Aftosa, Upov 91 y retiros voluntarios: Los representantes de Senasa, Inase e INTA abordaron en Jonagro los temas que hoy están en la mira desreguladora del gobierno

La última edición de la Jornada Nacional Agropecuaria (Jonagro), el evento anual que organiza Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), contó con la participación de representantes de los principales organismos técnicos del sector agropecuario, a quienes se les consultó por su funcionamiento en medio de la ola desreguladora que impulsa la actual gestión de gobierno.
Sin la presencia de Beatriz “Pilu” Giraudo, la presidenta de Senasa e invitada original de CRA, Néstor Osacar, su vicepresidente, trazó el rumbo actual de ese organismo.
“Tenemos un fuerte mandato del Gobierno Nacional que es la modernización integral del sistema. Senasa tiene tres pilares importantes: eficientización, transparencia y fiscalización inteligente. Lo necesitan los productores, lo necesita la actividad privada. Senasa tiene que acompañar la actividad”, señaló el veterinario en su apertura.

Rápidamente, el moderador del encuentro, Javier Rotondo (segundo vicepresidente de CRA por Cartez), llevó al funcionario a un tema central para los ganaderos: las modificaciones en el esquema de vacunación contra la aftosa. En esta línea, Osacar indicó: “No somos ajenos a la desburocratización que tiene hoy el Estado. Hemos modificado más de 200 normas, lo que redunda en bajarle costos al productor”.
A continuación, dijo: “Con aftosa venimos trabajando hace dos años. Comenzamos con una primera etapa donde se modificó la composición de la vacuna. Pasamos a otra vinculada a las estrategias de vacunación, reduciendo el costo y disminuyendo las categorías al vacunar. Llevamos más de 20 años monitoreando la actividad viral y siempre ha dado negativa. Esta situación nos da tranquilidad y nos permite hacer todos estos cambios”.
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Aquello, afirmó, son “son pasos necesarios para dejar de vacunar en un futuro”. Al respecto de los cambios en el rol de los entes, permitiendo la vacunación por parte de privados, Oscar afirmó que el organismo seguirá de cerca el cuidado de la cadena de frío, la programación de las campañas, entre otros aspectos.
“Tengamos en cuenta que el Senasa tiene que dar esas garantías, las mismas garantías que damos con un ente de vacunación las tenemos que dar con el veterinario privado. A los organismos internacionales, cuando nos auditan, les tenemos que dar las mismas garantías. Eso mismo que hoy cumple un ente lo va a tener que cumplir el veterinario privado”, aseguró.
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Finalmente, y a pesar del fuego cruzado entre el gobierno y ese laboratorio, el funcionario adelantó que se firmó un convenio con Biogénesis Bagó para el banco de vacunas, lo que permitirá contar no solo con “la semilla que teníamos de las cepas regionales, sino también con la semilla para las cepas extra-regionales ante un eventual suceso”.
El otro tema astilloso fue abordado por Martín Famulari, actual titular del Instituto Nacional de Semillas (INASE), a quien se le consultó por la modernización de la Ley de Semillas y la adhesión al convenio Upov 91.

Respecto al primer punto, el funcionario dijo: “Estamos de acuerdo que cuando Argentina formuló su Ley de Semillas, hablar de biotecnología, de organismos genéticamente modificados, de edición génica, no estaban en la idea más remota de nadie. Estamos de acuerdo que tenemos que adaptarla. La ley de hoy la tenemos que modificar, que se adapte a la tecnología que tenemos en este momento. Y estamos trabajando en eso”.
“La ley de semillas no tiene que terminar solamente en el derecho de uso propio. Es para Argentina como país, y para el sector productivo, tal vez la más importante. Pero hay un montón de cosas más: la parte frutícola, de hortalizas, vides, eso hay que tenerlo en la ley”, marcó a continuación.
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En cuanto a la Upov 91, le quitó peso al compromiso firmado entre Argentina y Estados Unidos para suscribir a esa convención antes del 2027.
“No hay mas nada que un compromiso firmado. A partir de ahí es una tarea legislativa que cada uno de ustedes”, dijo, tirándole la pelota a los gremialistas presentes. Cabe recordar que fueron muchas las entidades que se mostraron en alerta respecto a este tema, apuntando contra el impacto que tendría sobre los pequeños productores.
En este sentido, Famulari sostuvo: “Hay que aclarar lo que dice Upov sobre uso propio. Upov dice que el uso propio es facultativo, le da al país la facultad de administrarlo. No quiere decir que se acaba o no, sino que le da la facultad al país de administrarlo como le parece. Como sector, lo que tenemos que discutir es cómo vamos a implementar”.
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Y para ponerle paños fríos al asunto, concluyó: “No veo al enemigo. El enemigo es no ponernos de acuerdo entre nosotros. No ceder ese poquito que falta para encontrar un lugar en que semilleros, productores, gremiales, todos nos sintamos cómodos y podamos tener la semilla y la genética que nos merecemos como país”.
El último disertante fue Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal. Aunque no es estrictamente un integrante de INTA, el funcionario asistió al encuentro para exponer la visión del gobierno sobre ese Instituto.

“Si bien directamente no pertenezco a INTA, yo les voy a hablar desde otro punto de vista. Como Secretaría de Agricultura estamos muy involucrados en lo que son las decisiones de INTA. Creo que se han escrito muchos artículos, muchas notas, muchas entrevistas sobre el INTA y me animaría a decir que pocos conocemos en profundidad al INTA. En parte porque es una estructura muy grande, muy compleja, masiva, más de 6.000 personas, más de 50 estaciones experimentales y todas las agencias”, señaló Chiappe.
“La relevancia internacional que tiene el INTA es fundamental para poder proyectar a Argentina en el mundo. Pero me parece que hay que ser claro en que, como estamos hoy, no estamos sacándole todo el potencial”, dijo el funcionario, antes de defender los recortes que impulsa el gobierno dentro de ese organismo.
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“En este momento se está llevando adelante un proceso de retiro voluntario donde se está buscando oxigenar a la Academia que está trabajando en el INTA, oxigenar con las nuevas generaciones que tienen que tener ese lugar, pero sin dejar de dar reconocimiento a las generaciones que están saliendo”, exclamó.
Aquel proceso, al que Chiappe pareció restarle importante, apunta al recorte de un 20% de la planta actual de ese Instituto, que alcanzaría a 950 trabajadores.
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Aquello, indicó, está siendo acompañado por una “mejora en la parte administrativa de compras, de flota, de administración de recursos. Hay mucha inversión que se realiza y hay que buscar eficiencia. Lo mismo con la infraestructura y con el enfoque de los programas”.
“Se está trabajando en equipo, buscando ese objetivo muy de la mano del privado, donde el privado tiene la misma responsabilidad que el público en tomar esa decisión. A diferencia de Upov, que la decisión es del Congreso, acá es más fácil ponerse de acuerdo”, concluyó.