La causa por las distancias de aplicación en Entre Ríos juega su última carta en la Corte Suprema: “No podemos resignar nuestros derechos humanos”, dice la denunciante Ximena Rosso

Siempre espinosa, polémica e intrincada, la discusión en torno a las aplicaciones de agroquímicos no encuentra aún criterios unívocos en la Justicia. Dos casos recientes lo ilustran: el de Sastre y Ortiz, en el interior santafesino, donde acaba de quedar firme la ampliación de las zonas de exclusión pedida por los vecinos. Y el de Entre Ríos, en donde la decisión judicial fue atenerse a la ley vigente y desestimar el reclamo de supuestas víctimas de las aplicaciones.
Este último es un caso con todos los condimentos, donde la denuncia de un barrio privado se unificó con el de una familia con una niña enferma y logró fijar uno de los límites más amplios para las aplicaciones que tuvo el país. Ahora, con el revés judicial en la Suprema Corte entrerriana y el aval para que se aplique la legislación provincial que establece distancias mucho más moderadas, los denunciantes preparan todo para ir a la Corte Suprema de la Nación y gastarán ahí su última bala.
A propósito de esa decisión, Bichos de Campo entrevistó a una de las caras visibles del caso, Ximena Rosso, quien confirmó la decisión de asistir al máximo tribunal y detalló por qué confían en que esa última instancia podría traer resultados favorables.
En un fuerte respaldo para la ley de agroquímicos en Entre Ríos, el Tribunal Superior de Justicia anuló amparos que establecían exageradas áreas de exclusión (de más de 1 kilómetro) para las aplicaciones

Para entender la decisión que hizo pública el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hace apenas 2 semanas, se necesita un repaso por este caso que se gestaba en 2022 en la localidad de Colonia Ensayo, del departamento de Diamante.
Fue por iniciativa de Ximena, que por aquel entonces recién se había mudado al barrio Tierra Alta, ubicado en el epicentro agropecuario de la región. “Esto empezó cuando nos fuimos a vivir ahí y empezamos a sentir problemas de salud, desde simples dermatitis a efectos respiratorios, y los estudios arrojaban que era porque nos estaban fumigando”, asegura.
Sus vecinos decidieron acompañarla en la presentación de una acción de amparo colectivo, a la que la Justicia hizo lugar en 2024. Tras demandar a responsables de los campos aledaños, al gobierno provincial y a la Comuna de Colonia Ensayo, se fijó la prohibición de aplicar a menos de 1095 metros del barrio por tierra y de 3000 metros por aire.

Pero la posterior sanción de la ley provincial de fitosanitarios (11.178) estableció otro régimen de distancias, de 100 metros para las pulverizaciones terrestres, y 200 para las de aeronaves tripuladas, y los obligó a insistir en la Justicia. Obtuvieron la confirmación de su reclamo, pero no la inconstitucionalidad de esa Ley.
Este detalle fue determinante para que, días atrás, el Superior Tribunal de Justicia entrerriano se expidiera sobre el caso y desestimara los anteriores fallos: no podían imponerse otras distancias sin invalidar antes la norma vigente, expresó la autoridad, dándole un espaldarazo a la ley provincial.

Hasta aquí lo sucedido en los tribunales, sobre lo que Rosso esboza una lectura particular: “Sabemos bien que esto fue una decisión meramente política”.
Y no lo dice sólo por una aparente negociación que, según denuncian, habría mantenido el gobernador Rogelio Frigerio con la máxima autoridad judicial justo antes del fallo. Sino incluso por una decisión anterior: la de unificar su causa con la de la familia de Aldea Salto.
Y es que, mientras los vecinos presentaban su amparo colectivo, un padre de una nena de 10 años, Gerardo Ariel Gareis, denunciaba que su hija estaba afrontando problemas de salud por las aplicaciones alrededor de su casa. Colecta mediante, cubrieron los costos de los estudios de genotoxicidad en Córdoba y, con esas pruebas, también iniciaron una denuncia con la misma abogada, Aldana Sasia, del Foro Ecologista de Paraná.
Naturalmente, la Justicia decidió unificar ambas causas, a lo que ellos se opusieron. “Por cómo estaba planteado el caso de ellos y cómo estaba planteado nuestro caso, entendíamos que podía perjudicar la resolución, y así fue”, señaló Rosso.
El peor precedente posible: La Corte Suprema dejó firme la prohibición de aplicar agroquímicos a menos de 1000 metros de Sastre y abre la puerta a reclamos similares

Pero aquello ya es historia. Agotadas las instancias provinciales, los denunciantes se juegan la última carta, la de la Corte Suprema de Justicia. La misma que, semanas atrás, decidió no dar lugar al reclamo por el caso de Sastre y Ortiz y, por ende, sentar precedente sobre límites a aplicaciones.
“Decidimos hacerlo porque no podemos resignar nuestros derechos humanos. No importa lo que tengamos que hacer ni los costos que tengamos que afrontar, pero tenemos que ir, porque a nosotros ya no nos queda duda de que esto que denunciamos es real”, afirmó Rosso que asegura que el objetivo será restituir las medidas de exclusión que rigieron los últimos años.
Días atrás, y tras protestar contra la decisión de los jueces, Gareis pidió al propio tribunal que reconsiderara el rechazo del amparo de su hija, por entender que la decisión contrariaba las constancias médicas y científicas de la causa. Pero el STJ rechazó esa revocatoria “in extremis”, argumentando que no advertía un error que justificara esa revisión excepcional y que el demandante todavía podía recurrir a la vía federal. La que ahora preparan.

“Entendemos que es una decisión política y por eso decidimos organizarnos. Igual sabemos que esto no es inmediato, que no nos van a otorgar las medidas de manera urgente y que, mientras tanto, estamos expuestos”, expresó Rosso, que asegura que en Aldea Salto, donde vive la otra familia, ya recibieron avisos de aplicaciones en los alrededores.
Esa es una medida que contempla la propia ley, mediante la cual, al ingresar la receta fitosanitaria, se emite una alerta para que los vecinos estén al resguardo mientras se realiza la tarea. “Las medidas igualmente no existen, porque no te podés proteger del todo”, apunta Ximena, que no considera que las acciones que impulsa puedan complicar a la actividad económica de su región.
“Existen alternativas para seguir produciendo en esos espacios que son de exclusión total, porque no es exclusión de producir, es exclusión de aplicar. No se puede producir a cualquier costo, pero es una discusión que políticamente no quieren dar”, concluyó.
Fotos: El Once