Un municipio kirchnerista cobra hasta $62.000 a los camiones por circular 5 kilómetros y ahora les exige un registro

Un camión que baja de la ruta nacional 9 rumbo al parque industrial de Ramallo o al puerto de San Nicolás tiene un solo camino posible. Es el Acceso Sánchez —ex ruta provincial 87—, un tramo de 5,1 kilómetros sin vías alternativas para el tránsito pesado. Desde septiembre, recorrerlo puede costar hasta $62.000.El cobro lo dispuso el municipio que conduce el intendente kirchnerista Mauro Poletti, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), el espacio político que creó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. A través de la licitación pública N°3/25, la comuna concesionó e instaló pórticos tecnológicos que cobran hasta $37.000 por pesaje dinámico. A ese monto se suman $25.000 si el vehículo ingresa a predios de la zona. Las entidades empresarias lo califican como un “peaje municipal encubierto” y una “aduana interior”.Ahora, el municipio sumó un nuevo requisito. Por medio de una ordenanza del 19 de octubre creó el Sistema Integral de Gestión del Tránsito Pesado (Sigtp), que obliga a los transportistas a registrarse y tramitar autorizaciones para operar dentro del distrito. La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (Uipba) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) expresaron su “profundo rechazo” a la medida.Según las entidades, el Sigtp recrea a nivel local obligaciones similares a las del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA), un régimen que el Gobierno eliminó en 2024 en el marco de la desregulación del transporte de cargas. El incumplimiento puede derivar en multas, restricciones a la circulación y retención de vehículos. Además, la ordenanza establece la responsabilidad solidaria de las empresas dadoras de carga ante eventuales incumplimientos de los transportistas, lo que, advirtieron las cámaras, podría significar el cierre de las fábricas que los contratan.Las industriales estiman que el peaje impacta sobre más de 100 empresas y que el costo anual podría llegar a $500 millones por compañía. El sistema fue concesionado a una empresa privada que recibiría el 50% de lo recaudado y que ya instaló un pórtico a modo de telepeaje. De acuerdo con Uipba y Adiba, el municipio intima en estos días a los transportistas —por WhatsApp y otros medios— para que soliciten el TAG y se registren en el sistema.El reclamo ante EconomíaLa Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ya había denunciado el esquema en septiembre. “Su valor es desmedido y no guarda ningún tipo de relación con los costos de conservación del tramo vial, generando un costo por kilómetro desproporcionado que supera ampliamente las tarifas de los principales corredores viales y puentes interjurisdiccionales del país”, señaló entonces la entidad.La CAC respaldó las acciones administrativas y judiciales que lleva adelante la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) y pidió la intervención del Ministerio de Economía y de las autoridades bonaerenses para “disponer la inmediata suspensión de este peaje irregular”. También trazó un paralelismo con Misiones, cuyos regímenes de recaudación sobre las cargas que atraviesan la provincia consideró “auténticas aduanas interiores”.En el Palacio de Hacienda, sin embargo, se desligaron del tema. “La Subsecretaría de Transporte Automotor consideró que el planteo versa sobre una materia ajena a la competencia nacional, dado que se refiere a un camino transferido a la órbita municipal, y sugirió dar intervención a las autoridades competentes de la Provincia de Buenos Aires”, respondieron ante la consulta de LA NACION.Para Uipba y Adiba, el riesgo excede a Ramallo. Las entidades advirtieron que, si este tipo de iniciativas se replicara en otros municipios, podría formarse “una red de barreras superpuestas a lo largo de todo el país”, con múltiples costos para transportar una misma carga. “En un país que necesita integrarse al mundo y reducir costos logísticos para competir, municipios que crean aduanas internas generan una nueva capa del denominado ‘costo argentino’”, concluyeron.