Crece la polémica en Santa Fe por el fidecomiso logístico del puerto: Mientras los productores rechazan el proyecto, desde la provincia intentan poner paños fríos

En los últimos días tomó forma una creciente polémica sobre un proyecto que presentó la provincia de Santa Fe para crear un fideicomiso para mejorar los accesos a las terminales portuarias, cobrando por camión que ingresa.
La medida causó polémica en el sector agropecuario, ya que las entidades que nuclean a los ruralistas consideran que esto es un nuevo costo para los productores. Desde la provincia aseguran que este fideicomiso será financiado exclusivamente por las empresas agroexportadoras.
En diversas manifestaciones, asociaciones de productores manifestaron su malestar con la iniciativa. En un comunicado de prensa, la Sociedad Rural de Rosario expresó su total rechazo a la creación de este fideicomiso para el mantenimiento y mejora de los accesos y rutas a los puertos de la Región Metropolitana de Rosario a través de una nueva tasa sobre el transporte de cargas hacia los mismos.
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“Se pretende cargar con más impuestos al sector primario de la producción, de manera directa, a través de la administración de un fideicomiso con el supuesto objetivo de financiar los accesos a las terminales portuarias y a la infraestructura vial en la región”, dijeron los ruralistas rosarinos.
A su vez, agregaron: “Una vez más, frente a la falta de planificación y a la ausencia de decisiones de fondo, la salida vuelve a ser trasladar el costo al productor. Nunca se discute qué pasó con los recursos que históricamente fueron creados para infraestructura ni por qué la política sigue sosteniendo estructuras millonarias mientras las rutas, accesos y la logística productiva continúan colapsadas”.
El proyecto de la provincia estipula aportar a ese fideicomiso, con el objetivo de mejorar los caminos y la infraestructura alrededor de los puertos del Gran Rosario. Al respecto, desde la rural local aseguraron: “El sector productivo rechaza la incorporación de esta tarifa de 1,5 U$S/Ton. por entender que ya está pagando 103u$d/Ton en materia de retenciones solo de soja (24%) sumado a 1U$S/Ton adicional en materia a impuesto de los combustibles líquidos aplicados a la infraestructura vial”.
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En el mismo sentido, la Sociedad Rural de Santa Fe expresó su “total y firme” oposición a la creación del fideicomiso.
“Este fideicomiso representa una carga impositiva adicional sobre el sector productivo en un contexto de elevada presión tributaria que ya afecta gravemente la competitividad de los productores santafesinos. No nos parece razonable, que se traslade una vez más el costo de la infraestructura vial —responsabilidad primaria del Estado— sobre los hombros de los productores y el transporte agropecuario”, dijeron los santafesinos.
A su vez, mediante un comunicado de prensa, los ruralistas aseguraron: “Rechazamos enfáticamente este esquema porque constituye una nueva retención encubierta” que encarece los costos logísticos y reduce la rentabilidad de las producciones, ignora la grave situación económica del campo, con altos costos de producción, sequías, inundaciones y mercados internacionales volátiles, no garantiza una participación real y decisiva de los productores en el control y ejecución de los fondos y transfiere obligaciones estatales al sector privado sin resolver de fondo los problemas de mantenimiento vial”.
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Sin embargo, desde la provincia se encargaron de desmentir las sospechas de las asociaciones de productores.
Según explicó a Bichos de Campo Cristian Cunha, secretario de Gobernación de la provincia de Santa Fe, la iniciativa busca crear un fideicomiso específico para financiar obras viales y de infraestructura en la zona portuaria, con un rasgo central: los fondos no ingresarían a las arcas generales del Estado provincial, ni tampoco será aportado por los productores o los transportistas.
La administración del esquema, según Cunha, quedaría principalmente en manos del sector privado, junto con participación estatal y municipal, con el objetivo de asegurar que los recursos tengan una afectación exclusiva a rutas, accesos y puentes vinculados al sistema exportador.
Uno de los ejes más sensibles del proyecto es el reemplazo de las tasas municipales que hoy pagan los camiones al llegar a las terminales portuarias. De acuerdo con Cunha, la propuesta apunta a eliminar ese cobro directo sobre los transportistas y sustituirlo por un mecanismo más amplio y formalizado, que debería aprobarse por ley y al que luego deberían adherir los municipios. La intención oficial es que ese nuevo esquema también contemple una compensación para las administraciones locales, que hoy afrontan costos derivados del intenso tránsito pesado, como mantenimiento urbano, limpieza, iluminación y controles.
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En materia de costos, el funcionario señaló que en las reuniones preliminares se trabajó con una referencia de USD 1,5 por tonelada, aunque aclaró que ese valor todavía no está definido de manera definitiva.
Según remarcó, ese monto sería superior al que hoy se paga bajo el sistema de tasas vigente, pero con una diferencia clave: mientras el esquema actual, según su visión, no garantiza una aplicación concreta de los recursos sobre la infraestructura crítica, el nuevo aporte estaría dirigido de manera específica a obras logísticas y viales bajo una estructura “controlable, formal y auditable”.
Otro punto central del planteo oficial es quién asumiría el costo del nuevo fondo. Cunha afirmó que el aporte no recaería sobre los productores, los acopios ni los camioneros, sino sobre las empresas exportadoras y terminales portuarias, es decir, sobre los actores que reciben la mercadería y dependen del funcionamiento eficiente del sistema logístico. En esa línea, defendió que se trataría de un “fondo propio” del sector exportador para sostener las obras que necesita su propia operatoria, en un contexto en el que la provincia considera insuficientes los recursos que hoy vuelven desde la Nación.
El argumento de fondo de la Casa Gris es que la provincia necesita anticiparse a un crecimiento de la actividad exportadora asociado al desarrollo de la hidrovía y a una mayor capacidad operativa de los puertos del Gran Rosario. Cunha advirtió que, con buques de mayor calado y un aumento esperado en el flujo de cargas por camión y tren, la red vial actual aparece rezagada tras décadas de falta de inversión.
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En ese marco, remarcó que Santa Fe ya destinó USD 500 millones en los últimos dos años a distintas obras viales, aunque consideró que ese esfuerzo no alcanza frente a la magnitud de las mejoras pendientes.
En cuanto al financiamiento, el funcionario sostuvo que el aporte proyectado, por sí solo, no permitiría ejecutar en el corto plazo las obras necesarias, por lo que la provincia analiza la posibilidad de apalancarse en crédito internacional, usando como respaldo los flujos del fideicomiso.
A la vez, dejó planteada una crítica al esquema nacional de distribución de recursos: dijo que, si parte de las retenciones o de la coparticipación del impuesto a los combustibles se destinaran a esta infraestructura, el nuevo aporte podría reducirse significativamente o incluso dejar de existir. Desde esa perspectiva, el proyecto se presenta como una salida “de contingencia” ante la falta de mecanismos de financiamiento permanentes para sostener la competitividad logística del principal nodo exportador del país.