La negociación para actualizar la Ley de Semillas ingresó en una vía muerta y ahora solo queda que el gobierno mueva alguna ficha, mientras se agotan los tiempos parlamentarios

Pasó octubre. Y en las últimas horas pasaron dos cosas sugestivas que dan cuenta de que ingresó en vía muerta y no prospera la negociación entre la industria semillera y las entidades del agro para actualizar la Ley de Semillas para acomodarla un poco a las exigencias de los obtentores (y de quien está detrás de ellos, que es nada menos que el gobierno de los Estados Unidos). La última de cuatro reuniones o “mesas de trabajo” entre ambos sectores sucedió a mitad de septiembre, y no hay convocatoria para una quinta.
La primera cosa “sugestiva” que permiten arribar a esta conclusión fue,  el lunes, un comunicado de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), que no decía nada concreto pero recodaba que esta discusión estaba en plena vigencia, vivita y coleando. “Argentina tiene la oportunidad de dar un nuevo salto en productividad y competitividad agroindustrial, a partir de la actualización de la legislación de semillas”, insistieron desde esa entidad y recordaban además que ellos ya habían flexibilizado su posición inicial respecto del “uso propio” como para que muchos productores de escala baja no tuvieran que pagar regalías en el futuro, cuando el nuevo esquema estuviera en vigencia.
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La segunda cosa sucedió un día después, el martes, cuando en una reunión con la prensa especializada en agro Alejandro Díaz, el titular de la AmCham, la cámara que agrupa a las empresas estadounidenses en el país, recordó que todavía está pendiente de aprobación legislativa la adhesión por parte de la Argentina al Convenio Internacional UPOV91, que establece un marco más rígido que el vigente actualmente (el UPOV78) para el respeto a la propiedad intelectual en semillas.
Díaz fue taxativo: Remarcó que en el acuerdo comercial firmado por los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei “existe el compromiso de adhesión argentina a la UPOV91 con fecha tope en diciembre de 2027”. Luego remarcó que, aunque la Casa Blanca entiende “las dificultades que tiene el gobierno argentino para imponer” esa agenda tan sectorial en un Congreso cargado de discusiones al parecer mucho más relevantes, ellos aspiran a que este año o el otro se vena avances concretos. Aunque luego aclaró que el 2027 es un año electoral y ya se sabe que el Congreso no funciona en esas ocasiones.
Los dos hechos relatados muestran una sola cosa: del lado de la industria semillera (y el lobby americano) ya empezaron a ponerse nerviosos por la falta de avances concretos y lo hacen saber. Sobre todo porque la promesa que les hizo el ministro de desregulación, Federico Sturzenegger (a quienes todos pintan involucrado personalmente en el asunto), había sido categórica: Ustedes relajen que este año sale o sale.

Lo cierto es que hasta ahora la estrategia oficial de intentar que ambos sectores (semilleros y productores) acuerden un texto legal que deje conforme a todos ha sido un fracaso, pues aunque ambos cedieron un poco de sus posiciones iniciales el texto final no termina de convencer a nadie. Sobre todo a Sturzenegger y a la Casa Blanca, que insisten que sí o sí la adhesión a UPOV91 debe formar parte del paquete de actualización de esta legislación, pues eso es lo que prometió Milei a Trump,
Los grandes responsables de esta estrategia dialoguista que llegó a las cuatro reuniones y no llegó a la quinta son claramente el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del INASE (Instituto Nacional de Semillas), Martín Famulari, por el lado del ministerio de Economía. Y Alejandro Cacace, el segundo de Sturzenegger, desde la cartera de Desregulación. Fue este último funcionario quien a mediados de septiembre, frente a la visible falta de acuerdo, prometió que entonces el Poder Ejecutivo iba a redactar su propio anteproyecto y lo mandaría al Congreso en el transcurso de noviembre, antes de que termine el periodo de sesiones ordinarias. Pero desde entonces, cri, cri, cri…
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La gran incomodidad para que esto suceda pasa justamente por las apetencias norteamericanas y el hecho de que para ellos la UPOV91 es innegociable, pues es lo que prometió el gobierno argentino a la casa Blanca. Quienes venían negociando la letra chica desde ambos sectores estarían mucho más cómodos con que la Argentina omita dar ese paso y simplemente actualice algunos artículos de su propia legislación sobre Semillas, en el sentido que exigen los obtentores, pero sin dar a torcer el brazo y permaneciendo en la UPOV78, como sucede en Brasil, Uruguay y la mayoría de los países de la región.
Más allá de las “excepciones” al Uso Propio, que es el escollo visible en estas negociaciones, la verdadera piedra en el zapato radica en el temor a de muchos actores locales (y algunos de gran peso) de que la adhesión a UPOV91 -en conjunto con la derogación hace unos meses de la Resolución 283/15 que dificultaba el patentamiento de materia viva y biotecnología- configure un escenario legal que luego permita a las grandes corporaciones agrícolas operar judicialmente contra los productores, mediante costosos bufetes de abogados que unos podrán pagar u otros no.
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En la Mesa de Enlace, pese a la cercanía que algunos dirigentes mantienen con la gestión de Milei y con el ministro Sturzenegger, todavía no se ha resquebrajado esta posición y difícilmente vaya a suceder, porque por primera vez en mucho tiempo los ruralistas se sienten fuertes: saben que si la discusión sobre semillas se plantea en el Congreso como una pulseada cargada de atices ideológicos, el gobierno lleva las de perder.
En la AmCham, en cambio, se ilusionan con la capacidad de negociación que todavía pueda conservar el gobierno de Milei frente a los gobernadores y los bloques legislativos más conciliadores, del PRO y sectores de radicalismo. Incluso deslizan que el tema bien podría ser incorporado por el Ejecutivo en las próximas sesiones Extraordinarias de diciembre, en el marco de un gran acuerdo que resuelva muchos otros temas que se están debatiendo en el Congreso, como la suspensión de las PASO.
Lo cierto es que la etapa de negociación entre semilleros y productores ha concluido y no ofreció resultados, y es el gobierno el que debe mover ahora alguna ficha.
Si quisiera. O si pudiera. Si acaso al coloso le quedara alguna fuerza.
Foto de portada: Diario de Río Negro