Contratos temporarios, despidos e indemnizaciones: La reforma laboral inquieta a los vitivinícolas, aunque admiten que el principal problema sigue siendo el bolsillo

En medio de las dificultades que atraviesa el sector vitivinícola, derivadas de los altos costos de producción, la caída en el consumo -tanto interno como global- y las dificultades financieras en las chacras, cooperativas y bodegas, el eslabón de los trabajadores suma además los cambios introducidos por la reforma laboral.
Para un sector que no escapa a la crisis de su actividad, y menos aún a la que asiste hoy gran parte del arco trabajador, la implementación de la nueva legislación -aprobada hace 6 meses- genera ya efectos concretos y deja en el tintero algunos interrogantes. Aunque, en el fondo, la preocupación sigue siendo por el dinero que queda en el bolsillo.

Aprobada en febrero y reglamentada en marzo, la Ley de Modernización Laboral (27.802) está en pleno funcionamiento, aunque con una implementación aún dispar y diferenciada en cada sector. Desde la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA) realizaron un diagnóstico específico de su actividad, donde destacan que los primeros cambios ya se perciben en las formas de contratación y organización del trabajo más no aún -al menos no de forma masiva- en los regímenes de despido e indemnizaciones.
En ese sentido, aseguran que en los últimos meses se ha detectado “un incremento de las contrataciones temporarias y eventuales frente al empleo permanente y directo”, un aspecto relevante para un sector donde la actividad es estacional y la demanda de empleo suele incrementarse en períodos específicos, como lo es la vendimia.
Pero, en tanto tal, señalan una particularidad para el caso de los trabajadores temporarios: aunque la prestación se interrumpe durante parte del año, se mantiene la convocatoria temporada tras temporada, lo que da cierta continuidad a un empleo inestable.
En ello, mucho tiene que ver el grado de formación, en un sector que exige cada vez más mano de obra especializada y que atraviesa sus propios cambios en paralelo a la nueva legislación.
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“Los trabajadores temporarios llegan a las distintas temporadas con una calificación que les permite incorporarse rápidamente a los puestos que necesitan las empresas y, en muchos casos, terminan supliendo la falta de calificación de trabajadores permanentes”, señaló Daniel Romero, secretario de prensa de FOEVA, en un comunicado recientemente difundido.
Este fenómeno se da en paralelo con una transformación más amplia, en la que la industria vitivinícola va moldeando los nuevos perfiles requeridos y, de la mano de cierta tecnología y procesos eficientes, exige determinados conocimientos o habilidades a sus trabajadores.
Eso es lo que, asegura el vocero de la federación, abre además un desafío para los propios representantes de los trabajadores. “La industria vitivinícola cambió su forma de trabajar y cada vez requiere una mano de obra más calificada. La posibilidad de que los trabajadores puedan calificarse para los puestos que hoy demanda el sector son fundamentales para sostener el empleo”, expresó.

Del relevamiento realizado por FOEVA surge que, aunque no fueron aplicados de forma masiva, los aspectos que preocupan a los operarios del sector son los cambios en materia de despidos y la aplicación del nuevo régimen indemnizatorio.
Es de destacar que la nueva ley laboral modifica la base de cálculo -al excluir conceptos como el aguinaldo, las vacaciones y los premios no mensuales- y habilita la posibilidad de acordar desvinculaciones entre empleadores y trabajadores. Además, permite sustituir, mediante convenio colectivo, la indemnización tradicional por un fondo o sistema de cese financiado por las empresas.
No obstante, aseguraron desde la federación, hasta el momento “solo dos empresas ajustaron despidos al nuevo régimen indemnizatorio y una sola requirió la celebración de un convenio entre partes”. Lo cual, de todos modos, no quita que sea un tema sobre el cual prestar atención.
“Son cuestiones que requieren un seguimiento muy cercano porque tienen una incidencia directa sobre los derechos de los trabajadores”, afirmaron.
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Pero hay algo mucho más inmediato y “palpable” que hoy preocupa al sector, y es el bolsillo. Porque así como el trabajador vitivinícola no escapa a la crisis de la actividad, tampoco lo hace a la situación económica que atraviesa una importante porción del segmento laboral.
“Más allá de los cambios normativos, el poder adquisitivo continúa siendo una de las principales preocupaciones para los trabajadores vitivinícolas. La evolución de los ingresos y de las condiciones económicas generales del país tiene un impacto directo sobre las negociaciones paritarias y sobre la capacidad de los salarios para acompañar el costo de vida”, explicó Romero.
El salario básico de un trabajador de viña se ubica en los 460.000 pesos mensuales y el de bodega alcanza los 570.000, que con sus respectivos adicionales no alcanzan a superar el millón de pesos en ninguno de los dos casos. Sigue siendo esa la principal preocupación a fin de mes.

Mientras preparan una nueva negociación paritaria para actualizar lo acordado para julio y agosto, y definir los incrementos de los próximos meses, desde FOEVA insistieron en la necesidad de que el sector trabajador “no pierda poder de compra” y de acompañar los cambios introducidos por la reforma laboral. De los que, por cierto, no reniegan particularmente.
“El impacto de los cambios laborales sobre las economías regionales dependerá, en buena medida, de la capacidad de las empresas y de los trabajadores para adaptarse a las nuevas condiciones sin deteriorar el capital humano de la actividad”, expresó el vocero de la entidad, quien aseguró que “el escenario todavía no muestra una transformación profunda en las relaciones laborales del sector”, pero que exigirá atención a futuro.
“La modificación de las modalidades de contratación, la creciente necesidad de trabajadores calificados y las dudas en torno a derechos como las horas extras y las indemnizaciones anticipan una agenda en la que capacitación, estabilidad laboral y protección del poder adquisitivo tendrán un lugar central”, proyectó.