Claudio Molina tiene algo para decir sobre el renovado debate para una Ley de Biocombustibles: Entre falacias y operaciones, “la Argentina perdió más de una década de desarrollo con las malas políticas que aplicó”

En el Senado de la Nación, puerta de entrada de un nuevo proyecto de ley del oficialismo en materia de Biocombustibles, se comenzará a debatir en comisión ese texto, que es anhelado por todo el sector. En este contexto, el contador público Claudio Molina, uno de los principales referentes en esta materia que tiene el país, envió este largo texto con sus apreciaciones a Bichos de Campo, para que lo compartamos con nuestros lectores.
El analista de Bioenergías y ferrocarriles enumera en este posicionamiento la existencia de varios lobbies anti desarrollo de los biocombustibles que interrumpieron el sendero de adopción de los mismos e incluso nos hicieron retroceder. Y pide encarecidamente a los legisladores que, ante este necesario renacer del debate, actúen en función de intereses superadores.
Este es el texto de Claudio Molina:

Existen algunos actores estructuralmente opuestos a los biocombustibles, que procuran extender la vida útil de los activos asociados a la refinación de petróleo y a la venta de productos que dañan al ambiente y ponen en peligro la salud de las personas, o que funcionan con la combustión de éstos.
Por ejemplo y para el caso del gasoil, la exposición de los seres humanos a los gases de escape de este combustible fósil aumenta exponencialmente el riesgo de contraer cáncer de vejiga y de pulmón, según lo exteriorizó un informe de la Organización Mundial de la Salud en 2012, y otro estudio independiente llevado a cabo por universidades en Brasil.  Aunque a diferencia del caso de consumo de cigarrillos, sus productores no están obligados a alertar a los consumidores y a la población en general, sobre esas externalidades negativas. 
O sea, estamos refiriéndonos a una actividad económica y productos que de manera principalísima, son objeto de la tutela de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional.

