Detuvieron por extorsión a cuatro efectivos de la División Delitos Ecológicos de la policía bonaerense

Tenían la orden de investigar a una empresa de volquetes por descargar residuos tóxicos en lugares prohibidos. Pero en lugar de buscar pruebas para ponerlos a disposición de la ley, extorsionaron a los dueños y les cobraron una suma millonaria para no allanarles los galpones.En las últimas horas, la Justicia de San Martín arrestó a cuatro efectivos de la Delegación de Ciudadela de la División de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.Los uniformados fueron detenidos durante un allanamiento realizado en la sede policial, situada en Maldonado entre 9 de Julio y Gazeta de Buenos Aires, del partido de Tres de Febrero. El operativo había sido autorizado por el juez de Garantías de San Martín Mariano González, que hizo lugar al pedido realizado por la fiscalía de Investigaciones Complejas de dicho departamento judicial.Cuando los detectives de la Policía Federal irrumpieron en la dependencia que debe combatir los delitos ecológicos en territorio bonaerense, secuestraron un expediente con 40 páginas que no habían sido numeradas, los libros de guardia, las planillas de presentismo y las armas de los efectivos que se desempeñaban en esa delegación.Una vez que fueron identificados todos los policías que estaban en ese momento en la dependencia, la fiscalía dispuso las detenciones del subcomisario que tenía a su cargo la delegación y de tres suboficiales, entre ellos, una mujer.Los cuatro policías fueron indagados, acusados de extorsión; quedaron detenidos. La investigación comenzó en marzo, cuando los funcionarios judiciales comprobaron que los policías no habían cumplido con la orden de realizar tareas de búsqueda de pruebas de la responsabilidad de una empresa de camiones y volquetes que arrojaba residuos peligrosos sin el tratamiento obligatorio y en lugares prohibidos.Como los implicados son funcionarios policiales bonaerenses, la fiscalía convocó a la Policía Federal para que investigara.Los funcionarios del Ministerio Público determinaron que los efectivos de la Delegación Ecológica y Sustancias Peligrosas concurrieron en varias oportunidades desde diciembre de 2025 hasta marzo de este año a la empresa denunciada, pero, en lugar de realizar tareas de inteligencia y búsqueda de pruebas, exigieron el pago de dinero para cajonear el expediente y no allanar la empresa.