“El Gaucho” García Prechac es el padre de la ley de suelos de Uruguay, que algunos quieren replicar acá: “Es agronomía preventiva, porque cuando llega la erosión hacemos agronomía forense”

Desde hace varios años, pero especialmente en su última edición, el Congreso de Aapresid estuvo dedicado a la salud del principal recurso de la agricultura argentina: los suelos. No fue entonces una casualidad que allí hubiera espacio para debatir entre todos los sectores involucrados la propuesta del Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la Provincia de Buenos Aires (CIafba) para establecer algún tipo de regulación que pueda traducirse en prácticas concretas de cuidado de dicho recurso.
En ese taller, invitado especialmente por los agrónomos bonaerenses, expuso una eminencia de la agricultura uruguaya, considerado el “padre” de la ley de suelos en el vecino país, el agrónomo y docente universitario Fernando “El Gacucho” García Prechat. El profesional se rio del tono que ha ido adquiriendo la discusión aquí, en la otra orilla, donde sectores de productores ha  incluso calificado de “comunistas” a los agrónomos que piden reglas claras para cuidar los suelos. Y en este entrevista con Bichos de Campo, explicó la razón de ser de este tipo de iniviativas.
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-La ley de Suelos de Uruguay muchas veces se toma de ejemplo acá, como algo bien hecho, algo que no es agresivo y no lesiona los derechos de la propiedad privada.
-Depende de cómo lo mire, ¿no? Porque si vos estás obligado, no sé si no es agresivo.
-Para la gente que cree que nadie tiene derecho a decirle nada, puede ser. Pero este tema de los suelos es lo mismo que manejar un auto. Sí. El semáforo está ahí y hay que respetarlo.
-Bueno, el asunto es ese. Si filosóficamente se entiende que el suelo es un bien de interés social, además de estar bajo propiedad privada, el dueño, porque es dueño, no puede hacer lo que se le cante. El concepto nuestro es que no puede, que  primero es un bien social, y después hay que sacarle lo que pueda, pero dentro de las normas.
-¿Y por qué el suelo es un bien social? ¿Eso es lo que dice la ley que generaron ustedes allá en Uruguay hace mucho tiempo?
-En un país que nació vaquería 200 años antes de ser colonizado, toda su riqueza viene de los recursos naturales, suelo, pasturas y y clima. De lo que vive el país, no solo los propietarios, es de lo que produce. El 70% de las exportaciones del Uruguay viene de la agroindustria, que es carne, grano y forestación. Y después servicios… Y abajo de todo eso estaban los cimientos del suelo.
Mirá la entrevista completa:

García Prechac contó a Bichos de Campo la larga discusión histórica que tuvieron los uruguayos en torno a este asunto. La primera referencia legislativa data de 1968, cuando desde los Estados Unidos llegaban a la región la influencia de agrónomos conservacionistas como el propio Hugh Hammond Bennett, el padre mundial de la conservación de suelos, que dirigió el Servicio de Conservación de Suelos estadounidense y alertó sobre los daños de la erosión agrícola. Uno de sus discípulos era uruguayo, y cuando regresó a su país luego de hacer su doctorado fundió un área específica dedicada a los suelos en el MInisterio de Ganadería y Agricultura del Uruguay.
“Fue el primer decano que tuvo la facultad luego de tener ley orgánica y autonomía, y a éste lo siguió un alumno de él, Luis de León, que tuvo mucho tiempo trabajando después en Argentina, exiliado. Pero en un gobierno donde el Ministerio estuvo a cargo de Wilson Ferreira Aldunate, del Partido Nacional, que era de centro más bien para la izquierda, desarrollista, se creó todo un plan estratégico nacional que lo lideró Enrique Iglesias, que después fue distinguido canciller y presidente del BID, y que era profesor de ciencias económicas”, recordó el Gaucho. Incluso uno de los jóvenes que se formó en ese proceso era el también economista Danilo Astori, luego ministro de su país.

Lo cierto es que a fines de los 60, el primer paquete de leyes agrícolas y forestales del Uruguay, incluía un capítulo específico dedicado a la conservación del suelo y el agua con fines agropecuarios. “Desde ahí para adelante se establece que prevenir la erosión y la degradación de suelo es de interés nacional”.
De todos modos, pasaron muchos años con esas leyes sin reglamentar, por lo que su efecto en la vida cotidiana de agrónomos y productores no se sentían. La Ley otorgaba la autoridad de aplicación al Ministerio de Ganadería y Agricultura. Y contenía un artículo que ordenaba al Banco República, principal financista del agro, a supeditar el otorgamiento de créditos a que se tomaran medidas de conservación de los suelos.
“Era la época del laboreo convencional”, aclara García, recordando una serie de prácticas para prevenir la erosión que se ponían en práctica en un territorio de superficies onduladas.

