Sueños Compartidos: condenaron a José López, a los hermanos Schoklender y absolvieron a Julio de Vido por el plan de viviendas

El Tribunal Oral Federal N°5 condenó hoy al exsecretario de Obras Públicas José López a 2 años y nueve meses de prisión; al exsubsecretario Abel Fatala a 2 años y nueve meses; a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a dos años y ocho meses y dos años y cuatro meses, respectivamente, por el desvío de más de 206 millones de pesos que el Estado había girado para construir viviendas sociales a través del programa Sueños Compartidos.El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto. Los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg también resolvieron sobre la situación de los otros cuatro imputados: los exfuncionarios santiagueños Daniel Alfredo Nasif y Silvia Karina Nasif, y los exfuncionarios de Planificación Federal Claudio Freidin y Carlos Castellano, a quienes condenaron a X años como partícipes secundarios.El veredicto se leyó hoy en Comodoro Py al filo de la prescripción del caso, pues según la fiscalía, este martes se cumplen seis años desde el último acto interruptivo válido y la acción penal habría quedado extinguida. El tribunal rechazó los planteos de prescripción de las defensas. El fiscal Diego Velasco y la Unidad de Información Financiera, como querellante, habían reclamado la pena máxima prevista para el delito de seis años de prisión, más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para De Vido, López, Fatala y los dos Schoklender, a quienes acusaron de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública. Para los otros cuatro imputados, considerados partícipes secundarios, el pedido había sido de cuatro años. La acusación reclamó además el decomiso de los 206 millones de pesos, actualizados por inflación al momento en que la condena quede firme, con destino a programas de vivienda social.El expediente se abrió en 2011, cuando estalló la pelea entre los Schoklender y Hebe de Bonafini, y recién llegó a debate oral el 4 de marzo de este año.Hubo seis meses de audiencias para una causa que lleva quince años. Se investigó el destino de los fondos que el Estado nacional giró entre 2008 y 2011 a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, por convenios firmados con el Ministerio de Planificación que conducía De Vido, para levantar viviendas y centros de salud en distintas provincias. De los casi 748,7 millones de pesos que administró la fundación, la acusación sostuvo que 206,4 millones fueron desviados hacia empresas vinculadas a los apoderados.En su alegato, Velasco describió un “plan criminal” diseñado desde el Estado nacional en coordinación con los responsables del programa: las obras se adjudicaron en forma directa, sin licitación, a la fundación, y desde allí los Schoklender derivaron parte del dinero a sociedades propias. La representante de la UIF, Marianela Teich, habló de una “arquitectura delictiva” montada sobre la contratación pública.Los abogados de los nueve imputados pidieron la absolución y, en la mayoría de los casos, plantearon la prescripción. Sostuvieron que el último acto interruptivo fue la citación a juicio del 8 de julio de 2020 y que desde entonces se agotó el plazo máximo de seis años. La fiscalía respondió que el plazo vencía recién mañana y que el beneficio no puede alcanzar a quienes siguieron desempeñándose como funcionarios públicos. La defensa de De Vido agregó que el exministro no intervino personalmente en las maniobras; la de López cuestionó los peritajes y negó que se hubiera probado un acuerdo criminal entre funcionarios y administradores de la fundación.En la audiencia del viernes pasado, el único que hizo uso de sus últimas palabras fue Sergio Schoklender, que defendió la ejecución del programa habitacional y deslizó una ironía dirigida a Cristina Kirchner.Dijo que no iba a sostener, “como decía la loca, que la historia me va a absolver”. De Vido, López, Fatala y Pablo Schoklender desistieron de hablar.Hebe de Bonafini estuvo procesada en el expediente hasta su muerte, en noviembre de 2022, y nunca llegó a sentarse en el banquillo. En 2019, el juez Marcelo Martínez de Giorgi había sobreseído a otros 25 imputados, entre ellos exgobernadores que firmaron los convenios y la hija de Bonafini, al considerar que las provincias y los municipios habían tenido un rol inerte frente a la exigencia nacional de contratar a la fundación.Las defensas anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal, de modo que ninguna pena quedará firme por ahora. Por el desvío de estos fondos queda pendiente un segundo tramo, por lavado de dinero, que sigue la ruta del dinero hacia las empresas de los Schoklender.