El gobierno de Sánchez anunció un plan para paralizar los desalojos en España hasta 2030 en medio de masivas protestas

MADRID.- El gobierno de Pedro Sánchez anunció este martes un paquete de medidas que incluye la paralización de los desalojos en España hasta 2030, en medio de masivas protestas tras el desalojo de una jubilada madrileña de 87 años que pusieron nuevamente a prueba al presidente socialista.La ministra de Sanidad, Mónica García, comunicó en redes sociales las medidas acordadas tras tensas negociaciones dentro de la coalición de gobierno y que ahora deben pasar por el Congreso, donde el Ejecutivo no está en mayoría. Según el diario El País, la votación legislativa tendrá lugar este mismo viernes.Lo que hace un mes era inimaginable, hoy lo hemos conseguido.Aprobamos en el Consejo de Ministros todas las medidas del Decreto Maricarmen que dará alivio a más de 5 millones de personas:- Prórroga ampliada hasta 31 diciembre 2028.- Subidas del 0% en los contratos por encima…— Mónica García (@Monica_Garcia_G) September 29, 2026Se trata de un paquete de medidas sobre la vivienda exigido por el Sindicato de Inquilinas y plataformas sociales en España, tras masivas protestas y acampadas (como la de la Puerta del Sol en Madrid, que sigue activa) motivadas por el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que fue desalojada de un piso en Madrid tras vivir de alquiler durante 70 años.Como parte de las medidas acordadas entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios de Sumar, se anunció una prórroga ampliada de los contratos de alquiler en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028, regulación de temporada y habitaciones, desahucios parados hasta 2030 y prohibición de la compra de vivienda por parte de los fondos buitre. Estos fondos de inversión, al igual que las plataformas de alquiler turístico de corta duración, como Airbnb, están en el punto de mira de los manifestantes, que los acusan de disparar los precios al comprar viviendas en España y reducir la oferta.Además, en el gobierno se alcanzó un acuerdo para la renovación automática de los alquileres, que irá en un segundo decreto. “Es el momento de intervenir en el mercado especulativo de la vivienda y empezar a equilibrar la balanza entre ciudadanía y fondos buitre. Gracias a las movilizaciones y las acampadas. Sin vosotras esto no hubiera sido posible”, fue el mensaje de la ministra García que cerró el anuncio esperado por los cientos de manifestantes.Mañana llevamos al Consejo de Ministros un nuevo ESCUDO SOCIAL, un paquete de medidas de apoyo a los sectores más expuestos y a las familias más vulnerables a la subida de precios provocada por la guerra.Una guerra ilegal a la que nuestro país ha dicho NO con todas sus fuerzas. pic.twitter.com/q2ZfJMsG4a— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 28, 2026VotaciónEstas medidas forman parte del que se ha conocido como “decreto Maricarmen”, bautizado así por la madrileña de 87 años desalojada la semana pasada de la vivienda en la que residía desde hace 70 años, tras su adquisición por una empresa inversora. Su imagen siendo sacada en camilla de su departamento desató una ola de indignación en España y puso la crisis de acceso a la vivienda en primer plano, a menos de un año de las elecciones legislativas de 2027.El gobierno dispone de 30 días desde la publicación del decreto para alcanzar un consenso ‌con sus aliados en el Congreso, un escenario que por ahora está complicado.Junts, el partido independentista catalán cuyo apoyo sería necesario para que se apruebe el decreto, dijo el martes que aún estaba lejos de dar su visto bueno y que quería protección para los pequeños propietarios, que constituyen la gran mayoría de los propietarios en España. La portavoz parlamentaria de Junts, Miriam Nogueras, dijo en la cadena estatal española RTVE que la postura de su partido era favorable al freno de los desahucios en inmuebles que son propiedad de ‌los fondos buitres. Sin embargo, añadió que “mezclar a aquellos que han invertido sus ahorros en un piso, en un restaurante ⁠o en una propiedad —metiéndolos a todos en el mismo saco— es un error”.Desde la oposición, el Partido Popular (PP) rechazó los decretos, con fuertes críticas al gobierno de Sánchez.