Tienen green card y llegaron de México y Guatemala, pero ahora los acusan de fraude electoral en California

El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció cargos penales contra 28 extranjeros que viven en California y que están acusados de cometer irregularidades electorales. Los procesados tienen green card, la tarjeta que acredita la residencia permanente, pero ese documento, según las autoridades, no les otorga el derecho a votar en elecciones estadounidenses.Quiénes son los acusados de fraude electoral en CaliforniaSegún la acusación federal, los imputados habrían declarado bajo juramento que eran ciudadanos estadounidenses al completar sus solicitudes de inscripción electoral. En varios casos, las investigaciones también señalaron que emitieron sufragios en comicios celebrados entre 2020 y 2026.Las autoridades sostuvieron que algunos de los acusados volvieron a proporcionar información falsa durante sus trámites de naturalización, al negar que se hubieran registrado para votar, presentado como ciudadanos o participado en elecciones. Las denuncias se tramitaron en los cuatro distritos judiciales federales de California.Entre los procesados figuran nueve ciudadanos mexicanos y tres guatemaltecos. Los primeros residen en distintas localidades del estado, entre ellas La Puente, Wilmington, Carson, Sacramento, Fresno, Kerman, Clovis y Petaluma.La lista de 28 imputados también comprende personas de los siguientes países:FilipinasIndiaCanadáBeliceEl SalvadorCamboyaHondurasPakistánGeorgiaMyanmarTongaEcuador“California está enviando boletas electorales por correo a personas que no son ciudadanas estadounidenses y se niega a cumplir con la ley federal, que tipifica como delito el voto de los no ciudadanos”, declaró el primer fiscal adjunto de EE.UU., Bill Essayli. “El derecho al voto de los estadounidenses debe ser protegido”, señaló.Qué penas pueden enfrentar los residentes con green cardEntre los delitos investigados se encuentran la presentación de declaraciones falsas en solicitudes de naturalización y el registro fraudulento de votantes. Según la información difundida por las autoridades, estas imputaciones pueden contemplar penas de hasta cinco años de prisión federal.Algunos acusados también enfrentan cargos por haber votado sin contar con la ciudadanía estadounidense. La pena aplicable depende del delito imputado y de las circunstancias de cada caso. La presentación de cargos no equivale a una condena: la responsabilidad penal debe determinarse durante el proceso judicial.“La División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) está comprometida con la protección de la integridad del proceso electoral de nuestra nación”, dijo John A. Condon, director ejecutivo asociado interino del HSI. “En colaboración con nuestros socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, continuaremos persiguiendo a quienes violen a sabiendas la ley federal”, agregó.Operation Protect the Vote: la disputa por el padrón electoralLa investigación es parte de la “Operation Protect the Vote”, una iniciativa coordinada por las cuatro fiscalías federales de California con participación del HSI. El operativo busca investigar posibles infracciones a las leyes electorales y determinar si personas sin ciudadanía participaron ilegalmente en los comicios.El gobierno federal informó que el 13 de octubre entregó a las autoridades californianas una lista de más de 20.000 personas consideradas posibles no ciudadanas que aparecen en los registros electorales. La identificación se habría realizado mediante la comparación de padrones públicos con bases de datos federales vinculadas con documentos de identidad y registros migratorios.El DOJ solicitó que las boletas por correo asociadas a esas personas fueran apartadas temporalmente hasta comprobar su ciudadanía. Tras la negativa de California a aceptar ese procedimiento, el gobierno federal presentó una demanda para obtener una orden judicial que permitiera reservar los votos cuestionados antes del recuento.“Cada uno de los 28 acusados ​​figura en la lista de personas que probablemente no sean ciudadanas registradas”, dijo el fiscal general adjunto interino Trent McCotter.“Los cargos presentados hoy demuestran con precisión lo que esa negativa pone en riesgo. California debe verificar la ciudadanía de esas más de 20.000 personas registradas antes de que se cuenten los votos por correo”, agregó.