Biocombustibles: las pymes pidieron elevar el corte del biodiésel y las aceiteras reclamaron aprobar la ley sin cambios

El debate por la nueva ley de biocombustibles llegó a la Cámara de Diputados con diferencias entre las empresas sobre las condiciones para abrir el mercado del biodiésel. Durante una presentación de las cámaras del sector, la industria aceitera pidió preservar el acuerdo que obtuvo media sanción en el Senado, mientras que representantes de las pymes reclamaron modificaciones y propusieron aumentar el corte obligatorio al 12% o al 12,5% para ampliar la demanda sin reducir su participación. La discusión se desarrolló ante la expectativa de que el proyecto pueda obtener dictamen la próxima semana.La iniciativa fue aprobada por el Senado con 41 votos afirmativos y 25 negativos. Prevé elevar, a los doce meses de sancionada la ley, la mezcla obligatoria de biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10% y la de bioetanol en las naftas del 12% al 15%. El principal desacuerdo se concentra en la transición del biodiésel y en el espacio reservado a las empresas no integradas con la industria aceitera.Polémica: el Senasa se desligó del accionar de una empresa de software, evitó dar nombres y ya gastó más de $726 millones en un sistemaGustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara), defendió el texto aprobado por los senadores y sostuvo que contempla herramientas de protección para las firmas que hoy abastecen el mercado interno. “La media sanción contiene la protección de las empresas no integradas y pymes que negociaron los senadores. Y les otorgan facilidades y plazos de 10 años para invertir y crecer”, afirmó. Además, reclamó acelerar la aprobación: “Es clave sacar la ley ahora en Diputados, si no vamos a perder el tren del mundo que hoy apuesta a biocombustibles competitivos”.Durante su exposición, Idígoras presentó la reforma como una política agroindustrial cuyo alcance excede a las plantas elaboradoras. Vinculó el desarrollo de los biocombustibles con las cadenas del maíz y la soja, el empleo, la industrialización de materias primas y la posibilidad de reducir la dependencia de combustibles fósiles importados.También sostuvo que las reglas del mercado interno influyen sobre las posibilidades de acceder a otros destinos. El titular de Ciara reconoció que el resultado del Senado no satisfizo por completo a los distintos sectores, incluida la industria aceitera. Sin embargo, lo consideró el mejor acuerdo posible después de las negociaciones entre legisladores, gobiernos provinciales y empresas. Por eso pidió que el dictamen de Diputados respete los entendimientos alcanzados en la Cámara alta.Federico Martelli, representante de la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), cuestionó esa lectura y rechazó que exista consenso en el biodiésel. Señaló que las empresas que representa, radicadas en Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, elaboran alrededor del 65% del producto utilizado en el corte obligatorio y no respaldan la media sanción.Según Martelli, el esquema pone en riesgo la continuidad de plantas que fueron construidas bajo las condiciones del régimen actual. Afirmó que el abastecimiento interno involucra unas 900.000 toneladas anuales, producidas por 25 pymes de cinco provincias, con 1500 empleos directos y 8000 indirectos. “Modernizar el régimen no es mandar a la quiebra 25 pymes y concentrar el negocio en seis aceiteras”, sostuvo. Su objeción apunta a que empresas de distinta escala y con diferente acceso a la materia prima competirían por una porción creciente del mercado.Cuando el corte llegue al 10%, las no integradas tendrán inicialmente reservados 6,5 puntos porcentuales. Ese segmento bajará a 5,5 puntos en 2029, a cinco en 2030 y a cuatro desde 2031 hasta el final de la transición, previsto para enero de 2036. El resto quedará abierto a la participación de integradas y no integradas. Como alternativa, propuso elevar el corte de biodiésel al 12% o al 12,5%. Argumentó que existen antecedentes de propuestas legislativas con mezclas superiores al 10%.La Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados (Capba), presidida por Axel Boerr, presentó pedidos de modificación sobre artículos específicos. Para el artículo 39, apartado A, propuso eliminar el máximo de 50.000 toneladas y aplicar límites porcentuales tanto a empresas como a grupos económicos: 12% durante el primer año, 10,5% en el segundo y 9,5% desde el tercero.En el apartado B del mismo artículo, solicitó que los volúmenes faltantes se ofrezcan primero a las empresas no integradas que dispongan de capacidad para abastecerlos. El planteo busca darles prioridad antes de recurrir a otros proveedores. Sobre el artículo 12, Capba pidió que una reducción del corte solo pueda disponerse ante una imposibilidad acreditada y por un plazo de seis meses. Claudio Molina, director ejecutivo de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno, también cuestionó las condiciones de competencia y las facultades de la autoridad de aplicación. Defendió la necesidad de una regulación de largo plazo por razones ambientales y de salud pública, pero advirtió sobre las diferencias entre los actores que participarían del mercado.“Es muy buena la competencia, pero no pongamos en la misma pista un F1 con un F4”, graficó. Uno de sus reparos se concentró en las atribuciones para modificar las mezclas obligatorias. Según su interpretación, la redacción otorga facultades demasiado amplias y podría permitir una reducción del bioetanol hasta el 3%. También pidió revisar las condiciones de transición entre el 12% y el 15%, por considerar que deben ofrecer mayor previsibilidad a las inversiones.Molina objetó, además, la definición de grupo económico y el uso de una fecha anterior a la eventual entrada en vigencia de la norma para determinar las vinculaciones societarias. Ese punto había sido uno de los cambios negociados antes de la votación del Senado. Marcelo Kusznierz, presidente de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer), respaldó la aprobación, aunque señaló que la redacción representa “el mínimo que consideramos necesario para las empresas no integradas de Santa Fe”. “No es nuestra aspiración máxima ni el punto de llegada”, expresó, y dejó abierta la posibilidad de introducir mejoras. Sin embargo, remarcó que esos planteos no implican un rechazo a la iniciativa.“No está en nuestro espíritu frenar la iniciativa ni desconocer los avances alcanzados. Queremos que la ley avance, que se apruebe y que su implementación sea transparente, equilibrada y previsible”, afirmó.