Las PASO vuelven a copar la agenda del Senado y la agroindustria no quiere perder el turno: Reclaman tratamiento urgente para Biocombustibles

El jueves pasado, luego de que oficialismo y oposición destrabaran la discusión, se alcanzó el tan mentado dictamen de comisión para tratar una nueva Ley de Biocombustibles en el Senado.
No pasó ni una semana de aquel hito, que logró zanjar 7 proyectos en simultáneo y cerrar filas en el sector industrial, pero desde la cadena productiva ya se encolumnan detrás de un pedido común: “El urgente tratamiento y la aprobación parlamentaria del dictamen favorable emitido por las Comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda”.
Así lo expresaron en un comunicado conjunto las principales entidades del sector, que recuerdan a los legisladores que la historia no terminó la semana pasada.
Habemus dictamen: Con el visto bueno de Massa, el oficialismo logró en el Congreso un proyecto de consenso para los biocombustibles

Esta semana, el Senado volvió sobre algunos de los proyectos que más importan al oficialismo, como lo es la reforma política propuesta por Milei para eliminar las PASO, o el proyecto de Ley Hojarascas de Sturzenegger que ya tiene media sanción en Diputados. A un año de que se abran las urnas, y comenzando lentamente la campaña, desde la agroindustria quieren evitar a toda costa que la discusión en torno a un nuevo marco normativo para los biocombustibles quede empantanado en la discusión electoral.
“Solicitamos otorgar pronto tratamiento sobre el recinto a este dictamen para su sanción definitiva”, señalaron en un comunicado conjunto encabezado por Fundación Barbechando, con las firmas de las bolsas de Buenos Aires, Rosario, Chaco y Bahía Blanca; y otras entidades de la producción, como el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), Coninagro, Maizar, la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
También adhieren las cámaras de Alcoholes, de Biocombustibles (Carbio), de Bioetanol de Maíz y de Pymes Productoras y Expendedoras de Biocombustibles (Biopyme). Y completan la lista el Centro Azucarero Argentino, Cañeros Unidos del Este, las uniones de cañeros independientes de Tucumán y de Jujuy y Salta, la Cámara Argentina de la Construcción de Córdoba (Camarco) y hasta la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
La cadena azucarera siente que lo más difícil ya pasó: Logró que la política escuchara a la producción y ahora festeja el dictamen de biocombustibles como un triunfo

En ese sentido, desde el sector señalaron que lo acordado en el plenario de comisiones -una serie de modificaciones al proyecto original de Patricia Bullrich- “constituye un proyecto legislativo superador, clave para el desarrollo socioeconómico, energético, industrial y ambiental de la Argentina”.
Entre los puntos salientes, destacaron el incremento en los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol, el cumplimiento de las metas de reducción de emisiones y descarbonización del transporte y la mejora en la calidad de los combustibles, con el aporte en materia de octanaje que tienen los derivados de caña, maíz, aceites y grasas.

Asimismo, el respaldo del sector productivo se centra en las posibilidades de inversión que ofrece un marco normativo más moderno, y la apertura de un mercado competitivo. En el caso del bioetanol, se reservan 6 puntos para caña de azúcar y 6 para maíz, mientras que los 3 restantes se disputarían entre proveedores, y además se establece que ninguna empresa podría abastecer más del 20% del volumen anual destinado al corte obligatorio. En el caso del biodiésel, a apertura total se postergó de 2031 a 2036 y se ampliaron los cupos protegidos durante la transición.
“Es el requisito fundamental y obligado para crecer”, expresaron en el comunicado conjunto, y destacaron que, fruto de estos cambios normativos, se abre una ventana de previsibilidad por los próximos 15 años para las inversiones.
El avance hacia un esquema competitivo en la oferta de combustibles, además, tendría su impacto favorable en los precios y  las economías regionales. “Cuida el bolsillo del consumidor final, al mismo tiempo que fomenta la inversión, el empleo federal y la agregación de valor en origen”, destacaron desde el sector.