El cementerio de la Chacarita podría sumar un servicio inédito: qué propone un proyecto para despedir a las mascotas

La Ciudad de Buenos Aires podría contar con un servicio público para la cremación de animales de compañía, con sede inicial en el Cementerio de la Chacarita, posibilidad de recuperar las cenizas y un esquema de aranceles regulados. La iniciativa, sin embargo, todavía no fue aprobada por la Legislatura porteña: se encuentra en tratamiento en comisiones y sus impulsores buscan que llegue al recinto.“Está siendo tratado, no está aprobado. Nosotros hemos pedido su tratamiento urgente, pero hasta ahora el oficialismo se negó”, confirmó a LA NACION la legisladora Graciela Ocaña, una de las autoras de la iniciativa. Según explicó, el expediente estuvo incluido en el plan de labor, una circunstancia que pudo haber generado confusión sobre su estado parlamentario, pero finalmente no tuvo tratamiento durante la sesión.El proyecto, presentado por Ocaña junto con el legislador Emanuel Ferrario, propone crear el Servicio Público de Cremación de Animales de Compañía con el objetivo de garantizar un tratamiento “digno, respetuoso y sanitariamente adecuado” de sus restos en el ámbito porteño. Si la iniciativa avanza y finalmente es sancionada, el Poder Ejecutivo deberá determinar qué organismo será la autoridad de aplicación. Entre sus funciones estarán la implementación, administración y supervisión del sistema; la fijación y actualización de los aranceles; la celebración de convenios con organizaciones rescatistas; la coordinación de las condiciones sanitarias y ambientales; la organización de los turnos y la publicación de informes periódicos sobre el funcionamiento de la prestación. Chacarita, el punto de partidaEl proyecto establece que el servicio comenzaría a funcionar en el Cementerio Público de la Chacarita, aunque contempla la posibilidad de extenderlo posteriormente a otras instalaciones que determine la autoridad de aplicación. Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la posibilidad de recuperar las cenizas de los animales. En los fundamentos, los autores plantean que actualmente la Ciudad no cuenta con un servicio público específico para el tratamiento de los restos de animales de compañía y señalan que, ante la muerte de un perro o un gato, las alternativas se concentran en prestaciones privadas o en otros mecanismos que no necesariamente contemplan las necesidades sanitarias y el vínculo afectivo. El documento sostiene que la cremación permite una disposición sanitariamente adecuada de los restos y reduce los riesgos asociados a otras modalidades. También señala que posibilita la eventual recuperación de las cenizas por parte de los responsables del animal.La elección de Chacarita como primera sede tampoco es casual. En los fundamentos se señala que el cementerio ya cuenta con experiencia institucional, una ubicación considerada adecuada y capacidad para funcionar como punto inicial del sistema, sin necesidad de desarrollar una estructura completamente nueva. La iniciativa incorpora además la creación de un espacio de memoria y homenaje en Chacarita y en cada instalación donde eventualmente se implemente el servicio. Allí, los responsables de los animales podrían depositar sus cenizas o realizar actos de despedida. Los turnos podrían solicitarse tanto por medios digitales como de manera presencial. El proyecto establece que, al momento de asignarlos, deberían contemplarse distintos criterios de prioridad: la antigüedad del pedido, razones sanitarias, situaciones de vulnerabilidad y las necesidades de las organizaciones rescatistas que desarrollen su actividad en la ciudad. En caso de aprobarse, la prestación quedaría además alcanzada por la ley 4.977, que establece el régimen jurídico y el poder de policía en materia mortuoria en los cementerios de la Ciudad. El proyecto remite a esa norma según su texto consolidado por la ley 6764 y al resto de la normativa aplicable. Un esquema con bonificaciones y gratuidadEl proyecto plantea un sistema arancelado, aunque incorpora mecanismos para reducir o eliminar el costo en determinadas situaciones. Los valores no están establecidos en el texto: si la iniciativa se convierte en ley, será la autoridad de aplicación la encargada de fijarlos y actualizarlos de acuerdo con principios de “accesibilidad y sostenibilidad”. Para las organizaciones rescatistas, la propuesta establece un régimen específico. La autoridad de aplicación debería celebrar convenios con aquellas que trabajen en territorio porteño para otorgar bonificaciones sobre el costo de las cremaciones. También se contempla la posibilidad de que el servicio sea gratuito en dos situaciones. Una comprende a los animales sin identificación ni responsable conocido que sean recogidos de la vía pública de la ciudad por las autoridades competentes, organizaciones rescatistas o personas rescatistas. La segunda alcanza a los animales fallecidos cuyos responsables puedan acreditar una situación de vulnerabilidad social y residencia en la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, los criterios específicos para acceder al beneficio quedarían sujetos a una futura reglamentación, siempre que el proyecto sea aprobado. En los fundamentos, los autores explican que la combinación de aranceles regulados, bonificaciones y gratuidad busca evitar que la capacidad económica sea el único factor que determine la posibilidad de acceder a la prestación. Allí se menciona particularmente a personas en situación de vulnerabilidad, animales sin responsable conocido y organizaciones dedicadas al rescate y protección animal. Una alerta ante posibles casos de maltratoEl proyecto incorpora otro aspecto que excede la cremación de los restos: la eventual detección de casos de maltrato animal. El servicio debería cumplir con las condiciones sanitarias correspondientes y considerar las causas de muerte del animal y la existencia de posibles irregularidades.Si durante ese proceso el personal interviniente detectara indicios de maltrato o una muerte ocurrida en circunstancias sospechosas, tendría la obligación de comunicarlo inmediatamente a las autoridades competentes. Solo si obtiene la aprobación de la Legislatura comenzará una etapa posterior en la que el Poder Ejecutivo deberá definir la autoridad de aplicación y avanzar con la reglamentación necesaria para instrumentar el sistema. Hasta entonces, cuestiones como los aranceles, los requisitos operativos y la puesta en funcionamiento efectiva de la prestación permanecen sin definir.