La Justicia Federal volvió a la carga en Chaco: Prohibieron nuevamente los desmontes y ordenaron reanudar la causa penal sobre un importante empresario forestal

La Cámara Federal de Casación Penal determinó esta semana reponer la prohibición para el avance sobre los bosques nativos en Chaco y reanudar las investigaciones en el marco de la megacausa de la “Mafia de los desmontes”.
El fallo, dictado el pasado 15 de mayo, hace lugar a los recursos interpuestos por la ONG “Abogados Ambientalistas”, que está detrás del tema hace ya muchos años, y el Ministerio Público Fiscal. Ambas partes habían advertido que la decisión de levantar la cautelar meses atrás fue “prematura” y que se necesita un mayor tratamiento sobre el tema.
La Justicia Federal apuntó contra los fallos previos y además exigió reactivar la causa penal contra el empresario forestal Alessio Nardelli, acusado de desobediencia y estrago rural. Desde la foresto-industria advierten que la actividad vuelve a paralizarse.

La decisión judicial remite a un fallo que, en realidad, data de agosto de 2024. En aquel entonces, el juzgado 1 de Resistencia había ordenado la suspensión total de los desmontes en la provincia, decisión que fue prorrogada en dos ocasiones y luego levantada por la misma jueza ante la vigencia de la ley provincial de ordenamiento territorial (OTBN).
En diciembre del 2025, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó ese fallo, que ahora Casación revocó por considerarlo insuficiente.
Se termina (por ahora) la novela chaqueña: La Justicia desestimó el planteo ambientalista y la foresto-industria podrá volver a trabajar con normalidad

Cabe recordar que esta causa penal federal, conocida como la de la “Mafia de los Desmontes”, corre en paralelo a la que también se conoció meses atrás, dictada en fueros provinciales.
En aquella, se discutía la inconstitucionalidad de la ley de ordenamiento territorial chaqueña y también se había dispuesto el cese a toda la actividad forestal en la provincia. En cambio, en la actual se investiga un mecanismo de presuntas irregularidades y corrupción vinculado a los permisos de desmonte.
En esta causa penal, que apunta a un gran entramado de empresarios y funcionarios, la Cámara Federal de Apelaciones había justificado que, por el sólo hecho de existir un ordenamiento territorial, se justificaba el levantamiento de la cautelar. Es lo que Casación ahora discute y revoca.

Con los votos de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, el tribunal dispuso que debe regir el “principio precautorio”, que ordena establecer medidas preventivas ante la posibilidad de un daño ambiental irreversible, aún cuando no se tenga certeza absoluta de sus causas.
“Que haya una ley nueva no prueba que el riesgo ambiental desapareció”, es el argumento de la cámara federal, que pidió suspender todos los desmontes hasta tanto se sepa fehacientemente si el ordenamiento territorial vigente los favorece o no.
El sector forestal chaqueño midió el impacto del freno judicial a la actividad: Advierten que las pérdidas superarían los 30.000 millones de pesos mensuales

En tanto, desde el sector forestal, que es responsable del 40% del empleo privado en la provincia, señalan que esta decisión vuelve a poner un coto a su actividad. Si bien permite llevar adelante las tareas de “aprovechamiento forestal”, como impide la plena vigencia del Ordenamiento Territorial limita la aprobación de cambios de uso del suelo (CUS).
Esos “permisos” están destinados a habilitar nuevas actividades agrícolas o productivas en el bosque nativo, y son los que hoy son puestos bajo sospecha por la Justicia. Desde el ministerio de Producción de Chaco advierten que eso frena las nuevas inversiones sobre el sector y la generación de empleo.
En Chaco, un empresario es investigado por deforestar: Los detalles de un caso inédito, con vínculos políticos, allanamientos y pedidos de captura

En paralelo, el fallo también exige reanudar la investigación contra Alessio Nardelli, presidente de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal del Chaco y acusado de desobediencia judicial y estrago rural. Fue imputado a principios del año pasado por haber incumplido en al menos cuatro ocasiones con las prohibiciones de deforestar.
El caso de Nardelli es, desde ya, paradigmático del entramado que investiga esta causa judicial, que apunta a un sistema establecido entre políticos, empresarios y hasta legisladores para favorecer el avance sobre el bosque nativo con fines económicos.
Es un sistema que subsiste hace muchos años en la provincia, y perpetuado por el hecho de que incluso los propios organismos de control y encargados de impartir justicia suelen estar “cooptados” por estas personalidades, siempre cercanas al poder.
Por ello es que desde el sector ambientalista celebraban meses atrás la decisión de que la causa fuera ratificada como federal y recayera sobre Casación. “Es la que, en definitiva, va a marcar el rumbo”, había dicho a a Bichos de Campo, Fabián Maggi, uno de los miembros de la ONG Abogados Ambientalistas que promovió la presentación de esta gran investigación judicial.