Educación: un problema que excede a la política y debe resolver la sociedad

“La educación debe ser un bien público, inapropiable para cualquier sector”, señaló en un artículo de opinión, allá por el año 2006, en pleno debate sobre la Ley Nacional de Educación que debía reemplazar a la fracasada Ley Federal, el exrector de la UBA y de la Universidad Nacional de Córdoba, Francisco Delich. Inmediatamente, el entonces secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco, lo llamó y le comunicó que esa idea, plasmada en esa columna, iba a ser uno de los primeros artículos de la flamante ley que sería enviada a su tratamiento en el Congreso. Así fue, y hoy ese concepto está vigente en el artículo 2 de la ley 26.206, que declara a la educación como un “bien público”. Esta anécdota, que recuerda a dos personas ligadas a la historia de nuestra educación que ya no están entre nosotros, sirve para entender hoy lo que olvidamos ayer: la educación debe ser una política de estado. Algo conocido, ya rubricado en esa norma, reivindicado en el discurso político, recordado en las campañas electorales con las promesas de los candidatos, pero que, en los últimos años, es una proclama que no conjuga con la realidad. Tener una ley que defina un camino siempre es importante, recordemos que la Ley 1420, promulgada en 1884, fue la norma más exitosa del siglo XX en nuestro país, pero desde hace tres décadas, en educación, las cosas cambiaron para mal. Esta semana, las Pruebas PISA dejaron un mensaje clarísimo: estamos peor que en el año 2000, porque la caída no es novedosa, viene sucediendo año tras año. Hoy, casi 8 de cada 10 estudiantes argentinos no alcanzan los conocimientos básicos en Matemática; 6 de cada 10 en Lectura no comprenden textos, lo que también les impide no aprender ni progresar en Ciencias. En las Pruebas PISA del año 2000 la Argentina lideraba la región, hoy el país quedó octavo en América Latina y es uno de los que más retrocedieron comparado con el último test, donde los puntajes promedio de la Argentina disminuyeron en comparación con las evaluaciones de 2022 y 2018 en las tres áreas. En términos generales, el país se ubicó en el bloque medio-bajo de América Latina: por detrás de Uruguay, Chile, Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú, y por delante de El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala. Figuramos en el puesto 75 en Matemáticas y Ciencias y 62 en Lectura, en una prueba donde participaron 91 países. Un dato más: la Argentina quedó en el último puesto en clima de aula y el segundo peor en distracciones con dispositivos móviles. Los alumnos, que fueron evaluados en 2025, tenían 15 años y son los mismos que terminaron la primaria en pandemia, lejos de la escuela, y eso seguramente sea un factor para analizar, pero no para justificar este nuevo retroceso porque se trató de un problema mundial, todos los países padecieron el encierro y el aislamiento por el Covid y si bien fueron afectados, muchos se mantuvieron en su estándar educativo. La educación argentina pasó a ser un enunciado de buenas intenciones declaradas en leyes que tuvieron el consenso político necesario para aprobarlas, pero que nunca se aplicaron en su totalidad. No podemos volver a caer en el error de creer que una ley soluciona la cuestión de fondo, porque hoy ya no es así. Si bien la educación básica está en manos de cada provincia, también se observa una preocupante ausencia del gobierno federal. Con la firma del “Pacto de Mayo” el gobierno nacional asumió un compromiso que no estaba dispuesto a cumplir: Se vio con el presupuesto universitario, donde no cumple con la ley ni con el fallo de la justicia que obliga a hacerlo. Pero son muchas las leyes educativas que no se cumplen hoy y no se cumplieron antes. Comenzando con la Ley 25864, sancionada hace dos décadas, que garantizaba 180 días de clases a todos los alumnos del país, y desde su aprobación nunca se cumplió en todos los distritos. Para colmo, casi el 90% de las escuelas primarias argentinas son de jornada simple. Comparado con