¿Mantendrán el acuerdo? Pese a la baja vacunación contra el Covid, la Argentina aún debe recibir casi 8 millones de dosis de Pfizer

La Argentina todavía tiene pendiente recibir cerca de 8 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 de Pfizer, comprometidas en los contratos firmados durante la pandemia. El problema es que el escenario cambió. Cinco años después de la emergencia sanitaria, el interés por los refuerzos cayó de manera marcada y el país mantiene un compromiso por millones de dosis que hoy difícilmente tengan el mismo nivel de uso. ¿Cómo resolver, entonces, una compra pensada para una realidad sanitaria que cambió drásticamente?Los números muestran la magnitud de esa diferencia. Según datos del Registro Federal de Vacunación Nominalizado (Nomivac), desde octubre de 2025 hasta la actualidad se aplicaron 271.311 dosis de la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en todo el país.El contraste se vuelve más evidente al observar lo que ocurrió con el último cargamento. En octubre de 2025, ingresaron al país cerca de 1.000.000 de dosis de Pfizer, según información recabada por LA NACION. Desde entonces, las aplicaciones representan menos de un tercio de esa cantidad, un signo que muestra cuánto se redujo el ritmo de vacunación.El Covid, de todos modos, no desapareció. El SARS-CoV-2 continúa circulando y la vacunación sigue siendo una herramienta de prevención, especialmente para quienes tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves, como los adultos mayores y las personas con determinadas enfermedades de base. Los acuerdos que la Argentina celebró con Pfizer fueron firmados durante la gestión de Alberto Fernández. En 2020, el Gobierno argentino había avanzado primero con otros proveedores, entre ellos AstraZeneca y la vacuna rusa Sputnik V. El contrato con la compañía estadounidense se concretó recién en 2021, cuando el país ya había atravesado algunas de las etapas más críticas de la emergencia sanitaria. En aquel momento, asegurar millones de vacunas adicionales era una prioridad. El primer acuerdo con Pfizer, firmado el 16 de agosto de 2021, contempló la adquisición de 20.080.710 dosis, a un precio de US$12 cada una. Ese volumen terminó de ingresar al país en febrero de 2022. A comienzos de ese año, el Gobierno celebró un segundo acuerdo por otras 18,5 millones de dosis, entre ellas 5 millones pediátricas.A medida que cambió la situación epidemiológica y disminuyó el interés por recibir nuevos refuerzos, el cronograma previsto inicialmente fue modificándose. Aun así, quedarían por recibir cerca de 8 millones de dosis, por un valor que se aproxima a los 100 millones de dólares. El último plazo previsto para completar esas entregas sería noviembre de 2027.Ese horizonte abre un interrogante: ¿qué hacer con una compra diseñada para un contexto sanitario muy diferente del actual? Una posibilidad sería volver a extender el calendario. Otra alternativa, que comenzó a circular entre personas vinculadas a la industria, es reemplazar al menos una parte de las vacunas por otros medicamentos de Pfizer que puedan tener mayor utilización dentro del sistema de salud.Sin embargo, ante una consulta de LA NACION, la compañía negó la posibilidad de impulsar una modificación en dicho contrato. “Pfizer confirma que su acuerdo vigente con el Gobierno de la Argentina para el suministro de vacunas contra la COVID-19 continúa en vigor y sin modificaciones”, respondió.La farmacéutica agregó que el virus continúa circulando y todavía puede representar riesgos importantes, especialmente para adultos mayores y personas con condiciones médicas subyacentes. También señaló que las autoridades sanitarias siguen enfatizando la importancia de la prevención y de mantener actualizados los esquemas recomendados de acuerdo con los factores de riesgo individuales.Desde el Ministerio de Salud de la Nación fueron aún más categóricos ante la consulta de LA NACION, y desmintieron las versiones mencionadas: “No hay cambios en el contrato ni tratativas”.Por ahora, no existe ninguna modificación reconocida oficialmente por las partes. Los acuerdos firmados durante la pandemia entre el Estado y los laboratorios contienen, además, cláusulas de confidencialidad, lo que limita el acceso público a parte de sus condiciones comerciales y a eventuales conversaciones para modificarlas.La cuestión tiene también un componente económico. Los cerca de US$100 millones correspondientes a las vacunas que todavía restan recibir representan un compromiso asumido por el Estado. Con el nivel actual de aplicaciones, el desafío es evitar que ingrese una cantidad muy superior a la que efectivamente pueda utilizarse.