“Entonces, ya en Dictadura, convocan una comisión para estudiar todo eso. Yo siendo un chiquilín prácticamente, treinta y pico de años, la integro por el departamento de Aguas. Se llegó a la conclusión que había que simplificar aquella ley, modificarla, y quedaron los principios generales. Allí se puso el criterio de que el responsable no era el productor, quizás arrendatario, sino el tenedor de la tierra”, relató el veterano agrónomo. La normativa establecía multas que en general era inocuas, porque el modelo predominante en el Uruguay era el de agricultura en rotaciones con praderas para ganadería.
Pero la discusión se recalentó con la llegada a Uruguay (y a toda la región) de la siembra directa, asociada al paquete de herbicidas y soja transgénica resistente. García Prechat describe la situación como “un tsunami sojero que crucé el río Uruguay hacia hacia el este, y nos tapó. Llegaron los pooles, haciendo lo que hacían en la pampa. Además, alquilando tierra, no comprando maquinaria, sino financiando a gente para que comprara maquinaria, y recibían los servicios. Muchas veces eran los mismos que les arrendaban la tierra a precios exorbitantes. Tanto que nadie podía decir que no”. Las rentas de la tierra llegaban entonces a los 350 dólares por hectárea.
Para los suelos uruguayos, que son “entre la mitad y dos tercios de productivos que los suelos pampeanos por un tema de profundidad”, se encendieron las luces de alerta.
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“Entonces hubo un clamor de los productores y los arrendadores de tierra. Hubo una llamado a una especie de conferencia en Las Cañas, en Fray Bentos, que ganó a todo el mundo, como la que ayer hizo el colegio acá”, dijo El Gaucho, en referencia al cónclave realizado en Aapresid. Fue en aquella reunión donde se decidió convocar a las entidades académicas especializadas en la temática de los suelos. Fernando García era por entonces el decano de la Facultad de Agronomía.
-Entonces fueron a preguntarme a mí. Y yo inventé esto de los planes, que no es que lo inventé.
-¿Y cómo es eso que inventó?
-Lo había visto aplicado en Estados Unidos, pero solo para las tierras de alto riesgo de erosión, como condición para recibir todos los subsidios previstos en la Ley Agrícola, o sea, la Food Security Act de cada periodo de gobierno. Lo había visto en el gobierno de Reagan y el siguiente de George Bush, como para que digan que es una ley comunista.

García Prechat había estudiado a fondo en su doctorado la problemática de la erosión y la aplicación preventiva de “la famosa ecuación universal de pérdida de suelo”. Por eso, ante la demanda del sector y de su gobierno, no dudó en que ese debía ser el camino: exigir planes que se ajustaran a lo que la ciencia dictaba conveniente. “Entonces la idea fue exigir que se planifique antes de hacer, como camino preventivo. Y para ello se use como un protocolo de estimación del problema, es decir que se calcule qué tasa de erosión vas a tener haciendo ese sistema de uso y manejo. La idea era que no pases de este nivel, que es una tolerancia para los distintos suelos, según el sitio en que cada uno está trabajando”.
-¿Cuando un productor presenta ese plan es como una declaración jurada en la que se compromete “voy a hacer eso” para cuidar ese suelo?
-Claro, como cuando presentás tu declaración jurada frente a la impositiva, ¿verdad? Tengo que pagar estos impuestos. Queda la declaración jurada y luego el organismo no fiscaliza a todo el mundo sino a aquellos en el que tiene serias dudas de que no está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer.
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En otras palabras, explicó el decano, no hay una necesidad de aprobación previa de esos planes por parte de las autoridades sino que hay un compromiso del productor, mediante una declaración.
Pero claro, para que ese plan tenga sustento, “lo tenés que hacer con un ingeniero agrónomo acreditado, no cualquier ingeniero agrónomo. La acreditación es un acuerdo entre el ministerio y los agrónomos, usando la Facultad de Agronomía, donde se hacen cursos para egresados, y un examen que se da dos veces al año. Y bueno, la Asociación de Ingenieros Agrónomos forma parte de la institución de anualidad, porque se encarga de ver que quienes se presentan, quienes están formalizados, si tienen título, si aportan a la caja profesional. Y después forma parte de un comité de ética”, describió García Prechac.
Este es uno de los puntos más controversiales en todas esta discusión, porque hay sectores díscolos que acusan al Colegio de Agrónomos fe querer armar un “kioskito” más que de tener una legítima preocupación por la salud de los suelos agrícolas. Pero el veterano agrónomo uruguayo defiende a rajatabla la participación prof