El trabajo rural temporario desata una controversia entre un gremio y una cámara empresaria

CÓRDOBA.- La posibilidad de trabajar en forma temporal en las cosechas de los productos de las economías regionales por parte de quienes perciben planes sociales abrió una controversia entre un gremio y una central empresarial.Mientras la Unión Argentina de Trabajadores y Estibadores Rurales (Uatre) advirtió sobre su “preocupación” porque el 1° de setiembre vencía el Decreto 514/2021 que establece el régimen de compatibilidad entre el trabajo rural temporario y determinados planes y beneficios sociales, en la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) subrayan que esa opción quedó incorporada en la reciente ley de Modernización laboral.En un comunicado, la Uatre planteó que el 18 de agosto pasado, el secretario general José Voytenco, remitió una carta a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitando “de manera urgente la prórroga de dicha compatibilidad. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha respondido ni ha dispuesto su extensión”.Para el gremio, la situación “pone en riesgo inmediato a 120.000 puestos de trabajo rural en todo el país y, con ellos, a las familias de esas trabajadoras y trabajadores que dependen de la posibilidad de combinar el empleo formal estacional con la protección social”. Fuentes de Capital Humano indicaron a este diario: “Es un régimen que se viene prorrogando año a año. La prórroga correspondiente a este año se encuentra actualmente dentro del trámite administrativo y no habrá ninguna interrupción en el cobro de la prestación”.Sin embargo, Eduardo Rodríguez al frente del área de Economías Regionales de Came indicó a LA NACION subrayó que, en la ley de Modernización Laboral quedó incorporado “expresamente” el régimen de compatibilidad entre el trabajo rural registrado y las prestaciones sociales.Es decir, que según la norma, los trabajadores contratados bajo modalidades de trabajo temporario o estacional pueden ser debidamente registrados en blanco sin perder de forma automática los beneficios de programas sociales o asignaciones compatibles.El objetivo fue la formalización laboral ya que muchas veces los empleados temporarios no aceptaban puestos temporarios para no perder la ayuda del Estado. Rodríguez recordó que la entidad hacía tiempo venía insistiendo en que la incompatibilidad histórica entre planes y empleo estacional provocaba escasez de jornaleros para cosechas y economías regionales.La Uatre, en cambio, a través del comunicado insistió en que se requiere una prórroga del decreto y menciona que en el 2025 consiguieron ese objetivo. El texto del comunicado “denuncia la negligencia del Estado al no considerar el impacto de esta decisión sobre toda la cadena productiva: los trabajadores y sus familias, los empleadores del sector agropecuario y la producción general”. Y agregó que “las políticas sociales no deben convertirse en una barrera para el acceso al trabajo registrado, sino en una herramienta que acompañe la transición hacia el empleo formal y brinde previsibilidad a trabajadores, productores y comunidades”.Para Came, la polémica queda saldada a través del artículo 34 bis (ley de Trabajo Agrario y de Contrato de Trabajo) que incorpora el derecho a percibir asignaciones familiares contributivas durante el período de contratación temporaria.“El Régimen de Incentivo (RIFL) admite que los beneficiarios de programas de asistencia social del Estado mantengan el cobro de estas ayudas por hasta un año tras su registración formal”, explicaron.