“Sabemos desde hace muchos años que la vivienda es el principal problema de los españoles. El gobierno ha sido un actor necesario para que sea el principal problema de los españoles. Y en 24 horas el gobierno quiere arreglar lo que ha destruido en ocho años. Las medidas van orientadas todavía más a destruir el mercado de la vivienda”, dijo la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, en rueda de prensa en el Congreso.“Ellos se buscaron este lío sin tener mayoría parlamentaria. En este lío se metieron ellos por querer gobernar habiendo perdido las elecciones y no pueden pretender que el PP les saque de este lío”, agregó, de cara a la votación del viernes.Siguen las protestasVarios cientos de manifestantes y activistas ocupan desde el sábado la turística plaza de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, para denunciar la crisis de vivienda y exigir más protección para los inquilinos.Estas demandas fueron formuladas especialmente por el Sindicato de Inquilinos, que había señalado como medida principal la implantación de contratos de alquiler indefinidos, en lugar de los cinco años de vigencia actual.“Celebramos esta victoria del poder popular”, valoró por su parte Alicia del Río, portavoz del Sindicato de inquilinas de Madrid, tras conocer los primeros detalles del decreto, señalando sin embargo que aún deben recibir y leer con detenimiento el texto.“Esto solo acaba de empezar y por eso convocamos también movilizaciones estatales en todas las ciudades del país este fin de semana”, advirtió junto a ella Valeria Racu, otra de las portavoces del sindicato, confirmando que el anuncio no significa el fin de la movilización.En otras ciudades del país, como Málaga o Sevilla, también comenzaron a instalarse otras acampadas, por ahora menores, en las últimas horas. Mientras, en Madrid, las autoridades regionales -en manos del PP- han dado “un plazo máximo de 48 horas” a la Delegación del Gobierno para que desmantele el campamento “ilegal” de la Puerta del Sol.Los manifestantes ya habían logrado una primera victoria en la noche del lunes, cuando se alcanzó un acuerdo con la inmobiliaria que compró el piso de Maricarmen Abascal para permitirle regresar a su casa. UrbaGestión, el fondo propietario, le ofreció volver si se compromete a pagar el 30% de su pensión durante los próximos ocho años, lo que equivale ‌a unos 500 euros al mes, una cigra similar a la que abonaba antes del desahucio. La mujer, que ha estado hospitalizada estos últimos días, aún tiene que firmarlo.Grave crisis de vivienda en EspañaEspaña, al igual que muchos otros países europeos, atraviesa una grave crisis de vivienda, en un momento en que los precios de los inmuebles se disparan y los alquileres suben más rápido que el ⁠crecimiento de los salarios reales debido al lento ritmo de construcción de viviendas, que no logra satisfacer la demanda.El país tuvo dificultades para alcanzar el ritmo de construcción de viviendas que tenía ‌antes de la crisis financiera de 2008, y el déficit de unos 750.000 inmuebles aumentará hasta superar el millón en 2028, según el Banco de España, casi el doble que en Italia.Dado que cada vez hay menos personas que pueden permitirse comprar una vivienda, el alquiler aumentó, lo que ejerce presión sobre el mercado, al igual que el auge del turismo. El precio medio del alquiler, de 1176 euros (1337 dólares), equivale aproximadamente al 98,7% del salario medio mensual en España, según el Consejo de la Juventud de España.Los problemas de España tienen su eco en otras ciudades de Europa. El partido alemán La Izquierda (Die Linke) ganó este mes las elecciones ‌regionales de Berlín, prometiendo que haría asequible la vivienda y nacionalizaría las asociaciones de vivienda privadas.Una ley aprobada ⁠en España durante la pandemia de Covid-19 para proteger a los inquilinos vulnerables expiró en marzo, después de que los partidos de la oposición rechazaran su ‌prórroga. Debido a ello, las asociaciones de defensa de ⁠inquilinos reclamaban la renovación automática de los contratos de alquiler, similar a los contratos de alquiler indefinidos que ya existen en Holanda, Austria y Alemania, así como una medida en Reino Unido para prohibir el desahucio de inquilinos sin justificación. Si un propietario no puede justificar la no renovación de un contrato, tendría que indemnizar al inquilino con un mes de alquiler por cada año que este haya vivido en la vivienda, en caso de que aun así quisiera desalojarlo. También ‌reclaman medidas legales para detener los desahucios, la regulación de los contratos ​de alquiler por habitaciones y una congelación de los alquileres.Agencias AFP, Reuters y diario El País