El Gobierno retirará, tras la polémica, el artículo que proponía cobrar Ganancias por la venta de cedears

El Gobierno retirará del proyecto de Ley de Competitividad Financiera el artículo que proponía gravar con Ganancias los resultados de la compraventa de cedears, los certificados que permiten invertir desde el país en acciones de empresas extranjeras. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio de Economía ante la consulta de LA NACION: “Quedó de un borrador viejo. ¡Ya se está corrigiendo!”La decisión se conoció tras las críticas en redes sociales que generó la medida incluida en la reforma del mercado de capitales enviada este lunes por el Poder Ejecutivo al Congreso. “Alan querido, quedó de un borrador viejo. Se va a retirar!”, escribió en X Felipe Núñez, asesor del ministro de Economía, Luis Caputo, en respuesta a una publicación del usuario Alan Riedmaier que cuestionaba la propuesta impositiva.La versión del artículo enviada a Diputados proponía que los ahorristas pagaran Ganancias a una tasa del 15% sobre el resultado obtenido al vender cedears comprados desde el 31 de octubre de 2026, inclusive. El cambio equiparaba su tratamiento impositivo con el de la inversión directa en acciones extranjeras y dejaba afuera las tenencias adquiridas antes de esa fecha.El proyecto también contemplaba, en otro artículo, quitar la exención a ciertos fondos comunes abiertos cuyo reglamento permita inversiones en activos del exterior por encima del límite legal general, para cuotapartes adquiridas o suscriptas desde el mismo 31 de octubre.La iniciativa original, de 240 artículos, ingresó a Diputados el 2 de noviembre y quedó disponible para los legisladores en las últimas horas. Además del capítulo impositivo, permite negociar plazos fijos de largo plazo y cobros pendientes de tarjetas y amplía las garantías para conseguir crédito.Formaliza los cambios que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anticipado como el “broche de oro” de la transformación del mercado de capitales. La apuesta oficial es reducir el riesgo de quienes prestan para mejorar las condiciones del crédito, aunque la baja de las tasas dependerá de la implementación y de la respuesta del mercado.El proyecto lleva las firmas de Sturzenegger, Caputo, el presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli y la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.Plazos fijos y tarjetasPara los ahorristas, otro cambio que proponía la iniciativa enviada al Congreso es la posibilidad de negociar en la Bolsa certificados de plazo fijo constituidos a 365 días o al plazo mayor que establezca el Banco Central (BCRA). Quien necesite recuperar el dinero antes del vencimiento podría vender el certificado a otro inversor. No equivale a una precancelación porque recibiría el precio que consiga en el mercado, que puede ser distinto del capital depositado.Para los comercios, el proyecto obliga al emisor de la tarjeta a crear un título electrónico por las operaciones que autorice. Ese instrumento representará el cobro pendiente de la venta y podrá negociarse en mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) o en plataformas bajo regulación del BCRA.Un negocio que necesita dinero para reponer mercadería o pagar salarios podría vender ese derecho de cobro y recibir los fondos antes, descontando un costo financiero. Si bien hoy ya existen servicios de anticipo, la propuesta busca ampliar la competencia para que el comercio consiga mejores condiciones.Más garantías para el créditoOtro eje es ampliar los activos que pueden respaldar un préstamo en busca de una baja de las tasas de interés. La reforma contempla expresamente software, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, cuentas por cobrar y flujos futuros de fondos. Una empresa podría utilizar parte de sus cobranzas previstas como garantía, además de sus bienes físicos.En ese sentido, el proyecto crea el Sistema Federal de Registro de Garantías, con entidades públicas y privadas conectadas a una base común y el BCRA como autoridad de aplicación. La inscripción tendrá efectos nacionales y la prioridad entre acreedores se determinará por el momento del registro. También podrán constituirse nuevas prendas sobre un mismo bien sin autorización del primer acreedor, respetando ese orden.El proyecto extiende a cualquier acreedor titular de un certificado prendario la posibilidad de solicitar judicialmente el secuestro del bien ante un incumplimiento, cuando esté previsto en el contrato. Para relaciones de consumo, contempla una citación previa al deudor para que ejerza su defensa.En el campo, se habilitan pagarés que prometan entregar bienes físicos, como granos, con cantidad, calidad, lugar y fecha definidos. Pagarés y letras de cambio podrán incorporar cláusulas de actualización basadas en índices o unidades de valor verificables. Además, se amplían los warrants a bienes en proceso de producción, se vuelve optativo el seguro y se flexibiliza su venta ante incumplimientos.La reducción de intermediarios alcanza a la factura de crédito electrónica pyme y a instrumentos como cheques diferidos, pagarés y warrants. Plataformas registradas ante el BCRA podrán cursar operaciones directamente a mercados autorizados por la CNV, sin intervención obligatoria de agentes bursátiles. Las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y el régimen de factura de crédito pasarán a tener al Central como autoridad de aplicación.Otras inversiones y planes de ahorroEn paralelo, se busca habilitar expresamente a fondos abiertos y cerrados a invertir en activos virtuales, sujeto a la reglamentación de la CNV y a su política de inversión. Se eleva del 10% al 25% del capital el máximo legal de acciones propias que puede mantener una empresa.Otro capítulo desregula las sociedades de capitalización y ahorro, entre ellas las que ofrecen planes para comprar autos. Los nuevos contratos quedarán sujetos al Código Civil y Comercial y Defensa del Consumidor; los vigentes conservarán las condiciones generales aprobadas por la Inspección General de Justicia hasta su vencimiento, rescate o rescisión.Todo el paquete requiere aprobación del Congreso. En caso de aprobarse, el registro de garantías tendrá una implementación gradual: el BCRA dispondrá de 180 días desde la promulgación para reglamentarlo técnicamente y deberá alcanzar plena operatividad dentro de los 360 días. Hasta entonces seguirán los registros existentes y las garantías inscriptas conservarán su prioridad.