países de la región, nuestro país dicta pocas horas de clases al año porque, salvo en CABA, en el resto de los distritos casi no hay escuelas de jornada completa. Cumpliendo la ley, en el mejor de los casos, se dictarían entre 720 y 750 horas de clase al año en primaria contra las 1800 que, por ejemplo, se dictan en Chile. Supuestamente esto lo solucionaba la Ley de Financiamiento Educativo, que proponía que en 2010 el 30% de las escuelas debían ser de jornada completa, que tampoco se cumplió, como tampoco el financiamiento integral que la norma dictaba. La solución que encontró el gobierno libertario fue suspenderla -ni siquiera intentó aplicarla correctamente- borrando de un plumazo su responsabilidad gubernamental en el tema. Es como aceptar el fracaso de los gobiernos que lo antecedieron: “ellos no pudieron, nosotros ni lo intentamos”. Como respuesta al problema, hoy observamos s que no existen políticas educativas exitosas. Hay excepciones en CABA, Mendoza, Santa Fe y La Pampa, pero el panorama general es frustrante y en ese sentido, tampoco se visualiza un compromiso del gobierno nacional con el tema: ya no hay Fondo Nacional de Incentivo Docente, tampoco Fondo Nacional de Garantía Salarial y desaparece de a poco el origen “nacional” del financiamiento educativo. Lo vemos al repasar los ejercicios 2025 y 2026, donde hay partidas que se evaporan en un 100% del presupuesto educativo. Estas son: mejoramiento de la calidad educativa; Conectar Igualdad, fortalecimiento territorial y casi todo tipo de transferencias a las provincias. Y, en un país que tiene como obligatorio escolarizar a los chicos a partir de los 4 años, presenta una merma del 70% en Educación Inicial. Hay otros ítems que bajan entre un 30 y un 75%, todos importantes. Cada presupuesto demuestra un total desinterés del gobierno por la educación pública. Pero hay que dejar algo en claro, el gobierno actual no es responsable de la alarmante situación de la educación argentina cuyo deterioro viene de décadas, pero, así como es injusto responsabilizarlo, también hay que señalar que no hizo nada para mejorarla. Tampoco parece un tema de su interés. En definitiva, el problema no lo resolverá un gobierno u otro, lo va a resolver la continuidad de un proyecto educativo. Quizás sea la hora de crear un plan a largo plazo, con objetivos y compromisos de acciones de gobierno que incluyan inversión y conceptos claros que nos indiquen hacia dónde vamos y, si es posible, que el plan tenga respaldo público, comprometiendo a la sociedad también, mostrando su real interés en la educación canalizando sus demandas, hasta, quizás, someterlos a una consulta popular a la par de las próximas elecciones, para que con los futuros cambios de gobiernos no se modifiquen esos objetivos. Hay ejemplos que invitan a ser imitados, existen planes decenales en países centroamericanos que partieron de la necesidad de incorporar alumnos a la escuela, un problema resuelto hace décadas en la Argentina, donde todos los chicos se escolarizan. Hoy nuestro desafío no solo es llevar y retener alumnos en la escuela, sino que es mejorar la calidad de sus aprendizajes. Todo es tan dinámico que ingresamos a la era de la Inteligencia Artificial sin saber hacia dónde va nuestro modelo de educación. Las leyes, las normas, las resoluciones ya demostraron que no resuelven la cuestión de fondo, quizás llegó el momento de consultar a la sociedad para saber qué tipo de educación quiere para sus hijos, para comprometer a éste y a los gobiernos que le sigan. Se necesita de un mandato directo, de lo contrario, seguiremos conformándonos con analizar las razones que hicieron que fracasemos ante cada evaluación educativa. Con respecto a la educación, la impronta libertaria lleva al oficialismo a hablar más de “educación financiera” que de “educación ciudadana”, cuando lo primero debe ser una consecuencia de lo segundo y no un principio. Así, se proclama mucho sobre la libertad, pero se hace poco para luchar contra su peor enemigo: la potencial ignorancia de las futuras generaciones.