Un minuto para expropiar: retrato de la mala praxis en la Legislatura bonaerense

¿Se puede desde la oscuridad de la Legislatura bonaerense vulnerar el derecho a la propiedad privada? Un fallo judicial dice que sí.¿Se puede aprobar una ley que despoje a una empresa de sus bienes sin saber ni siquiera quiénes la votaron? Un caso concreto, investigado por la Justicia Federal, confirma que sí, se puede.El oscuro “modus operandi” con el que funcionan las cámaras de Diputados y Senadores de la Provincia, ¿permite aprobar leyes “a ciegas”, sin que los legisladores sepan cuál es su contenido y sin ningún filtro ni debate en comisiones? Otra vez, la respuesta es sí, según reconocieron testigos ante un magistrado federal.Una última pregunta, señor juez: ¿Es factible que se vote un proyecto de ley basado en datos falsos, intereses ocultos y argumentos engañosos? No solo es factible; es muy fácil que eso suceda. No es una conjetura, sino la conclusión de una sentencia.No es novedad que el poder legislativo bonaerense se ha convertido en una ciénaga, donde tanto la administración de recursos públicos como la propia tarea legislativa se desenvuelven en una zona de penumbras que linda con la clandestinidad. La que había pasado casi inadvertida, sin embargo, es una causa de la Justicia Federal de La Plata que investigó las consecuencias prácticas de ese procedimiento vidrioso y que dio por probado un hecho escandaloso: la Legislatura sancionó, en diciembre de 2020, una ley de expropiación para despojar a particulares de un predio que tiene una ubicación estratégica en el partido de Pilar, cuenta con una edificación de 26.000 metros cuadrados y está tasado en más de 20 millones de dólares. Lo hizo sin averiguar nada, sin comprobar la información, sin analizar el expediente. Así, votó por señas, sin dejar rastros, un proyecto que ocultaba toda esa información y que hacía aparecer el inmueble a expropiar como una parcela rural, en la que solo había una casilla de 40 metros cuadrados y que tenía una valuación irrisoria, de $580.000.Los detalles del caso, aunque remitan a la prosa árida de un expediente judicial, nos abren una ventana a ese agujero negro que es la Legislatura bonaerense, donde una ley muy sensible, que involucre algo tan delicado y extremo como desapoderar de un bien a un particular, se puede aprobar de un modo subrepticio, entre gallos y medianoche. Nos recuerda, además, algo que a veces se pierde de vista: la opacidad que caracteriza a la Legislatura no queda encapsulada dentro mismo del palacio, sino que impacta sobre los ciudadanos, a veces de manera más directa, a veces más indirecta.Todo se originó con un proyecto del entonces diputado Jorge D´Onofrio, un dirigente que después se convertiría en ministro de Transporte de Kicillof y terminaría procesado por escándalos de otra índole, asociado a los negocios de las fotomultas y la VTV. En su condición de diputado, D´Onofrio presentó un proyecto para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en Pilar, al borde de la Panamericana, en el que se proyectaba la construcción de un Centro de Transferencia de Pasajeros, donde la gente dejaría sus autos para tomar servicios de tren y colectivo que conectarían esa zona con la capital federal. Esa iniciativa ya estaba avanzada: se habían construido cocheras en una edificación de cinco pisos. El predio pertenecía a una empresa y el proyecto, que involucraba inversión pública y privada, se había acordado con la Nación y el municipio de Pilar.D´Onofrio, con variados intereses en ese distrito del conurbano norte, se oponía a aquella iniciativa, por motivaciones que nunca quedaron claras. Entonces presentó el proyecto expropiatorio, donde se ocultaba deliberadamente la valuación real del inmueble, los avances en la construcción y el destino que estaba previsto. Lo presentó como una parcela rural con un valor irrelevante, sin especificar siquiera la ubicación exacta. Y propuso destinarla a la construcción de una “ciudad judicial” que no figuraba en ningún lado.¿Qué hizo la Legislatura? Dejó que el proyecto corriera, sin examinarlo con ninguna lupa. Nunca se corroboró si lo que decía D´Onofrio era cierto. No se pidió ninguna información adicional, ni siquiera se buscó el predio en Google Maps, donde se hubiera detectado una gigantesca construcción que nada tenía que ver con los modestos 40 metros cuadrados que mencionaba el proyecto expropiatorio. Se giró a cuatro comisiones, pero ninguna lo trató. En la última sesión del 2020, que se hizo por zoom ya cerca de Navidad, lo colaron sobre tablas. Ni siquiera figuraba en el orden del día. Leyeron el número de expediente y, en apenas un minuto, según la reconstrucción que hizo la Justicia con la versión taquigráfica, Diputados lo dio por aprobado. El mismo trámite exprés se siguió en el Senado. Así, quedó sancionada la ley 15.239.La empresa que quedaba al borde de sufrir la expropiación recurrió, entonces, a la Justicia. Se inició una causa que llegó al Juzgado Federal número 4 de La Plata, a cargo del