Malvinas: la Justicia federal se declaró competente para intervenir en una causa contra las empresas petroleras

EL CALAFATE.- La Justicia Federal de Río Grande se declaró competente para intervenir en la acción preventiva por daño ambiental colectivo contra las petroleras Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development, en tanto que admitió la jurisdicción internacional de la justicia argentina. En un dictamen de alto impacto, la jueza federal Mariel Borruto dio el primer paso en una causa que apunta a frenar la ejecución de obras del proyecto hidrocarburífero Sea Lion, ubicado en la costa de las Islas Malvinas.El dictamen de Río Grande da lugar así a la demanda presentada en los tribunales fueguinos la semana pasada —dos días antes de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras que exploten recursos hidrocarburíferos en las Islas—, por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, AAdeAA, y el Centro de ExCombatientes Islas Malvinas La Plata, CECIM, quienes reclaman la suspensión inmediata de las obras y de las operaciones financieras destinadas al proyecto petrolero.El dictamen de la jueza federal Borruto adhiere al dictamen del Ministerio Público Fiscal y destaca desde el aspecto ambiental que el emprendimiento “se emplaza en aguas del Atlántico Sur que por su dinámica oceanográfica, corrientes y conectividad ecosistémica, integran las ecorregiones Mar Argentino e Islas del Atlántico Sur, de modo que la degradación denunciada recaería sobre recursos ambientales interjurisdiccionales”. En cuanto a la infraestructura que se impugna, se refiere a que la misma “se instala materialmente sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental sometida a la jurisdicción marítima de la Nación”; en tanto que sostiene que la controversia excede lo meramente técnico, donde el nudo del debate está enfocado en la defensa de la soberanía nacional como un bien colectivo indivisible, “que reviste la calidad de interés federal por antonomasia”.Por su parte, a través de un comunicado, el CECIM consideró el dictamen de hoy como “un paso de enorme relevancia porque reconoce la dimensión federal, ambiental y soberana del conflicto planteado”, y sostuvo que este reconocimiento resulta central tanto para el Cecim como para la AAdeAA que concurren en esta acción “desde sus respectivas trayectorias institucionales para la defensa de bienes colectivos que aquí aparecen profundamente entrelazados”. “La soberanía aparece jurídicamente vinculada con la protección del territorio, sus bienes naturales y el derecho colectivo de nuestro pueblo a decidir sobre ellos”, señaló el CECIM.En el marco del proceso, la magistrada dispuso otorgar intervención procesal a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a través de su Fiscalía de Estado, con el objetivo de resguardar sus intereses patrimoniales y ambientales del Estado provincial, dado que el proyecto impugnado corresponde a territorio de la provincia según lo establece el artículo 1 de la Ley 23.775 que define que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos existentes”, al igual que las competencias ambientales. A su vez, resolvió diferir la resolución sobre las medidas cautelares solicitadas e intimó a los querellantes a presentar en el plazo de 5 días una declaración jurada sobre la inexistencia de otros juicios idénticos, además de las traducciones oficiales al idioma nacional y las copias digitales de la documentación redactada en lengua extranjera.Mientras esta causa avanza en el Sur, en el juzgado federal 12 -que está vacante y es subrogado por el juez Julián Ercolini- recayó la denuncia penal presentada por el Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte y, según explicaron fuentes judiciales a LA NACION, en las próximas horas se definirá si la causa queda en Comodoro Py o es enviada a Río Grande, Tierra del Fuego. Con la colaboración de Hernán Cappiello