Endeudamiento: no hay soluciones mágicas

Semanas atrás circuló en redes sociales un análisis de Matías Fernández sobre la situación de endeudamiento en la Argentina a junio de 2026, elaborado a partir de la base de datos de deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Los datos muestran un fenómeno preocupante, pero también mucho más heterogéneo de lo que suele presentarse en el debate público. Según ese relevamiento 5.859.104 personas registran pagos atrasados, por un total de $17,79 billones, equivalente al 15,5% del crédito total del sistema financiero.Sin embargo, la distribución de esa mora dista de ser uniforme. El 17% de los morosos debe menos de $100.000 y casi el 40% mantiene deudas inferiores a un salario mínimo. En el otro extremo, apenas el 14,5% de los deudores concentra el 73% del dinero en mora. Además, los jóvenes de entre 18 y 25 años exhiben la tasa de incumplimiento más elevada. Del lado de quienes otorgan crédito también existe una realidad diversa. Los bancos públicos y privados concentran cerca del 65% del total de la mora, mientras que fintechs, supermercados y prestamistas no bancarios reúnen un número mucho mayor de personas con atrasos, aunque con montos individuales significativamente menores.La conclusión del informe es que no hay una crisis sistémica de endeudamiento. Y eso es importante: un aumento en la morosidad no implica necesariamente un problema homogéneo que admita una única respuesta. Los datos actualizados al mes de julio de 2026 confirman que la situación se mantiene con leves alzas en los indicadores pero que no invalidan la conclusión del informe.Las causas de este aumento de la morosidad son múltiples. Entre las explicaciones más mencionadas aparecen el aumento de los servicios públicos en el presupuesto familiar, el rezago de salarios y jubilaciones frente a la inflación, el preocupante crecimiento de la ludopatía entre los jóvenes, el uso de tarjetas de crédito para el financiamiento inicial de emprendimientos, la desaceleración de la tasa de inflación –que impide que las deudas en pesos se licuen como ocurría en otros períodos– y la insuficiente educación financiera para evaluar adecuadamente el costo del financiamiento.Precisamente por esa diversidad de situaciones resulta difícil sostener que exista una solución universal. No es lo mismo una deuda de consumo de bajo monto, una tarjeta utilizada para financiar un pequeño emprendimiento o un crédito bancario de gran magnitud. Tampoco es igual la situación de un joven sobreendeudado que la de un hogar cuyos ingresos perdieron poder adquisitivo.Las soluciones masivas suelen trasladar costos hacia otros actores y generar efectos de largo plazo sobre la confianza y el créditoLa Argentina ya atravesó episodios en los que intervenciones estatales de alcance general modificaron contratos de crédito y ahorro con consecuencias profundas. No se trata de afirmar que las propuestas actuales sean idénticas, sino de recordar que las soluciones masivas suelen trasladar costos hacia otros actores y generar efectos de largo plazo sobre la confianza y el crédito.Un antecedente emblemático fue la estatización de la deuda privada en 1982, formalizada mediante la Circular A 251 del BCRA. El Estado absorbió vencimientos en dólares de empresas privadas por aproximadamente US$15.000 millones, permitiendo que esas obligaciones fueran canceladas en pesos al tipo de cambio oficial mientras el Banco Central asumía la deuda en moneda extranjera. Aquella transferencia benefició principalmente a grandes grupos económicos y tuvo un elevado costo fiscal.Otros ejemplos son el plan Bonex en 1989, el corralito en diciembre 2001, el default de la deuda pública declarado en el Congreso Nacional el 23 de diciembre de 2001 y el corralón junto con la pesificación asimétrica en 2002. Más allá de las diferencias entre esos episodios, todos alteraron las reglas originales de los contratos financieros y dejaron una huella persistente sobre la confianza en el sistema.La salida al problema de la mora debería construirse, en la mayoría de los casos, mediante acuerdos entre acreedores y deudores, adaptados a la realidad de cada préstamo. La refinanciación de las deudas a plazos más largos, la reducción de la tasa de interés, las quitas parciales, la condonación de intereses punitorios o, cuando corresponde, el reconocimiento contable de las pérdidas, forman parte de las herramientas habituales para resolver situaciones de incumplimiento.Al mismo tiempo, existen políticas públicas que pueden contribuir a reducir el problema sin alterar los contratos. Entre ellas, la baja de las tasas de interés como consecuencia de una inflación menor, la eliminación del impuesto sobre los ingresos brutos aplicado a los intereses de los préstamos –que hoy encarece el crédito y varía según la jurisdicción–, una mayor transparencia sobre el costo financiero de los préstamos y medidas más eficaces para combatir el juego ilegal en redes sociales, especialmente entre los jóvenes.El desafío no consiste en encontrar una solución “mágica”, sino en reconocer que detrás de la palabra morosidad conviven millones de situaciones distintas. Cuando el diagnóstico es heterogéneo, las respuestas también deberían serlo. Las soluciones generales suelen ser atractivas porque son simples. El problema es que la realidad del endeudamiento argentino no lo es.