“Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”: La investigadora Virginia Aparicio midió la presencia de agroquímicos en el ambiente y ahora un sumario interno -con mucho olor a persecución- podría dejarla afuera del organismo

“Parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”, dijo Virginia a Bichos de Campo en una entrevista donde contó su increíble caso de censura, primero, y persecución después.  .
Virginia Aparicio lleva más de veinte años trabajando en la Estación Experimental Balcarce. Es ingeniera agrónoma, doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA y del Conicet. Buena parte de su carrera científica estuvo dedicada a algo que parece bastante elemental pero que, cuando se trata de agroquímicos, suele terminar en discusiones enormes: medir su presencia en el ambiente, en los alimentos, en las personas.
Como investigadora del INTA que aprendió a utilizar un complejo aparato de mediciones instalado hace veinte años en los laboratorios de Balcarce, Aparicio comenzó a detectar trazas de agroquímicos hace mucho tiempo (su primer paper sobre rastros del glifosato es de 2013), y por eso fue que le recomendaron tomar contacto con sus pares de diferentes universidades de la Unión Europea. Así fue también que en 2020 terminó involucrada en el Proyecto SPRINT, que se proponía medir ese tipo de sustancias en  varios países. Argentina era el único país extracomunitario que participaría de la experiencia. Pero el INTA de aquel momento aceptó de buena gana el convite. La incentivó a subirse al barco.
Ahora Aparicio asegura que casi nadie se le acerca visiblemente en su lugar de trabajo. Los funcionarios de alto rango la quieren expulsar sin mayor motivo. Y sus compañeros de trabajo, investigadores como ella, toman distancia por temor a sufrir una persecución similar. Virginia es víctima de un proceso interno que la podría dejar fuera por completo del INTA y de todo el sector público nacional.
Mirá la entrevista:

