Juezas abolicionistas desenmascaradas

En febrero pasado, el Congreso Nacional aprobó la demorada ley nacional que estableció la baja de la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años, con vigencia a 180 días de su publicación acaecida en marzo pasado, buscando dar tiempo para adecuar la capacidad de los institutos de menores y las dotaciones de organismos intervinientes. La nueva norma establece finalmente que los menores juzgados por cometer delitos pueden ser condenados a una pena máxima de 15 años de prisión.Apenas 48 horas después de que comenzara a regir, la jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió su aplicación por 60 días en la provincia de Buenos Aires, sin declarar su inconstitucionalidad. Mirta Guarino, magistrada del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, dictaminó razonablemente que el fallo en cuestión carecía de efecto en otras jurisdicciones, ante el alevoso silencio del gobernador Axel Kicillof.Unos días después fue el turno de la jueza Laura De Marinis, del Juzgado Nº 3 en lo Penal Juvenil de la Ciudad de Buenos Aires, quien sobreseyó a un menor detenido en flagrancia por un intento de robo, yendo aún más lejos que su colega al resolver que la nueva ley era inconstitucional para ese caso concreto.Pascual se expidió en contra de medidas de encierro para menores para evitar hacinamientos. La decisión llegó ante un pedido de habeas corpus colectivo presentado por una organización en favor de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense, alertando sobre posibles incrementos de los niveles de inseguridad y violencia. Lejos de pensar en acomodar estructuras a las nuevas necesidades, ella propuso retrotraer lo dispuesto por la ley.Con la firma de los jueces Miguel Navascues y Miguel María Alberdi, la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, revocó el inconcebible fallo de la jueza Pascual luego de la apelación del fiscal Hernán Ceruti, que lo calificó de extralimitación. “Está vedado a los jueces analizar el acierto o la inconveniencia de las leyes, habida cuenta de que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo”, afirmaron. Con toda lógica, la resolución revocatoria aclaró que, ante una eventual situación que agravara las condiciones de encierro, será potestad del juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido decidir qué medidas tomar.Las declaraciones de Pascual en sus cinco minutos de fama no dejaron lugar a dudas, tampoco aquellas sacadas del archivo. Mostrándose supuestamente a favor de la baja de edad de imputabilidad, aunque públicamente se define como “garantista”, pretende esperar a que se instauren los mecanismos que permitan implementar la ley, avalando así también las demoras del gobernador en la adecuación institucional necesaria. Claro exponente de una justicia zaffaroniana que libera el camino a la impunidad de criminales y asesinos de toda edad.Con una larga carrera judicial, De Marinis ya había saltado a los medios en 2023 cuando dejó sin efecto la prisión domiciliaria impuesta luego de una condena de cuatro años y seis meses de prisión para el violento agresor de un playero de estacionamiento que alcanzó alto impacto público, argumentando que bastaba la tobillera para garantizar su geolocalización. Su reciente fallo planteó que la nueva normativa penal resulta regresiva y que vulnera tratados internacionales, destacando la obligación del Estado de ampliar las garantías de las infancias y sumando incluso supuestas conclusiones neurocientíficas sobre una corteza cerebral que no permitiría a los adolescentes comprender las consecuencias de sus actos. “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos”, expresó. Tal como venía haciendo y surge de su producción académica, privilegió medidas restaurativas y reservó el encierro como último recurso, llamando la atención sobre episodios de violencia institucional contra menores.El Ministerio Público Fiscal apeló este fallo; el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, anticiparon que pedirán el juicio político de la magistrada.Además de duros cuestionamientos públicos, incluida una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia, la jueza Pascual recibió al menos tres pedidos de juicio político presentados en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, habida cuenta del disparate de pretender suspender en una jurisdicción los efectos jurídicos de la aplicación de una ley nacional sancionada por ambas cámaras del Congreso Nacional.Ningún juzgado puede estar a cargo de magistrados que tiñen ideológicamente el derecho y las leyes de manera tan grosera. Tampoco pueden sus decisiones quedar impunes, para evitar sentar peligrosos precedentes de complicidad funcional.Frente al clima de violencia que reina en la provincia de Buenos Aires, con más de 65 mil robos en el primer semestre y una larga secuencia de víctimas, la flamante ley llegó para intentar dar respuesta a los reclamos de una sociedad jaqueada por alarmantes estadísticas que cuestionan la ausencia de una auténtica política de seguridad por parte del gobierno de Kicillof. En la ciudad, Jorge Macri se jacta de haber asumido un manejo distinto que condujo a una reducción del delito y promete enfrentar a quien pretenda obstaculizar este objetivo. Hoy recibe cuestionamientos por los acuerdos establecidos con el peronismo para la designación de jueces como De Marini.Una vez más, la convergencia de estas dos magistradas de eufemísticos discursos revela que el mal llamado garantismo, más propio de una concepción abolicionista, que imperó por años en buena parte de la estructura legislativa y judicial del país sigue más vivo que nunca, pretendiendo imponer una política criminal que desatiende a las víctimas y protege al delincuente. Ha llegado el tiempo de desenmascarar las verdaderas intenciones detrás de estas posiciones para dejar en claro de qué lado se está.