Los rectores le respondieron al Gobierno: “No es un conflicto con las universidades, sino con la ley”

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) le contestó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, después de su exposición de ayer ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en la que cuestionó el funcionamiento de las universidades públicas y calificó como un “acuerdo de casta” la posición de sus autoridades frente al reclamo por financiamiento.Los rectores rechazaron los argumentos del funcionario, defendieron la administración de los recursos universitarios y solicitaron formalmente participar de la próxima reunión de la comisión, antes de que se emita dictamen sobre el presupuesto, para ejercer su derecho a réplica. “Corresponde discutir sus fundamentos y necesidades con información verificable. Un calificativo agraviante no reemplaza esa discusión”, dijeron.“No se trata de un conflicto del CIN con el Gobierno, sino de un conflicto del Gobierno con la ley y el Estado de derecho, que lesiona la capacidad de la universidad pública argentina y, con ello, perjudica al país en su conjunto”, señalaron en el documento titulado “Descalificar a las universidades no exime al Gobierno de cumplir la ley”, difundido este miércoles, cuando se cumple un año de la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno nunca aplicó.La respuesta llega después de que Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieran ayer ante los diputados la política presupuestaria del Gobierno y cuestionaran los reclamos del sistema universitario. La discusión se produjo en medio de la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo veto presidencial fue rechazado por el Congreso.El CIN consideró especialmente grave que el secretario de Educación utilizara la expresión “acuerdo de casta” para referirse al consenso entre las autoridades universitarias. “Convertir ese acuerdo en una sospecha pretende deslegitimar a los interlocutores para evitar responder a sus argumentos”, señaló.Y apuntó directamente contra Torrendell: “En tres años, no dijo ni hizo nada por la educación superior”. Según los rectores, el funcionario no respondió notas formales ni advertencias sobre los problemas del sistema y tampoco presentó propuestas para resolverlos. “No convocó, no elaboró, no diseñó ni propuso nada más allá del ajuste y la descalificación. Aun con todo, en buena hora que comience a hacerse cargo”, dijeron.Ayer no les permitieron participar de la reunión de comisión a representantes del CIN, de los gremios docentes y no docentes ni del sector estudiantil. El pedido había sido presentado formalmente por el bloque Unión por la Patria.Ahora insistieron en que, después de las reiteradas críticas recibidas, corresponde garantizarles “el derecho a réplica y la posibilidad de rebatir argumentos e intercambiar impresiones” y solicitaron participar de la próxima reunión, antes de que se emita dictamen.Durante su exposición, Álvarez cuestionó el monto solicitado por los rectores. Las universidades reclaman $11 billones, mientras que el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo contempla transferencias por $7,7 billones. El funcionario sostuvo que el pedido estaba destinado principalmente a incrementos salariales. “La única respuesta es que quieren todos los aumentos que quieren los sindicatos. No hay un pedido de edificación; no hay una sola carrera nueva”, dijo.“Los salarios permiten sostener las clases; las becas, continuar los estudios; los recursos de funcionamiento, abrir aulas, bibliotecas y laboratorios”, argumentó el CIN.Sostuvo, además, que las diferencias sobre el presupuesto no eximen al Gobierno de cumplir sus obligaciones legales. “El cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del Gobierno”, advirtió.También respondió a uno de los datos presentados por Torrendell: que la participación de las universidades dentro del presupuesto nacional aumentaría del 3,52% en 2025 al 3,88% en 2027. Según el secretario, ese incremento demuestra que las casas de estudio no perdieron peso en la distribución de los recursos.“Una proporción puede crecer porque disminuye el conjunto sobre el que se calcula”, retrucó el CIN. Y sostuvo que, para evaluar el financiamiento universitario, deben considerarse el poder adquisitivo de las partidas, su ejecución efectiva, la evolución salarial, la matrícula y los costos, y no solamente su participación porcentual en el presupuesto.“La comparación entre porcentajes aislados no responde cuántas clases, becas, prácticas profesionales o investigaciones pueden sostenerse con los fondos disponibles”, apuntó.UN AÑO SIN CUMPLIR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO.Durante todo este año, la UBA siguió enseñando, investigando, formando profesionales y cuidando la salud de millones de personas. pic.twitter.com/a9JmWMEJ3d— UBAonline (@UBAonline) October 21, 2026Torrendell también cuestionó los índices de graduación. El funcionario aseguró que apenas el 18,7% de los estudiantes de universidades estatales completa su carrera en el tiempo previsto, frente al 40,8% de las instituciones privadas. También cuestionó el crecimiento de la planta docente y las diferencias en los recursos que reciben las universidades.En respuesta, el CIN advirtió que graduarse después del plazo establecido no equivale a abandonar los estudios y que comparar universidades públicas y privadas exige considerar las características de sus alumnos, como la necesidad de trabajar, las responsabilidades familiares y las desigualdades en la formación previa. “Las cifras pueden describir poblaciones diferentes antes que desempeños institucionales comparables”, señaló.“Asumimos la responsabilidad de mejorar la graduación. Precisamente por eso rechazamos que se utilicen las dificultades estudiantiles para justificar políticas que pueden profundizarlas”, plantearon los rectores.Y agregaron: “Mejorar el ingreso, la permanencia y la graduación exige decisiones académicas y recursos adecuados”.Álvarez, por su parte, cuestionó la falta de rendiciones de gastos de años anteriores y aseguró que el Gobierno no registra atrasos en las transferencias. El CIN le pidió pruebas. “Las universidades rinden cuentas por los recursos que administran”, respondió, y señaló que la información es pública, se remite periódicamente al Poder Ejecutivo y está sometida a controles legales.A la vez, los rectores reclamaron que el Gobierno detalle los fondos presupuestados, las transferencias realizadas y las obligaciones pendientes. Propusieron crear una instancia pública de seguimiento del financiamiento universitario y exigieron que cualquier denuncia de irregularidades esté acompañada por pruebas.“La sospecha generalizada no constituye una auditoría; es solo una descalificación malintencionada y sin fundamentos”, señalaron.Y sumaron: “Tenemos disposición para discutir planes de estudio, reconocimiento de trayectorias, organización académica, articulación educativa y mejores mecanismos de evaluación. Esa discusión debe construirse con participación y evidencia. El cumplimiento del financiamiento no puede quedar condicionado a la adhesión de las universidades a las preferencias del Gobierno”.