Fentanilo contaminado: la exjefa de la Anmat pidió ser sobreseída y afirmó que “no tuvo responsabilidad directa”

Los abogados de Nélida Agustina Bisio, extitular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), solicitaron a la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata anular el procesamiento dictado por la comercialización de fentanilo contaminado. Pidieron, además, acompañarlo con el sobreseimiento o la falta de mérito de su representada y, de ser considerada penalmente responsable, que su rol se limite a no haber cumplido con los deberes de funcionario público. En un escrito de 130 páginas, la defensa sostuvo que la decisión del titular del Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, Ernesto Kreplak, de incluir a Bisio entre los partícipes necesarios del delito de adulteración de sustancias medicinales agravado por la muerte de al menos 90 personas y las secuelas sufridas por otras 44, “no se ajusta a derecho”.Los abogados Diego Álvarez Bognar y Gustavo Daguerre Báez descargan las responsabilidades entre el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) que dirigía Gabriela Mantecón Fumadó, también procesada sin prisión preventiva con un embargo por $500.000 millones, y los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que comercializaron y elaboraron el inyectable. “El hipotético incumplimiento de un deber funcional no se convierte, por vía de una construcción terminológica, en contribución necesaria a la adulteración de una sustancia medicinal cuyo dominio de ejecución estaba enteramente en cabeza de los responsables del laboratorio”, argumentan los letrados.El documento al que accedió LA NACION es un memorial de apelación presentado en reemplazo de una audiencia que había sido fijada para el 15 de este mes, nueve días después de que la Justicia habilitara a las partes el acceso a la información contenida en los dispositivos electrónicos secuestrados durante la investigación. Según la reconstrucción judicial, el fármaco elaborado en la planta de Laboratorios Ramallo a fines de 2024 comenzó a comercializarse en enero de 2025 y empezó a utilizarse en centros de salud a partir de febrero.“Hemos advertido que prueba hasta entonces desconocida por esta parte acredita la inocencia de nuestra representada y desvirtúa el rol que erróneamente se le asigna en el auto de procesamiento”, indicaron los abogados sobre lo que denunciaron que fueron “registros aislados” del contenido de los dispositivos secuestrados.En el escrito, la defensa desarrolla nueve argumentos para sostener que Bisio no tuvo responsabilidad directa en las presuntas irregularidades detectadas por el Iname, el área encargada de supervisar a los laboratorios que operan en el país y los productos que elaboran. También rechaza que haya formado parte de un “pacto” destinado a demorar medidas contra los laboratorios involucrados o que haya desempeñado el rol que le atribuyó el magistrado al procesarla, una conclusión a la que llegó tras analizar mensajes, registros de ingresos y egresos de la cartera sanitaria nacional y las declaraciones indagatorias de las dos exfuncionarias, incorporadas a pedido del Ministerio Público Fiscal.“Se encuentra probado –escribió el juez en esa resolución– que la jefatura de la Anmat funcionaba como polea de transmisión de las decisiones políticas en la materia que se adoptaban desde el Ministerio [de Salud], en sentido descendente, y de aporte de información para decidir políticamente, en sentido ascendente. Y se encuentra acreditado en autos no solo que el ministro Lugones tuvo conocimiento de lo que sucedía, sino que lo tuvo a partir de la intervención de Bisio.”Los puntos en los que Álvarez Bognar y Daguerre Báez apoyan su presentación ante la Cámara Federal de Apelaciones sostienen que la extitular de la Anmat no tenía facultades para emitir advertencias por incumplimientos a los laboratorios, competencia técnica que atribuyen a Mantecón Fumadó. También argumentan que haber omitido o demorado un trámite administrativo regulatorio como fue no firmar “oportunamente” una carta de advertencia por fallas detectadas en HLB y Ramallo no equivale a “adulterar” medicamentos. Saber que ambas empresas tenían malas prácticas de producción, para los abogados no implica que