Denunciaron por estafas a una concesionaria de Pilar: pagaron en dólares autos que nunca les fueron entregados

Ante la falta de respuestas, los damnificados se acercaron a la puerta de la concesionaria, situada sobre el kilómetro 39,5 de la colectora de la autopista Panamericana, en Pilar, y se encontraron con lo peor: las puertas estaban cerradas y los grandes ventanales habían sido tapiados con cartón. Habían pagado en dólares vehículos que nunca le fueron entregados.“Cerraron todo. Estafaron a todo el mundo. Se fueron todos. Desaparecieron”, dijo uno de los damnificados en un video al que tuvo acceso LA NACION. Era una filmación registrada en las últimas horas en la puerta donde hasta hace pocos días funcionaba la concesionaria Autos Pilar Premium.Las víctimas de la estafaHay víctimas que no solo hicieron transferencias de dinero, también entregaron sus autos como parte de pago de los vehíuclos que habían señado. Habría cerca de 20 damnificados. La mayoría se presentó e hizo la denuncia. Los expedientes se tramitan en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y en la UFI N°2 de Pilar, a cargo de los fiscales Raúl Casal y Andrés Quintana, respectivamente. Las causas se podrían unificar en una sola fiscalía.Uno de los denunciantes, según fuentes de la investigación, es el diputado jujeño de La Libertad Avanza (LLA) Manuel Quintar, que la semana pasada fue noticia porque estacionó un Tesla Cybertruck en el garaje del Congreso de la Nación.El mes pasado, Quintar denunció que en agosto del año pasado comenzó a negociar con los responsabes de Autos Pilar Premium la compra de un Telsa Cybertruck por 285.000 dólares. En su presentación, sostuvo que pagó la totalidad del precio acordado, parte en transferencias bancarias y parte en efectivo, pero que nunca le entregaron el vehículo.“Se hicieron tareas investigativas y establecieron que los propietarios de la agencia continuarían ofreciendo vehículos premium a la venta por medio un esquema societario organizado destinado a captar potenciales víctimas”, dijeron fuentes del caso.La semana pasada, ante la sospecha de que los comerciantes denunciados estaban por trasladar varios vehículos a otro local, el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro ordenó el secuestro de 19 camionetas 4x4 y autos valuados en 1.229.200 de dólares.Además del caso del diputado Quintar, LA NACION supo de un joven que pagó 13.490 dólares por un Volkswagen Nivus que nunca le fue entregado.“Estaba buscando cambiar el auto. Por Mercado Libre encontré una publicación que me interesó. Me puse en contacto con la agencia, revisaron mi auto para tasarlo y pornerlo como permuta. Puse una seña de 2500 dólares y esperé a que me digan que ya tenían los papeles del auto que iba a comprar. Un día me dijeron que solo faltaba la Verificación Técnica Vehicular (VTV), pero que cancele el pago para agilizar los trámites. Al día siguiente tranfiero el resto del dinero que faltaba por contrato, US$ 10990, a la cuenta de la agencia. Después vinieron tres semanas de idas y vueltas, me decían que el dueño del auto estaba de viaje, que el que verifica los vehículos iba solo los miércoles y otras excusas que fueron atrasando la operación. Se pactó para el jueves pasado la entrega de la documentación para hacer la transferencia. Pero desde el día anterior, el miércoles, no me respondían los mensajes ni las llamadas. Al llegar a la agencia me encuentro con los ventanales tapados y la concesionaria vacía”, dijo el joven, que prefierió no identificarse.DesobedienciaCarlos G. el dueño de la agencia Autos Pilar Premium el año pasado había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por el delito de desobediencia a un funcionario público. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de 300 millones de pesos.Se trata de una causa que, como informó LA NACION, comenzó hace el 3 de junio de 2025, por una denuncia presentada por el apoderado de Autopistas del Sol, quien en la presentación afirmó que varias concesionarias utilizaban “el parquizado lindante a la autopista panamericana, como si fuera de su propiedad y que allí estacionaban vehículos a fin de exhibirlos para su venta”. Y, puntualmente, se refirió a las firmas MV Automotores, Autos Pilar Premium, Blue Cars y FDG Motors.