Cruces y maniobras dilatorias en torno a un exhorto a EE.UU. que incluye datos sobre Tapia, Toviggino y la firma de Faroni

A casi diez meses de la primera revelación de LA NACION sobre las transferencias de la empresa TourProdEnter, que administró los fondos de la AFA en Miami desde 2021, la Justicia argentina todavía no pudo obtener las pruebas de manera directa. La fiscal de instrucción Silvana Russi, que investiga la supuesta defraudación, insistió esta semana ante la jueza Paula Petazzi para que envíe un exhorto a Estados Unidos. El objetivo es conseguir información societaria y financiera de la firma de Javier Faroni, pero también del presidente y del tesorero de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia y Claudio Toviggino, según consta en el expediente. El ida y vuelta lleva más de dos semanas. El viernes, la jueza Petazzi le respondió a la fiscal que el pedido no cumple con los requisitos que prevé el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales celebrado entre Argentina y Estados Unidos de 1992. “Resulta necesario contar antes con una descripción de los hechos materia de investigación y con una demostración de cómo la producción de las medidas peticionadas permitiría avanzar en la investigación”, argumentó la jueza. Y agregó que las personas apuntadas, es decir, Tapia, Toviggino y Faroni, se “encuentran dentro de un ámbito de privacidad y de confidencialidad constitucionalmente protegido”. En medio de los tironeos, los abogados de Faroni aprovecharon para reclamar que se frene un eventual pedido de colaboración a los Estados Unidos. Se suma a otra maniobra en curso que pretende invalidar el contenido de los discoveries otorgados por dos jueces de Estados Unidos al empresario Guillermo Tofoni. La fiscal Russi había pedido el exhorto el 28 de septiembre a través de un escrito que resume la causa por defraudación, el supuesto delito precedente del lavado, y varios de los expedientes conexos donde se investiga a los jerarcas de la AFA. En ese momento, explicó que el objetivo de la medida era obtener información societaria y financiera de TourProdEnter LLC, Global LLC, que también recaudó el dinero de los sponsors, y de otras dos empresas. En realidad, la información sobre las transferencias de TourProdEnter está en el expediente desde el primer día. Son más de 3000 páginas reveladas por LA NACION el 28 de diciembre pasado. Con el exhorto, la fiscal busca obtener la prueba de manera directa. En el caso de la empresa de Faroni, la fiscal identificó cinco cuentas que ya habían trascendido (Bank of America, City, JP Morgan, Synovus Bank y PNC Bank) y otras tres que hasta ahora no se conocían en los siguientes bancos: First Citizens Bank & Trust Co; Wells Fargo Bank, NA; y The Bank of New York Mellon. Estas tres últimas cuentas se identificaron a partir de transferencias que partieron desde el Bank of America. En ese primer intento, la fiscal sumó a cuatro personajes clave: Claudio Fabián Tapia, Pablo Ariel Toviggino, Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Sobre ellos, pidió información de cuentas bancarias y sus antecedentes penales en Estados Unidos. En el caso del presidente de la AFA, Russi destacó que es “representante legal de la entidad y administrador de clave fiscal ante ARCA (ex AFIP), firmante del contrato del 9 de diciembre de 2021 con TourProdEnter y de su ampliación temporal del 15 de octubre de 2025”. Toviggino también firmó el contrato de 2021, pero no aparece en la ampliación de octubre de 2025. En su lugar firmó Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors y secretario general de la AFA. En el caso de Faroni, Russi destacó su condición de “cotitular y firmante autorizado de TourProdEnter LLC, junto con Erica Gabriela Gillette”, y su vinculación con la empresa Sports NextGen Ltd, ligada a la compra del club italiano Perugia. El pedido del exhorto derivó en un ida y vuelta entre la fiscal y la jueza Petazzi, ambas del fuero penal ordinario, en el que también intervino la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Diego Velasco. Ese organismo ya había obtenido información sobre las empresas investigadas, pero lo hizo por la vía de la Red de Recupero de Activos de Gafilat (RRAG). La semana pasada, Velasco explicó que esa información “se rige por el principio de confidencialidad que regula los canales informales de cooperación internacional” y, por ese motivo, no se puede volcar en el expediente judicial; pero aclaró que está suficientemente justificado el pedido de un exhorto. Con ese dictamen de la Procelac, Russi insistió este martes para que la jueza active los trámites para el proceso de colaboración. El viernes, la jueza planteó sus reparos. Casi a la misma hora, trascendía la noticia de otro exhorto, en este caso a Suiza, ordenado por el juez Ariel Lijo en el marco de la causa por enriquecimiento contra Tapia para conocer detalles de tres transferencias por casi US$ 190 mil. El exhorto a Estados Unidos que reclama la fiscal Russi podría demorar meses. De hecho, en febrero, el juez Luis Armella, que en ese momento tenía una de las causas vinculadas a la AFA, ya había ordenado un exhorto para reclamar información de TourProdEnter y las cuatro sociedades creadas por personas oriundas de Bariloche que recibieron casi US$42 millones: Marmasch, Soagu Services, Velp y Velpasalt. La medida no había trascendido hasta ahora. ¿Qué pasó con ese exhorto? “Por el momento, las autoridades competentes no han dado respuesta al exhorto internacional”, respondió la fiscal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, a fines de agosto ante una consulta de su colega Russi. En la Justicia hay pocas noticias sobre el derrotero de ese proceso porque esa causa terminó en Campana. “No se recibió nada hasta ahora”, respondió el viernes una fuente judicial ante una consulta de LA NACION. La investigación sobre las transferencias de TourProdEnter, que administró al menos US$300 millones hasta fines de 2025, igualmente avanza con el material que aportaron los discoveries. De hecho, hay dos pericias en trámite ante el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema. En una de ellas se analizan los movimientos bancarios de la empresa de Faroni. El resultado de esas pericias puede ser clave para el futuro de las causas a nivel local. Aunque sus intereses personales se alejan cada vez más, Tapia y Toviggino coinciden en algo: están más preocupados por la investigación en la Corte de Miami.