Bisio conociera que estaba colaborando con la adulteración. “Ninguna carta de advertencia firmada en cualquier momento podía revertir la contaminación bacteriana de un producto que ya había sido fabricado, liberado y remitido a su titular”, sostuvieron los abogados. En otro tramo del escrito agregaron que “el riesgo no solo se gestó íntegramente dentro de la planta [de Ramallo], sino que fue activamente ocultado al organismo de control, lo que torna dogmáticamente insostenible reprochar su no detección a la administradora nacional”.Sobre esa base, la defensa argumentó que las gestiones administrativas y las reuniones informales mantenidas con representantes de los laboratorios ocurrieron durante 2025, cuando los lotes contaminados ya habían sido producidos y distribuidos. Por esa razón, sostuvo que no puede atribuirse a la exfuncionaria una conducta de complicidad ni una intervención efectiva en los hechos investigados.“El Juzgado aplicó un estándar probatorio diferente a dos personas situadas en una cadena de mando idéntica: exoneró al ministro de Salud porque sus directrices apuntaban al cierre [de los laboratorios] –escriben los letrados–, pero procesó a Bisio pese a que sus directrices también apuntaban al cierre.” También señalaron que hay referencias a la exfuncionaria en los chats de los celulares peritados de los directivos de ambos laboratorios procesados y detenidos a los que accedieron hace dos semanas. “Entre agosto de 2023 y mayo de 2025, en las conversaciones y audios de quienes actuaban por HLB y Ramallo –refieren–, la única funcionaria de la Anmat mencionada como interlocutora, como garante de promesas, como moderadora de medidas, como conocedora de prácticas que la empresa prefería no informar, como destinataria de los pedidos de inspección, como quien enviaba asistencia al laboratorio «antes de que caigan los inspectores», como la autoridad cuya «orden» se necesitaba para torcer la actuación de las áreas técnicas y como persona de confianza de la conducción de las empresas, fue Mantecón Fumadó.”El último planteo apunta a que, de atribuirle algún delito a Bisio, sea un incumplimiento de los deberes de funcionario público, en lugar de haber colaborado con la adulteración de un medicamento con el agravante de las muertes y las lesiones asociadas investigadas, lo que se traduce en penas más altas. “No debió ser imputada”“Esta presentación explica por qué Agustina Nélida Bisio no debió ser imputada y mucho menos procesada”, dijo Daguerre Báez ante la consulta de LA NACION. “El procesamiento fue apelado. Una vez interpuesta la apelación, el tribunal, como lo establece el Código Procesal, fijó una audiencia, la cual dispuso reemplazar por la presentación de ese memorial –explicó–. En esa presentación están contenidos los fundamentos por los cuales el procesamiento de la exadministradora nacional de la Anmat debe ser revocado.”Hace dos meses, al ampliar su declaración indagatoria en el juzgado de La Plata, Bisio no negó “la responsabilidad general” al frente de la Anmat. “Yo conocía que Ramallo constituía un problema serio -concedió-. Incluso en el mes de febrero [de 2025], sin corresponderme, suscribí la carta de advertencia que significó la paralización de su operación. También sabía, por informe del mes de marzo, que HLB Pharma debía seguir esa misma suerte, pero Mantecón Fumadó siempre me comunicó que, sin una nueva inspección que verificara incumplimientos, esa decisión no se podía adoptar. Pero eso no significa que conociera, en detalle, previo a [una reunión interna del 5 de mayo del año pasado, una semana antes de difundir la alerta de la Anmat], la totalidad de los antecedentes” que había reunido el Iname. Se refería, así, a los 106 reportes de incumplimientos o deficiencias detectadas y siete retiros de productos del mercado que nunca se cumplieron. La reconstrucción de la salida al mercado de fentanilo contaminado con bacterias incluye, además, al menos 10 alertas internas que se activaron en la Anmat. Son comunicaciones que forman parte de los argumentos del Ministerio Público Fiscal al solicitarle al juzgado en agosto pasado las detenciones de Mantecón Fumadó y Bisio. Para la fiscalía, “ninguna muerte se hubiese producido” si se hubiesen atendido esas alertas tempranamente.