Llamativamente -o no tanto si lo analizamos en el marco de los conflictos de intereses existentes y las operaciones de los poderosos-, los sucesivos gobiernos nacionales que gestionaron el área energética desde mediados de 2012 fueron funcionales a los intereses de algunos de los refinadores de petróleo y algunas automotrices, ambos opuestos a los biocombustibles -las últimas, es probable que en nuestro país exterioricen una posición defensiva, para cuidar las fuentes de trabajo de su cuerpo gerencial-, consolidando con sus políticas pro-hidrocarburíferas -desarrolladas con un regulador capturado por quienes deben ser objeto de esas regulaciones-, una reducción del consumo de biodiesel y un amesetamiento del uso de bioetanol a lo largo de muchos años en el país, a pesar de los daños que genera a la salud y al ambiente el consumo de combustibles fósiles, según lo antes comentado. 
Vale recordar que durante el gobierno de Alberto Fernández, la mezcla de gasoil con biodiesel se redujo por debajo del 5% de contenido de este último, mientras YPF SA estuvo tres años mezclando gasoil con biodiesel en promedio al 3,3% aproximadamente, apartándose de la obligación legal respectiva y sin ser sancionada por la Secretaría de Energía de la Nación, incluso, sin ser destacado este desvío y la contingencia respectiva, en las notas del auditor externo de sus estados contables. Es justo mencionar que la actual gestión del área energética logró que esa mezcla se ubique en torno al 6%, si bien en un nivel mucho menor a la obligación de mezcla del 7,5%, pero bastante mayor a la registrada en promedio durante la gestión anterior.
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Paradójicamente, a principios de la década de 1960, los mismos intereses a los que en la actualidad enfrentan a los biocombustibles procuraron una racionalización ferroviaria que al concretarse, se tornó paradójicamente irracional y fue el inicio de una larga decadencia de esa noble actividad, hasta llegar a la grave situación que hoy atraviesa la misma. Cierto es que el uso del ferrocarril disminuye significativamente el consumo de combustibles y reduce la comercialización de automotores, al tiempo que genera otras externalidades positivas para la economía, el ambiente y la salud pública, hecho que explica la resistencia de sus adversarios, para quienes, la realidad se torna incómoda.
Hay que tener en cuenta y de manera principal en este nuevo debate legislativo que en el plano nacional está comenzando sobre la temática que nos trata, algunas cuestiones que deben ser analizadas pensando en el desarrollo de una política de estado para los biocombustibles, retomando un camino que jamás debió ser abandonado, o sea, dejando de lado los resultados que se podrían obtener legislando para las próximas elecciones.
En este sentido, evitemos que muchos errores históricos -como los que llevaron a la inoportuna destrucción del plan alconafta de los ochenta-, se reiteren, asumamos que una gran discusión sobre esta temática, está comenzando ahora. 
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A pesar de declaraciones en sentido opuesto promovidas en grandes medios de prensa por los poderosos adversarios de los biocombustibles que existen en Argentina, mientras se realizaba en el Congreso de la Nación el debate legislativo del proyecto de ley que luego se convirtió en ley 27.640 durante 2021, ya no está en juego si los biocombustibles se seguirán usando o no, sino quien los produce, cual será su participación de mercado y cuanta concentración resistirá el mercado interno de los mismos. 
A diferencia de las opiniones que los citados operadores trasladaban a la opinión pública de entonces, quedó claro que el mundo no abandona el uso de biocombustibles, sino todo lo contrario, su uso ya no para de crecer.
Es más, el paso del tiempo debilitó el falso dilema “alimentos versus energía”, fogoneado por los adversarios de los biocombustibles -inclusive por el ultra-ambientalismo-, por el que se responsabilizó a éstos de manera ridícula, de la existencia de hambre en el mundo, aun cuando la participación de los productores agropecuarios en el precio final de los alimentos en las góndolas, en promedio, fue y es bajísima, tanto en el mundo como en Argentina.
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No ha sido menos dañina la confusión generada por las erróneas mediciones de la huella de carbono vinculada a los biocombustibles, con el objetivo de castigarlos, en particular, por la aparición de teorías como las del “ILUC” -cambio indirecto en el uso del suelo-. que en la práctica, generan barreras para-arancelarias destinadas a aumentar el proteccionismo, a favor de la Unión Europea, entre otras zonas de alta demanda relativa de biocombustibles.
Debemos procurar la búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la discusión legislativa, tanto para el caso que nos trata como para todos los casos, sea que se afecten los intereses de los refinadores de petróleo y de las automotrices, como los de los elaboradores de biocombustibles, 
Este Congreso Nacional debe conocer con precisión quienes son los actores de la producción y en el caso de los biocombustibles, entre otras cuestiones, donde realmente hay una pyme que presenta asimetrías que la debilitan por cuestiones de escala, de tecnología o de lugar de radicación, pero aun así genera empleo sostenible y estratégico para su zona de influencia, y donde realmente hay un grupo económico que opera bajo la protección que le brinda presentarse como una pyme, en la búsqueda de obtener prebendas que maximicen sus beneficios, al tiempo que afectan negativamente a la sociedad en su conjunto. 

El conocimiento de la verdad, sin dudas, ayudará a legislar mejor. Los señores legisladores de la Nación deben saber que son muy pocas las pymes verdaderas que operan actualmente en el país, habilitadas por la Secretaría de Energía de la Nación como elaboradoras de biocombustibles; Y que también operan en nuestro país, muchas fábricas marginales, que no cuentan con la habilitación de ese organismo, y que ponen en riesgo la seguridad de las personas y la calidad de los productos respectivos.
Varias automotrices y varios refinadores de petróleo, desde muchos años atrás, atacan a los biocombustibles confundiendo a los consumidores, haciendo referencia a problemas técnicos de impacto no significativo en los motores, o que bien que no existen, siendo esto es una verdadera “operación”.
Durante casi dos décadas, gran parte de las automotrices han solicitado tiempo, promoviendo que la legislación específica sobre biocombustibles no intensifique el uso de éstos, privilegiando el uso de combustibles fósiles -incluso soslayando el daño que éstos causan a los motores por los problemas de calidad y logísticos que se registran-, operando en conjunto con algunos refinadores de petróleo, al igual que en una simple comparación metafórica podrían hacerlo, salvando las distancias, los fabricantes de calzado y los de cordones.
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Los argumentos de las automotrices que piden tiempo, no suelen presentar fundamentos sólidos para sostener su posición defensiva, menos aún, la referida a los costos que eventualmente deberían enfrentar para recalibrar los motores de los vehículos en caso que fuera necesario, ante el mayor uso de biocombustibles. 
Es triste, pero aquellas operaciones han sido efectivas en el tiempo y de esta manera, Argentina perdió más de una década de desarrollo con las malas políticas de biocombustibles que aplicó, mientras el mundo mostró el rumbo correcto en la materia, que hoy es objeto de una sana envidia por parte de los agentes económicos que privilegian los intereses del país.
Graci