Deportaciones masivas: la nueva condición de Trump para liberar fondos a estados demócratas que complica a los inmigrantes

Una nueva interpretación del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos amplía la cantidad de organismos estatales obligados a compartir información migratoria con las autoridades federales. En el marco de la campaña de deportaciones masivas, el cambio afecta a los estados que reciben determinados fondos federales.El gobierno de Trump amplía la obligación estatal de compartir información con el DHSEl Departamento de Justicia anunció el 2 de septiembre que su Oficina de Asesoría Jurídica emitió una nueva opinión destinada a aclarar las obligaciones de los estados que participan en los programas federales Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) y Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). Según el comunicado oficial, cuando un estado decide participar de estos programas, la obligación de comunicar información migratoria no recae solo sobre las agencias encargadas de administrar los beneficios.La interpretación establece que deben cumplirla todas las agencias que integran el gobierno estatal. En concreto, cuando una dependencia tenga conocimiento de que una persona no se encuentra legalmente en EE.UU., deberá proporcionar esa información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), de acuerdo con las obligaciones establecidas por la legislación federal.El cambio abandona una interpretación adoptada en 1998 durante el gobierno de Bill Clinton. Durante casi tres décadas, aquella lectura había limitado el deber de informar a las agencias estatales que administraban específicamente los programas federales alcanzados por la norma.El Departamento de Justicia sostiene ahora que aquella interpretación fue demasiado restrictiva y que la legislación aprobada por el Congreso en 1996 siempre tuvo un alcance mayor.Trump quitará el financiamiento federal a los estados que no informen sobre migrantesEl Departamento de Justicia sostiene que los estados que aceptan fondos de TANF deben cumplir con la legislación federal y advierte que la falta de acatamiento puede generar consecuencias como la pérdida de financiamiento.La opinión jurídica señala que la legislación de 1996 estableció condiciones para determinados programas federales de asistencia y que esas condiciones no pueden interpretarse como si afectaran únicamente a una oficina específica dentro del gobierno estatal. El término “Estado”, según la nueva interpretación, comprende al conjunto del gobierno estatal y sus agencias componentes. El programa TANF distribuye fondos federales a los estados para brindar asistencia a familias de bajos ingresos. De acuerdo con el documento, el gobierno federal proporciona aproximadamente 16.500 millones de dólares anuales en subvenciones de este tipo.El Departamento de Justicia también sostiene que cada uno de los programas alcanzados conserva su propia obligación y sus propias consecuencias. Por esa razón, considera que la existencia de obligaciones vinculadas con TANF no vuelve innecesarias las disposiciones relacionadas con SSI o con determinados programas de vivienda pública.La conclusión jurídica es que, cuando un estado acepta los fondos contemplados por la norma, todo su aparato gubernamental queda sujeto a las obligaciones de información previstas en la sección 404.La nueva regla sobre fondos federales y migrantes no es retroactivaLa nueva interpretación no contempla sanciones retroactivas para los estados que actuaron de acuerdo con la posición que el propio gobierno federal había sostenido desde 1998. La Oficina de Asesoría Jurídica establece expresamente que la aplicación será desde la publicación en adelante.Esto significa que los estados no deberán enfrentar penalizaciones por haber seguido la interpretación anterior. Tampoco se podrán quitar fondos TANF o SSI correspondientes a períodos en los que los estados cumplieron las obligaciones tal como eran entendidas por las autoridades federales en ese momento.A partir de ahora, sin embargo, los gobiernos estatales deberán adaptar sus procedimientos y acuerdos de financiamiento para reflejar el nuevo criterio.