Narcos y dinero. Detuvieron a “Marianito”, el cajero de Los Monos que ahora está bajo la lupa de la Justicia federal

ROSARIO. Hay figuras en el organigrama del narcotráfico rosarino que no aparecen en las escenas de sangre, pero sostienen todo lo demás. Mariano Hernán Ruiz —“Marianito”, como aparece en los expedientes— es una de ellas. Esta semana, la División de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en una casa en Larrechea al 800, en Parque Casas, en el noroeste de la ciudad, para cerrar un círculo abierto hace más de una década: el hombre señalado como el administrador de la fortuna de Los Monos volvió a quedar detenido, ahora por una causa federal por lavado de activos.El operativo tuvo un momento de dramatismo: en plena detención, Ruiz —de 50 años— sufrió una descompensación y debió ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde se reforzó la custodia policial debido a su alto perfil. La investigación que derivó en su captura está encabezada por los fiscales de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Rosario Juan Argibay Molina y María Virginia Sosa, con autorización del juez de Garantías Carlos Vera Barros. El pedido de captura llegó acompañado de once allanamientos en el sur santafesino.Además de la residencia de Parque Casas, se hicieron procedimientos en Lourdes, Abasto y Saladillo, y dos operativos simultáneos en Pérez y Piñero. En la casa de Piñero —vinculada a Agustín, hijo de Marianito— se incautaron tres cargadores de pistola, 73 cartuchos calibre 9 milímetros y documentación de dos autos. Pero la parte reveladora vino en una segunda tanda de operativos: los investigadores allanaron una mutual, tres escribanías y una inmobiliaria en el centro y el macrocentro rosarino. Se sospecha que son parte de la infraestructura para introducir dinero en el circuito legal.El corazón de la causa es una sociedad de responsabilidad limitada que Ruiz constituyó en 2005 junto a su hijo. A partir de ese vehículo societario aparecieron adquisiciones de casas, vehículos de alta gama y locales comerciales que, según los fiscales, no se explican con los ingresos lícitos declarados. Por eso la investigación no apunta solo a él: su hijo Agustín y su pareja deberán comparecer en libertad, sospechados de haber ayudado a construir ese patrimonio. Ruiz, en cambio, esperaba el alta médica para ser indagado en los tribunales federales del bulevar Oroño.Para entender por qué esta detención importa hay que volver al lugar que Ruiz ocupó en el clan. Su nombre está atado a Los Monos desde el origen mismo del entramado. Fuentes oficiales lo describieron como testaferro de la banda y amigo personal de Claudio “Pájaro” Cantero, el líder asesinado en 2013 —hay fotografías de ambos juntos que circulan desde entonces—. Tras la muerte del Pájaro, su vínculo se prolongó con Ariel Máximo “Guille” Cantero y con la organización ya consolidada.En febrero de 2014 fue procesado junto al núcleo duro de la familia Cantero y varios policías cómplices. El expediente le adjudicaba tres funciones que lo convertían en una pieza estratégica: lavar el dinero de la familia, proveer armas y municiones, y tender los contactos con la policía local para garantizar protección. Esa combinación —finanzas, armamento y connivencia estatal— es precisamente lo que distingue a un operador de confianza de un simple empleado. En marzo de 2015, quedó documentado que la acusación estatal lo ligaba a la compra de armas y balas en el mercado negro, un capítulo que conectaba con el faltante de casi 19.000 municiones calibre 9 milímetros detectado en el Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán.En abril de 2015, Ruiz firmó un juicio abreviado que cerró su participación en aquella etapa con una condena de tres años de prisión efectiva. La investigación que llevó adelante en ese entonces la Justicia provincial era débil y poco profunda de manera intencionada. Ruiz selló un acuerdo polémico: llegó con cambios de calificación legal que fueron cuestionados públicamente —incluido por el entonces candidato a gobernador Miguel Lifschitz— porque abrían la puerta a licuar responsabilidades gravísimas. La Justicia provincial quiso extender esos juicios abreviados a otros miembros de Los Monos, entre ellos al propio “Guille” Cantero, pero la presión pública frenó la maniobra luego de que se publicara ese pacto político. El resultado concreto para Ruiz fue haber quedado afuera del primer gran juicio contra los referentes de la organización, que recién terminó el 9 de abril de 2018.En 2019, la Justicia federal —a través del entonces juez Marcelo Bailaque, actualmente preso en su domicilio— lo procesó por lavado de activos junto a Ariel “Guille” Cantero, Ramón “Monchi” Machuca y Patricia Celestina Contreras, entre otros. En aquel expediente, un capítulo entero estaba dedicado a Ruiz como “lavador de dinero de la familia”. Pero esa investigación tampoco tenía ninguna profundidad. Hay un tercer hilo, menos conocido, que muestra la vigencia de Ruiz en el ecosistema criminal rosarino más allá de la etapa fundacional. Su nombre reapareció en el legajo derivado del ataque al casino City Center de enero de 2020, cuando la banda disparó contra la fachada del edificio y mató a un apostador de 64 años que fumaba en un balcón. Ruiz nunca fue imputado en esa causa, pero las intervenciones telefónicas lo colocaron en la escena: Maximiliano “Cachete” Díaz, uno de los encargados de los “aprietes” extorsivos a comerciantes en nombre de Los Monos, ofrecía como punto de encuentro con las víctimas dos bares de Ruiz sobre avenida Pellegrini. Aquella investigación fue la que terminó salpicando al Ministerio Público de la Acusación y derivó en la caída del fiscal regional Patricio Serjal.Ruiz nunca dejó de ser comerciante: desembarcó en la gastronomía con bares y con servicios de viandas, y esos mismos negocios funcionaron como plataforma social y logística de la organización. El circuito legal y el ilegal, en su caso, nunca fueron dos mundos separados sino las dos caras de una misma operación.La detención de “Marianito” Ruiz no es un episodio aislado, sino parte de una ofensiva más amplia de la Justicia federal sobre el andamiaje económico del narcotráfico rosarino, que en las últimas semanas incluyó también la indagatoria por lavado del empresario Leandro “Lelo” Pérez. La lógica es clara: golpear la capacidad de las bandas de transformar dinero ensangrentado en ladrillos, escrituras y autos de lujo.