Desregulaciones: la batalla impostergable

No cabe a esta altura sino señalar como una de las iniciativas más plausibles del gobierno de Milei la creación del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, y haber puesto a su frente a un economista de sólidos conocimientos y carácter resolutivo como Federico Sturzenegger.Debe reconocerse que desde el DNU/70 de bases para la modernización del Estado el balance de la denodada gestión renovadora de Sturzenegger merece el reconocimiento público. Ha tenido la valentía de embestir contra poderosas estructuras, adiposidades y privilegios inaceptables de un Estado insostenible por más tiempo. Lamentablemente, muchas veces el ministro se ha subido a la crítica fácil de quienes manifiestan algún tipo de objeción a sus medidas. El debate debe enriquecer el objetivo que se persigue, no obstaculizarlo. La razón debe primar sobre la pasión.No por nada la Argentina ha perdido durante larguísimo tiempo posiciones relativas respecto de otros países de la región y del mundo por el delirio de políticos fracasados que no se resignan a haber perdido el poder por ineficiencia y corrupción. Sobra descaro en esos esfuerzos por la recuperación de cargos. ¿En qué lista pondrán a Cristina Kirchner, Sergio Massa y Martín Insaurralde? La lista es interminable.Ahora, el ministro Sturzenegger alienta el envío al Congreso Nacional de nuevos proyectos de ley acreedores a la más atenta de las consideraciones. Se trata de otros cambios más profundos, que atraviesan muchas áreas de la economía del país. Entre otros puntos, prevé cambios en el sistema de venta de medicamentos, en el mercado inmobiliario, en el sistema financiero y de capitales, en el régimen de distribución y venta gasífera en garrafas, el mercado del libro y el doblaje, y de los traductores públicos.La Argentina ha perdido durante larguísimo tiempo posiciones relativas respecto de otros países de la región y del mundo por el delirio de políticos fracasados que no se resignan a haber cedido el poder por ambición desmedida, por ineficiencia y corrupciónTambién se incluyen modificaciones sobre las ventajas impositivas que se acuerdan desde hace mucho a las entidades cooperativas en relación con otro tipo de organizaciones societarias; otras respecto de la ley de alcoholes y vinos en cuanto a la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización; la competitividad de la Marina Mercante Nacional; el régimen de reposición de vacíos sobre traslado de contenedores y demás elementos de carga entre puertos y terminales, e instituye el Sistema Federal de Registro de Garantías.El proyecto de unos 350 artículos que será enviado al Senado dispone que no será necesario tener matrícula para ejercer el corretaje inmobiliario y habilita la participación de buques extranjeros en el cabotaje nacional bajo nuevas condiciones, flexibiliza requisitos de la tripulación argentina y reduce restricciones para la importación de embarcaciones.Se han cerrado por impulso de este ministro órganos de actividades superpuestas con las de otros, se ha aligerado el peso burocrático de otros más, lográndose la simplificación de trámites que perturbaban la vida cotidiana de los ciudadanos.También se han introducido normas destinadas a evaluar los ingresos a la administración nacional por vía de la idoneidad, o sea, por obra del mérito tan rechazado por quienes se niegan a renunciar a los poderes políticos e institucionales que les otorga la influencia de favorecer a los amigos o simpatizantes políticos.Si esta fuera una política en vigor en toda la línea del Estado (no solo del nacional, sino también de los provinciales y municipales), el horizonte del país sería más claro de lo que observan aún con escepticismo potenciales inversores a pesar de la mejora en nuestra calificación por las evaluadoras internacionales de riesgo.Esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias, conforme a la ley y no a ideologías o cuestiones políticas. Y que eviten que cualquier mínima objeción paralice el proceso una vez sancionada la norma, como ya sucedió con otras tan necesarias para el país, hoy imposibilitadas de ser aplicadas en su totalidadEsta gestión hace agua, francamente, en la orientación del Ministerio de Justicia y en la premiación reiterada del ascenso de jueces de conducta cuestionada y escasamente o nada confiable, o de candidatos que de forma desvergonzada aceptan nominaciones que implican dejar rezagados a profesionales que han demostrado en concursos públicos mayores méritos. ¿Ninguno de esos privilegiados tiene la vergüenza que lo impela a renunciar ante el despojo que producirían de otro modo en candidatos con muchísimos más méritos que ellos?Nada se diga de discriminaciones aberrantes como la que vaya a dejar fuera de la actividad judicial a uno de los magistrados de trayectoria más respetable, Martín Irurzun, por haber cumplido 75 años y reclamado la extensión de 5 años prevista por ley.La renuencia del presidente Milei a concederle ese beneficio va en dirección contraria a la que otorgó al juez Carlos Mahiques, padre del actual ministro, y de opaco prestigio comparado con Irurzun.Respecto del proyecto desregulatorio, esperamos que los jueces estén a la altura de las circunstancias, conforme a la ley y no a ideologías o cuestiones políticas, evitando que cualquier mínima objeción paralice el proceso una vez sancionada la norma, como ya ha sucedido con otras tan necesarias para el país.Los obstáculos para avanzar en desregulaciones que implican anular privilegios no son fáciles de demoler. Basta tomar como ejemplo una variante más de las dificultades creadas desde hace tantos años en contra de la industria de los laboratorios extranjeros para que no haya libertad de mercado, medicamentos más baratos y respeto debidamente pautado por la propiedad intelectual de quienes exponen inversiones siderales en investigaciones que a veces se coronan con el éxito y muchas más concluyen en frustraciones. Así es la ciencia, tan prodigiosa y esquiva a menudo a cualquier logro.Otro ejemplo: una dosis de vacuna contra la aftosa costó históricamente en el país el valor de un kilo de carne. En Brasil, Paraguay y Uruguay se paga manifiestamente menos. Solo la apertura del mercado permitirá economizar en esas exigencias de cumplimiento ineludible, pero siempre hay una objeción de los defensores del statu quo que se interpone a la lógica de los números y de la razón. El Gobierno debe responder con un régimen de sanciones severísimas, y la actuación de planteles eficientes y honestos de inspectores si las vacunaciones no se hicieran o se hicieran de manera inapropiada. Otro cambio en danza es el que permitiría que cada productor diga qué veterinario se ocupará de su hacienda, en lugar de que lo estipulen las fundaciones de organizaciones agropecuarias. También estas son renuentes a los cambios. No es esa mayor libertad la que pondría en juego parte alguna de nuestra soberanía u otro tipo de interés nacional, pero sí lo produciría la ausencia de un Estado competente que haga cumplir a rajatabla las leyes que se dicten y asegure la seguridad jurídica y física a la que tanto nacionales como extranjeros son acreedores por igual.