“Se han apropiado del espacio público y lo utilizan de playa de exhibición de vehículos de manera ininterrumpida. Es decir, no es que los estacionan durante el día y los remueven, sino que se han apropiado del lugar como si fuese una extensión de su negocio de ventas de automotores”, dijo el denunciante, según se desprende del expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.Tras la denuncia, la Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, remitió el requerimiento de instrucción e instó la acción, se dispusieron diversas medidas de investigación, informaron fuentes judiciales.Ante la comprobación de los hechos denunciados, previa intimación, el juez González Charvay “dispuso librar la orden de lanzamiento [retirar los vehículos del parquizado]”.La medida se llevó a cabo el 7 de junio pasado y participó personal de la Prefectura Naval. “Los responsables de cada uno de los concesionarios cumplieron con la intimación efectuada y retiraron los vehículos por propia voluntad, siendo fehacientemente notificados que no deberían volver a ocupar el parquizado perteneciente a la Dirección Nacional de Vialidad”, según el expediente judicial.Cuatro días después, el magistrado ordenó tareas investigativas para que Prefectura Naval determinara si los concesionarios cumplían con la medida ordenada.“Tanto FGD Motors como Blue Cars no tenían vehículos estacionados sobre el parquizado, pero que respecto a Autos Pilar Premium, la Prefecturna Naval adjuntó diversas fotografías en donde se apreciaba que el concesionario había vuelto a ocupar el predio lindante a la Ruta Nacional N°8″, se explicó en la resolución donde fue procesado el empresario.Un día después el juez González Charvay dispuso el secuestro de nueve vehículos: un Audi Q5, Peugeot 208, una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, una Toyota Hilux, una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux, una Ford Ranger, y una Kia Carnival.Carlos Alberto G. fue citado a prestar declaración indagatoria el lunes pasado. Como se dijo, se negó a declarar, pero presentó un escrito.“De la presentación efectuada surge que el encausado desligó su responsabilidad respecto del hecho imputado, señalando que más allá de haber sido notificado de la medida dispuesta en autos, informó que no fue el quién los volvió a estacionar, sino que fueron productos de la torpeza y el descuido de las personas que trabajan con él. Indicó que tal circunstancia no fue advertida por él, alegando que en caso de haber tomado conocimiento, habría procurado su remoción. Asimismo, agregó que no se le puede imputar el delito toda vez que no fue él mismo quien lo cometió, por cuanto aquel requiere de dolo para su comisión, alegando que este se encuentra ausente en los hechos comprobados”, según explicó el juez González Charvay, en la citada resolución.Al procesar al empresario, el magistrado sostuvo: “La desobediencia imputada se constató a consecuencia de las tareas investigativas desplegadas en torno a la verificación del cumplimiento de la medida dispuesta respecto al primer delito denunciado [la ocupación del predio]. De las actas labradas por el personal del Departamento de Investigaciones de Delitos Económicos de la Prefectura Naval, surge que más allá de la intimación cursada a los responsables de los concesionarios, ha quedado acreditado en autos que el responsable de Autos Pilar Premium deliberadamente desobedeció la orden que fue emanada por esta Judicatura al volver a ubicar los vehículos en exhibición en la zona de parquizado. Es más, previo al secuestro de los vehículos y al momento de materializarse la orden de lanzamiento, se le dio la posibilidad a todos los responsables de los concesionarios en infracción a retirar los vehículos voluntariamente, a fin de evitar su secuestro, a lo que en ese momento Carlos Alberto G. accedió, pero no obstante ello incurrió en desobediencia al volverlos a estacionar en el lugar de donde los había retirado, y posteriormente los ubicó en un sector distante a 100 metros del concesionario pero ocupando también el área de concesión”.