En la entrevista con este medio la acompaña su abogado, Mario Bolla, porque desde comienzos de 2025 enfrenta un sumario administrativo vinculado con su participación como coordinadora argentina del proyecto SPRINT, aquella investigación internacional que buscó determinar qué residuos de plaguicidas podían encontrarse en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. Las últimas veces que Bichos de Campo había escrito sobre esta experiencia fue en junio de 2023, cuando el INTA le prohibió a Aparicio dar a conocer el resultado de sus mediciones. Y en diciembre de ese mismo año, a poco del cambio de gobierno, cuando el ex presidente del organismo, Mariano Garmendia, ordenó cortar lanzas con el proyecto internacional que antes el mismo organismo había apañado.
Según Bolla, las nuevas autoridades del INTA no están conformes con eso y ahora, en el expediente, propone para Aparicio la exoneración, la sanción más grave dentro de la administración pública nacional. No significaría solamente perder su puesto de trabajo actual sino quedar inhabilitada para volver a ingresar a organismos del Estado nacional.
La decisión todavía no fue formalmente notificada, según aclararon ambos. Pero tanto la investigadora como su abogado creen que ya es cosa juzgada de antemano por la actual conducción política del INTA, liderada por Nicolás Bronzovich. Argumentan que casi no les dieron oportunidad de defensa y avisan que recurrirán a la justicia si se confirma la sanción disciplinaria .
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La historia resulta especialmente llamativa porque SPRINT no fue una investigación que Aparicio hiciera a escondidas del organismo. El proyecto comenzó a gestarse en 2018 a partir de contactos internacionales y de Labintex-EU, una estructura del propio INTA radicada en Montpellier, Francia, destinada precisamente a vincular investigadores argentinos y europeos. La propuesta atravesó evaluaciones hasta ser aprobada dentro del programa Horizon 2020 de la Unión Europea y comenzó oficialmente en septiembre de 2020.
Argentina fue el único país no europeo incluido en el monitoreo.
“Uno desde INTA no puede” involucrarse por su cuenta en una iniciativa semejante, explicó Aparicio. Según reconstruyó, el proyecto recorrió las instancias institucionales correspondientes y durante sus primeros años fue difundido bastante incluso desde el propio organismo.
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La primera etapa consistía en buscar 209 plaguicidas en diferentes matrices ambientales, animales, vegetales y humanas de participantes pertenecientes a once países. En Argentina fueron incorporadas 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios, incluyendo productores convencionales y agroecológicos. La intención posterior era utilizar esa información para trabajar junto a productores en prácticas que permitieran reducir impactos y dependencia de determinados insumos.
Pero esa segunda etapa nunca pudo desarrollarse en la Argentina.
Cuando comenzaron a estar disponibles los resultados del monitoreo, durante 2023, el vínculo entre el INTA y SPRINT se quebró. Bichos de Campo contó entonces extensamente aquella controversia. Dentro del organismo y de una parte del sector agropecuario existían fuertes cuestionamientos al enfoque del proyecto europeo y dudas sobre si sus resultados podían terminar utilizados para demonizar a la agricultura convencional argentina.
Finalmente el INTA frenó una reunión en la que Aparicio pretendía devolver los resultados a quienes habían participado voluntariamente de los muestreos. En diciembre de 2023, todavía bajo la presidencia de Mariano Garmendia, el organismo decidió discontinuar definitivamente su participación en SPRINT.
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Dos años después, Aparicio interpreta que su persecución actual comenzó precisamente cuando aparecieron los datos. “Yo sinceramente se lo atribuyo a ello”, afirmó.
¿Qué habían encontrado? “Tenemos algunos plaguicidas que aparecen contundentemente en todas las matrices, en todas las muestras, tanto en suelo como en la sangre de los individuos, en la materia fecal, en la orina, en los hisopos nasales, en las pulseritas que les pusimos para usar, pero también en las matrices biológicas animales”, resumió.
Aparicio introduce inmediatamente una aclaración importante: aquello no fue una particularidad exclusivamente argentina. “Estamos conviviendo con plaguicidas. Y no es Argentina: conviven también los italianos, los de Países Bajos, los españoles”, explicó.
Los resultados generales del proyecto comenzaron luego a publicarse en trabajos científicos internacionales, aun cuando el INTA ya se había retirado de SPRINT.
La historia de Aparicio con estas mediciones, de todos modos, había comenzado mucho antes.
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Cuando el INTA incorporó equipamiento analítico de mayor complejidad, ella comenzó a capacitarse para estudiar distintos contaminantes. Primero trabajó sobre atrazina y otros principios activos y luego participó de investigaciones que lograron detectar glifosato y su metabolito AMPA en suelos. “El tema era la capacidad analítica que no teníamos”, recordó.
Para Aparicio, esa sigue siendo la cuestión central de toda la discusión. Medir la presencia de un compuesto no significa automáticamente demostrar un daño sobre la salud. Pero sin medir, sostiene, tampoco existe forma de conocer la exposición, evaluar los riesgos y eventualmente modificar prácticas productivas.
“Primero, siempre para tomar una decisión tenés que saber qué riesgo corrés”, enfatizó.
Medir para luego efectuar recomendaciones a los propios productores era el paso que SPRINT pretendía encarar luego del diagnóstico: utilizar la información para construir junto con los productores prácticas que redujeran exposiciones innecesarias.
“Corregir eso es fundamental y no lo podés corregir si no lo medís”, repitió la investigadora.
Pero mientras los resultados de aquella investigación siguieron su camino académico fuera del país, dentro del INTA comenzó otro proceso. Según Aparicio, hacia fines de 2024 aparecieron consultas internas de algunos directivos sobre sus funciones en SPRINT y a comienzos de 2025 fue citada a declarar en un sumario.

Bolla explicó que allí se le imputan ocho hechos. Entre ellos mencionó un supuesto “grave perjuicio material” para la administración pública, acusación que la defensa rechaza y considera que no fue demostrada. De hecho, el financiamiento para el proyecto no fue local sino europeo.
El abogado sostiene además que otras personas investigadas por su intervención institucional en el proyecto recibieron propuestas de sanciones mucho menores.
Bolla anticipó que, si finalmente se aplica la exoneración, recurrirán a la Justicia en el fuero contencioso administrativo federal. Mientras espera esa definición, Aparicio dice que las consecuencias ya se sienten dentro de su lugar de trabajo.
“Desde que sabemos que tengo el sumario para acá, muy pocos de mis colegas se acercan a trabajar. Incluso parezco un poco leprosa en los pasillos del INTA”, comentó. Los mensajes de apoyo, dice, le llegan por WhatsApp, pero pocos quieren exteriorizar su solidaridad dentro de la institución.
Su abogado agregó que actualmente Aparicio tampoco utiliza un nuevo equipo analítico incorporado por el organismo y continúa trabajando con el cromatógrafo con el que inició buena parte de sus investigaciones hace unos veinte años.
Ella quiere dar pelea y no se resigna a ser expulsada del INTA y el Conicet. “Es el lugar en el que yo me formé trabajando. Me recibí allí de ingeniera agrónoma. Es como mi casa”, afirmó.
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