Ley de Semillas: Un funcionario de Milei anticipa acuerdos por Instagram frente a una Mesa de Enlace que esta vez no se deja llevar de las narices

El Instagram personal del presidente del Instituto Nacional de Semillas (INASE), Martín Famulari, es una delicia: si usted se apura a mirarlo antes de que posiblemente lo cierre, notará de inmediato cómo este ingeniero agrónomo hace un esfuerzo muy evidente para que la industria semillera y las entidades de productores agropecuarios lleguen a un acuerdo que él mismo, como parte del gobierno, no ha podido lograr en torno a la actualización de la Ley de Semillas.
Es tanta la urgencia que suena casi a una súplica, O incluso peor, podría confundirse con un apriete. O arreglan o se pudre todo.
El propio concuñado de Agricultura, Sergio Iraeta, forma parte de este operativo de “presión” a los actores del sector privado para que hagan lo que el Estado Argentino no pudo hacer durante varias décadas y muchos gobiernos diferentes: actualizar la vieja ley de Semillas de 1973 para incorporar cláusulas que defiendan la propiedad intelectual de los obtentores de nuevas variedades sin a la vez lesionar los derechos de los productores. “Las conversaciones están sumamente avanzadas”, dijo el secretario el último fin de semana en Jesús María.

Pero lo de Famulari en su IG es mucho más explícito y desfachatado. Al ratificar que está muy próximo un anteproyecto de ley para elevar al Congreso este mismo año y aprobarlo antes de noviembre -como le han exigido al equipo de Agricultura sus superiores en el gobierno-, el titular del INASE explicó que “la única manera que teníamos de lograr que esto suceda es con el consenso. Entonces, decidimos abrir el juego a a toda la cadena productiva argentina, juntamos semilleros, productores, gremiales, asociaciones técnicas, y les pedimos que nos ayuden a buscar la mejor ley entre todos”.
En diferentes posteos que él mismo publica, y que lo muestran dando una entrevista al canal Neura o bien hablando a público en la reciente convención de la AmCham (la cámara de comercio estadounidense), Famulari insiste que “el tema hoy que tenemos que tenemos que terminar de definir es el Uso Propio, que por suerte lo dejamos en manos del sector. Nosotros dimos marco, pero (los privados) están trabajando solos y tienen que decidir qué es lo mejor para Argentina en Uso Propio. Podrán hablar de tiempo, podrán hablar de superficie, podrán hablar de de lo que quieran hablar, pero es el tema más candente”.


 










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Traducidas a la realidad, las expresiones del funcionario que tiene a su cargo la política en materia de control de semillas son mucho más sencillas de entender: Serían algo así como “nosotros no pudimos hacer nada y por eso más vale que entre ustedes, semilleros y productores, se pongan de acuerdo y nos traigan un proyecto de ley cerradito con moño”.
¿Por que tanta urgencia si hace veinte años que no se puede lograr ese consenso que ahora reclama el gobierno? Pues sencillamente porque este respeto a la propiedad intelectual en semillas es algo que ha exigido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a su par argentino Javier Milei, antes de darle su apoyo activo para que pudiera sortear las elecciones de medio término, en octubre de 2025.
Aunque es un reclamo generalizado del sector semillero, la exigencia para que se respeten de mejor modo los derechos de los obtentores de nuevas semillas es muy cara a los intereses de empresas de ese país. Y por eso la promesa argentina fue adherir al convenio internacional UPOV 91, que define ese marco y habilita a las semilleras a llevar a tribunales los pleitos con productores que eventualmente se abusen de ellas.
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Milei prometió a Trump la UPOV 91 e incluso ese punto se puso por escrito en el trazo grueso del acuerdo de libre comercio sellado entre ambos países. Y es por eso mismo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, no pierde posibilidad de hablar de la propiedad intelectual en semillas cada vez que puede. Aunque acumula sonoros fracasos en sus ofensivas, especialmente cuando deben pasar por el Congreso, ese funcionario insiste que debe cumplirse con la palabra empeñada ante la Casa Blanca.
Pero acá eso no pasa fácilmente por el Congreso y, además, la Mesa de Enlace estuvo muy astuta al anteponer a esa imposición de los Estados Unidos (aceptada sin disimulo por Milei y su ministro favorito) un proyecto propio de reforma de Ley de Semillas, que incluso contó con el acompañamiento de las entidades tecnológicas de productores, como los Grupos CREA y Aapresid.
Con ese frente unido de productores que no quieren dejarse avasallar en sus propios derechos, resulta muy improbable que los diputados y senadores de provincias agrícolas (como las de la Región Centro) le presten esta vez su voto al gobierno.
Y allí van entonces el concuñado Iraeta y el titular del INASE, Famulari, que se ven entrampados en medio de la presión de los jefes libertarios por cumplir el reclamo de Estados Unidos (y de sus grandes empresas semilleras, como Stine, Pioneer, Corteva o incluso Bayer, que pese a ser de origen alemán ahora debe administrar las patentes de la vieja Monsanto) y la posibilidad de una derrota resonante en el Congreso, si es que allí se decide avanzar con la adhesión argentina a UPOV 91 aún en contra de la voluntad de la Mesa de Enlace.
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Sería, en mucha menor escala, una 125 propia para Milei y Sturzenegger. Sería un enorme papelón. Por eso los funcionarios de Agricultura hacen votos públicamente para que los privados sean capaces de anudar un anteproyecto de ley de Semillas y les resuelvan el entuerto. Imploran un acuerdo, y en la desesperación por lograrlo, casi hasta que extorsionan. Ojito que si no…
Los dirigentes rurales son conscientes de esta posibilidad de colisión legislativa, pero también perciben lo que es una visible debilidad de la posición oficial, que esconde una fenomenal hipocresía. Como bien dijo a Bichos de Campo uno de ellos: “Cuando los libertarios saben que pueden imponerse, no nos consultan nada y sencillamente imponen. Pero ahora que dudan, nos transfieren el problema a nosotros para que lo resolvamos y hablan de consensos”.
Por eso en esta discusión, a diferencia de lo que sucedió con muchos otros tópicos donde suelen bajar cabeza (especialmente en materia de retenciones), las entidades gremiales se han hecho fuertes en la negociación con la industria semillera, que no prospera. Mejor dicho, que ha prosperado hasta un punto importante, que ha sido definir que el Uso Propio (que es el que permite al agricultor usar las semillas de su propia cosecha si ha pagado inicialmente por esa tecnología) será oneroso salvo para cierto segmento de productores que gozarán de una “excepción”.
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Es en el tamaño de dicha excepción donde están trabadas las conversaciones hasta el momento. Obviamente, las semilleras quieren reducirla al máximo posible y los dirigentes rurales buscan ampliarlo para que cubra a la mayor parte de las empresas tradicionales. Lo que esta claro es que la difícil línea a trazar se basará en los datos que surgen del SISA (Sistema de Información Simplificada Agrícola), donde los agricultores declaran a la ex AFIP sus siembras y cosechas una vez cada año.
Pero nada está muy claro todavía, y esa es la información precisa.
Lo que sí tienen claro los dirigentes rurales es que el sorprendente despliegue de declaraciones de los funcionarios -incluso utilizando sus redes sociales- se parece mucho más a un sutil modo de presión que a cualquier otra cosa. Trabajan, en definitiva, muy alineados con las grandes semilleras. Avisan: “arreglen que les conviene y nosotros necesitamos una ley antes de fines de noviembre, para que no se enojen Milei y Sturzenegger”.