Silencios y ocultamiento: una visita guiada a la Legislatura bonaerense

Con buenas intenciones, y cierto candor, docentes de escuelas primarias y secundarias suelen llevar a sus alumnos a visitar la Legislatura bonaerense. Les prometen una excursión al palacio en el que se elaboran las leyes, se debaten propuestas ciudadanas y se votan cosas tan importantes como el presupuesto de la provincia o los pliegos de designación de jueces. Si un día, en medio de esas recorridas, alguien les contara lo que ocurre entre bambalinas, los maestros tendrían que salir corriendo a hacer la denuncia penal.Detrás de esa fachada palaciega, la Legislatura de la provincia de Buenos Aires ha cobrado la apariencia de una madriguera; podría verse como una especie de “aguantadero” en el que se protege la corrupción. No es una conjetura, es un hecho: a escondidas, disimulado dentro de un paquete burocrático de expedientes y números de resolución, la Cámara de Diputados decidió archivar los pedidos de la Justicia para investigar la designación de empleados fantasma y el entramado de ñoquis que reveló el caso de Chocolate Rigau. Todo ha sido tan obsceno que un juez se ha visto obligado a denunciar por presunto encubrimiento a las autoridades legislativas.Hace exactamente tres años, cuando una noche –casi de casualidad– la policía detuvo en un cajero automático de La Plata a un señor, Chocolate Rigau, que operaba con 48 tarjetas de débito y embolsaba plata de personas a las que la Legislatura les depositaba un sueldo, se corrió el velo sobre un mecanismo que funcionaba desde hacía décadas y que tal vez nunca haya dejado de funcionar. Se supo, así, que una parte del presupuesto legislativo hacía un “rulo” para formar una caja negra que todavía no se sabe bien cómo se distribuía. La Legislatura contrataba a personas que no trabajaban y sus sueldos eran cobrados, de madrugada, por un puntero que después repartía el botín. Los 48 ñoquis de Rigau serían apenas la punta del iceberg.La fiscal que investiga esa trama había pedido algo elemental: que le informaran los nombres de los legisladores que impulsaron las designaciones de aquellas personas cuyos sueldos eran cobrados por Chocolate. Primero ignoraron la solicitud, después la “cajonearon” y, por último, la mandaron al archivo. Podría leerse como un abierto desafío: no vamos a colaborar con la investigación; no haremos nada que permita esclarecer los hechos y, mucho menos, escalar en la línea de responsabilidades. Les faltó decir lo obvio: “Acá, la corrupción se protege”. Esta semana, sin embargo, emitieron un comunicado en el que niegan que haya sido un ocultamiento y se refugian en la independencia de poderes para rechazar la denuncia de encubrimiento. Ese texto, sin embargo, también tiene algo de confesión: apela a tecnicismos y vericuetos reglamentarios, sin condenar una sola vez la corrupción estructural que quedó expuesta con el mecanismo de los empleados fantasma y sin asumir ningún compromiso con la transparencia institucional; el archivo fue convalidado “mediante una decisión soberana del cuerpo. No se puede perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, dijeron con la firma de Unión por la Patria, Pro, la UCR y La Libertad Avanza. Sin fisuras.La votación que mandó todo al archivo hay que mirarla en un contexto más amplio. La Legislatura provincial maneja, con rampante discrecionalidad, un presupuesto de más de mil millones de pesos por día: es una partida anual de $379.000 millones para una estructura bicameral de 138 legisladores (92 diputados y 46 senadores). En el caso del Senado, que absorbe el 41% del presupuesto, la cuenta arroja un costo, por cada senador, de $3395 millones por año, o más de 9 millones de pesos por día. Las cifras pueden resultar gélidas y abrumadoras, pero dan una idea de la magnitud que involucra el sistema de becas, contratos, subsidios y otros resortes que manejan los legisladores sin que exista prácticamente una rendición de cuentas. A eso se suman “adicionales” de la dieta, que hacen que los ingresos personales de un diputado o senador provincial por lo menos tripliquen los de sus pares nacionales. En la Legislatura los llaman “módulos”: los eufemismos siempre ayudan a nombrar lo inconfesable.Tres años después de haber estallado el escándalo Chocolate, solo están detenidos el propio Rigau junto a Claudio y Facundo Albini, un exfuncionario legislativo y un exconcejal massista, que en realidad cumplen prisión domiciliaria a la espera de un juicio oral. ¿Qué hizo la Legislatura? Nada. Ni una comisión investigadora, ni una auditoría interna, ni una sesión dedicada a discutir el tema. Tapar y seguir, esa ha sido la consigna.El caso Chocolate podría haber marcado un punto de inflexión, una especie de mani pulite bonaerense que desmantelara un sistema completamente viciado. Pero para eso habría hecho falta una fuerte reacción política e institucional que ha estado muy lejos de producirse. El gobernador Axel Kicillof decidió mirar para otro lado. Hasta ahora no se