doctor Alberto Osvaldo Recondo, quien dirigió una minuciosa investigación para determinar si D´Onofrio había actuado de mala fe. Lo terminó procesando: “No se trató de una simple mentira, sino de una maniobra orquestada -dolosamente- para engañar, simulando que un predio de valor millonario en el que estaba desarrollándose un megaproyecto inmobiliario y de transporte de pasajeros, constituía una simple ´parcela rural´, a los fines de expropiarlo y desbaratar el proyecto que no era de su agrado o conveniencia”, escribió el magistrado en un fallo del 3 de febrero de este año.Cuando el juzgado quiso saber cómo había sido el trámite legislativo se encontró con un procedimiento teñido de negligencia y desaprensión. La sesión en la que se aprueba la ley es un retrato de la opacidad: “Se advierte que cada vez que se votó, el secretario administrativo, automáticamente, pronunció la palabra ´aprobado´, tan rápido que no queda claro cómo pudo -en una sesión remota- mirar cada cuadro de la pantalla para contabilizar los votos de cada diputado”, dejó asentado el juez en el expediente.Cuando le tomaron declaración testimonial, el secretario legislativo de la Cámara baja contestó sin sonrojarse: “la votación es a mano alzada; no queda constancia de los nombres de los diputados que conforman la mayoría, salvo que alguno quiera aclarar su voto”. Al ser consultado sobre el contenido mismo del proyecto aportó otra precisión escalofriante: “nunca se lee el articulado completo. En este caso no se leyeron tampoco”.El juez no les imputa una sospecha concreta a los diputados que votaron sin saber bien qué votaban. Los presume engañados por D´Onofrio, que conocía de sobra las prácticas legislativas y sabía que era fácil pasar gato por liebre sin que nadie preguntara nada. Sin embargo, el fallo destaca que “al examinar la actuación legislativa no puede soslayarse la manera en que se revela el exiguo compromiso con la averiguación de la verdadera realidad del proyecto”. Y agrega un párrafo más: “La declaración de utilidad pública y sujeción a expropiación de un inmueble, es un acto de indudable excepcionalidad jurídica. Exige de nuestros legisladores un alto grado de análisis y debate sobre los propósitos que contradicen el principio rector de nuestra Carta Magna. Teniendo en cuenta la función de representación ciudadana que a ellos se les confiere, resulta cuanto menos censurable el desaprensivo aprecio por el derecho constitucional de propiedad”.La expropiación finalmente no se ejecutó. La ley es el primer paso; después se debe iniciar el juicio expropiatorio, que en este caso quedó trunco por la impugnación judicial y el fallo del juez Recondo. La empresa que es propietaria del predio arrastra antecedentes controvertidos: fue denunciada, en su momento, por presunto lavado de dinero, y el gobierno de Kicillof le adjudica vínculos narcos, aunque el titular de la firma fue sobreseído de esa acusación. El predio, que terminó enredado en un intrincado proceso judicial, estuvo hace pocas semanas en la mira, cuando una investigación de LN+ detectó que allí había un vacunatorio abandonado, con grandes cantidades de jeringas y residuos patológicos acumulado en el lugar. Pero el expediente va más allá del hecho particular: nos muestra que el sistema viciado que se ha apoderado de la Legislatura bonaerense representa una amenaza concreta para derechos esenciales consagrados en la Constitución. Nos muestra, además, que la audacia de un solo legislador puede arrastrar a todo un Poder del Estado, donde nadie controla, nadie verifica, nadie discute y nadie se hace cargo.El caso Chocolate corrió el velo sobre la corrupción estructural en la Legislatura bonaerense. Pero apenas mostró una faceta de ese sistema que no solo ha renunciado a la transparencia, sino también al profesionalismo y al mínimo compromiso con la función legislativa. Con la misma ligereza con la que se vota la expropiación de un patrimonio millonario, se aprueban pliegos de jueces, aumentos de impuestos, normas urbanísticas o regulaciones para ejercer el comercio, por citar solo algunos temas que se “cocinan” en la Legislatura. Le atribuyen al canciller alemán Otto von Bismarck una frase que en realidad acuñó el poeta norteamericano John Godfrey Saxe en el siglo XIX: “las leyes, como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”. Alude a un procedimiento legislativo que suele estar bastante alejado de la pureza y los ideales. Sin embargo, si el poeta se asomara a la Legislatura bonaerense confirmaría que su metáfora se quedó corta: más que fabricar salchichas (que, al fin y al cabo, son comestibles) en el Poder Legislativo de la mayor provincia argentina se producen píldoras envenenadas.El fallo del juez Recondo echa al fin algo de luz sobre cómo se producen las leyes bonaerenses, incluso aquellas que afectan los intereses más sensibles en un Estado de Derecho.Cuesta aceptar que una Legislatura empañe la democracia y contamine el sistema institucional. Pero tal vez lo que más cueste digerir sea el silenc