios camineros para las obras secundarias.
Pero, con justa razón, estos se negaron, argumentando que no sólo una ruta provincial corresponde a los fondos provinciales, sino que, además, se estaban haciendo trabajos idénticos en esa misma traza y a pocos kilómetros sin trasladar el costo a los frentistas.
Tanto en el tramo entre Lavalle y Adelia María, como en el de Jovita a Levalle -en la ruta 10- y en el de Villa Reducción a Las Perdices – en la ruta 11- los trabajos fueron costeados con fondos de Vialidad Provincial. Días atrás, de hecho, se enteraron que, aunque desde el gobierno provincial les dicen que no hay fondos disponibles, esos trabajos fueron retomados.
Los únicos excluidos, aducen, son ellos.

“Aducen que no hay presupuesto pero hacen rutas por todos lados. Ya no es una cuestión legal ni económica, es una cuestión política”, expresó a Bichos de Campo Alberto Bértola, vicepresidente de la delegación de la Federación Agraria en Adelia María.
El caso volvió a reactivarse semanas atrás cuando, al ver que su obra de escasos 40 kilómetros no fue incluida en el Presupuesto 2026, el grupo de trabajo conformado por las asociaciones y los intendentes de ambas localidades pidió una reunión con el ministro de obras públicas, Fabián López.
“Nos fue igual o peor que la última vez. Hoy directamente no hay posibilidad de hacer la ruta y se quiere retomar la cuestión de la contribución por mejoras”, señaló un importante dirigente de la zona tras el encuentro.
“Acá hay hijos y entenados. Para algunos hay y para otros no. Es cuanto menos una discriminación”, agregó Bértola.

Al ver que no tienen muchas más alternativas disponibles, desde la Asociación Agraria de Adelia María hicieron un pedido expreso a la Defensoría del Pueblo para que medie en el conflicto y garantice que ese tramo pendiente -que es literalmente un “bache” entre las obras realizadas- se termine.
“El estado del tramo afecta diariamente la seguridad vial, la producción agropecuaria, el transporte, el acceso a servicios esenciales, la conectividad regional y la calidad de vida de quienes transitamos por allí”, señalaron en su escrito.
Les quisieron cobrar la pavimentación de una ruta provincial y, como se opusieron, hoy están librados a su suerte: Denuncias de discriminación y complicidad en el sur cordobés

Del mismo modo, también enviaron una carta al ministro de obras públicas, recordándole que lo que allí se intentó, que fue trasladar el costo de la obra a productores de la zona, “no ha ocurrido en otros sectores provinciales donde las obras fueron afrontadas por el Estado Provincial, configurando una evidente desigualdad de trato”.
Además, le solicitaron que informe el estado del proyecto, las partidas presupuestarias asignadas y el plazo estimado -si lo hay- para licitar e iniciar la obra. De lo contrario, advierten los ruralistas, no descartan realizar nuevas presentaciones administrativas, institucionales y judiciales.