le escuchó decir una sola palabra sobre las corruptelas de una Legislatura que, además, ha acentuado su parálisis, con una producción legislativa cada vez más escasa y una chocante desinhibición para convertir cualquier negociación en un toma y daca por cargos y privilegios.Los partidos también han preferido callar. Funciona, en las entrañas de la Legislatura, una suerte de pacto de silencio que atraviesa a casi todas las fuerzas políticas. Solo una voz aislada y débil de una fuerza marginal se alzó contra la votación, entre gallos y medianoche, de ese paquete en el que se coló el archivo de los pedidos judiciales para conocer “la ruta de los ñoquis”. Fue la de Christian Castillo, un sociólogo bohemio, militante de la izquierda dura, al que se le pueden imputar extravagancias ideológicas, pero todos le reconocen una decencia intachable.El procedimiento con el que se tomó esa decisión también forma parte de un modus operandi. En la Legislatura provincial se vota con gestos, a mano alzada, que es una forma de no dejar rastros. Siempre es muy difícil, si no imposible, reconstruir cómo se pronunció cada legislador. La votación nominal es excepcional; el tablero electrónico no existe; la prensa no puede seguir las sesiones desde el recinto. Todo parece diseñado para acentuar la oscuridad de una institución que hoy vive bajo sospecha.Es cierto que los cuerpos legislativos muchas veces son víctimas de un prejuicio y un estigma. Desde una mirada antipolítica, suelen asimilarse las bancas con poltronas de privilegio y medir la productividad de un legislador por la cantidad de sesiones o de proyectos presentados, que pueden ser indicadores engañosos. En cualquier congreso, legislatura o concejo deliberante hay un trabajo invisible que constituye un engranaje fundamental del sistema democrático. Sin embargo, la Legislatura bonaerense se ha empeñado en alimentar y justificar esa mirada. Cada vez luce más desconectada de los problemas ciudadanos; prácticamente no sesiona, pero tampoco hay noticias sobre el trabajo en comisiones. En lo que va de este año, la Cámara de Diputados solo sesionó cinco veces; el Senado, apenas tres. Pero la agenda legislativa es cada vez más endogámica e insustancial. Ni el ciudadano bonaerense más informado podría identificar un debate legislativo que haya instalado propuestas novedosas en una provincia atravesada por una crisis demográfica y un profundo deterioro de los sistemas de educación, seguridad y salud. Solo se han agitado proyectos como los de la reelección indefinida de intendentes o la ampliación de cargos en el directorio del Banco Provincia.Basta mirar el organigrama de autoridades de ambas cámaras para identificar esa lógica autorreferencial y burocrática que apunta a “manejar la caja” sin preocuparse por la transparencia, la austeridad y el aceitado funcionamiento institucional. Ejercer una vicepresidencia, tanto en Diputados como en el Senado, implica un mayor acceso a la torta de contratos, becas y subsidios. Se explica, así, que cada una de las cámaras de la provincia tenga seis vicepresidencias, cuando en el Congreso nacional solo existe la mitad. ¿Alguien conoce una institución, desde un club de barrio hasta una asociación profesional, que tenga seis vicepresidentes? El dato no responde, por supuesto, a las necesidades del cuerpo legislativo; mucho menos de los ciudadanos. Es doloroso decirlo, pero responde a una cultura política basada en la repartija, en el manotazo y en la opacidad como pacto de convivencia.El problema no queda encapsulado en esa manzana de La Plata en la que funciona la Legislatura. Hay una conexión, que muchas veces cuesta identificar, entre los desmanejos de ese poder del Estado y la corrupción general que se ha enquistado en sectores de la política. ¿Cuánta distancia hay entre “la caja” que alimentaba Chocolate Rigau y el vestidor lleno de dólares de Insaurralde y Cirio? Es una pregunta que todavía la Justicia no ha logrado contestar. ¿Qué parentesco cultural existe entre el ocultamiento de pruebas en la Legislatura y las maniobras para ocultar el viaje en avión privado a Barbados de una senadora provincial, como es Malena Galmarini, junto a su marido, Sergio Massa? Detrás de todo eso hay, además, un modelo que irradia hacia la sociedad. ¿Qué idea de trabajo y de militancia se les propone a esos “contratados” cuyas tarjetas de débito manejaba Chocolate? ¿Se les promete que un día se jubilarán de ñoquis?Hay otras preguntas que la política bonaerense no responde: ¿qué relación hay entre el despilfarro presupuestario de la Legislatura y la falta de tomógrafos en los hospitales o los patrulleros rotos en el conurbano? Una vicepresidencia en el palacio legislativo maneja más recursos que un distrito pobre del Gran Buenos Aires. Quizá sea eso lo que explica que el eterno intendente de José C. Paz, Mario Ishii, se haya tomado una licencia en el municipio que maneja desde hace 17 años para asumir como vicepresidente primero del Senado provincial.La Justicia, con obstáculos y