Durante 15 años: un artículo de Nature revela que el gobierno de Chaco promovió la deforestación ilegal de bosques nativos

Un artículo científico reciente publicado en la revista Nature reveló, mediante un análisis geográfico y de datos oficiales —obtenidos a través de pedidos de acceso a la información pública—, seis estrategias administrativas que promovieron la deforestación y redujeron deliberadamente la protección de zonas conservadas de bosque nativo en Chaco.En diálogo con LA NACION, los autores explicaron que entre 2009 y 2024, los gobiernos de esta provincia han “blanqueado” zonas deforestadas o promovido la tala mediante estrategias legales que beneficiaron directamente a la producción agrícola, ganadera y a industrias asociadas a la madera. Los autores del estudio, Matías Mastrangelo, investigador independiente del Conicet y Vera Krause, del Julius Kühn-Institut de Alemania, determinaron que estas estrategias abarcaron distintas administraciones chaqueñas: los tres mandatos de Jorge Capitanich (PJ) y los mandatos de Juan Carlos Bacileff Ivanoff (PJ), Domingo Peppo (PJ) y Leandro Zdero (UCR). Durante sus gobiernos, se realizaron cambios en los regímenes de protección de bosques que contribuyeron a la pérdida de la porción argentina del Gran Chaco, el segundo ecosistema más grande de América del Sur después del Amazonas. “El desmonte en la región chaqueña es una política de Estado que no distingue partidos”, describió Mastrangelo.El Gran Chaco es el bosque seco más grande del mundo y se extiende por Bolivia, Paraguay y la Argentina. Entre 1985 y 2020 se perdió casi el 30% de este ecosistema, y la mayor reducción se registró en nuestro país, donde se perdieron 10,3 millones de hectáreas, poco menos que la superficie de la provincia de Santa Fe. Un estudio publicado el año pasado en la Revista de Investigación de Modelos Financieros de la UBA planteó que esta pérdida ecológica también genera problemas productivos y comerciales e identificó tres riesgos económicos vinculados a la tala del bosque: una menor productividad por la pérdida de servicios ecosistémicos provistos por los bosques; la pérdida de mercados ante los requisitos cada vez más exigentes de cadenas de valor libres de deforestación; y los riesgos financieros, por las condiciones de producción sustentable que exigen organismos de crédito internacional.Degradación de la protecciónUno de los métodos identificados en el artículo es la recategorización de las zonas de protección de los bosques para permitir actividades productivas. La ley de bosques nativos establece que las provincias deben diseñar un ordenamiento territorial que clasifique las zonas según su nivel de conservación: rojo, donde los bosques son inalterables; amarillo, donde solo se permiten actividades de muy bajo impacto; y verde, donde se puede modificar el terreno con autorización. Este ordenamiento debe revisarse cada cinco años.Los investigadores revelaron que, ante el pedido de 60 grandes propietarios, las autoridades chaqueñas recategorizaron en 2012 zonas protegidas, pasándolas de amarillo a verde. Entre 2013 y 2018, esas empresas desmontaron 34.300 hectáreas en las 60 propiedades. Si bien esta es una herramienta que puede ser considerada legal en casos excepcionales, los autores señalan que el mecanismo se volvió sistemático. Tanto la Ley de Bosques como la Ley General del Ambiente se rigen por el principio de “no regresión”, que impide reducir el nivel de protección de un bosque previamente resguardado.En 2019, la Defensoría del Pueblo provincial presentó un amparo y una medida cautelar para suspender una solicitud de cambio de zonificación de amarillo a verde en 53 predios, la mayoría en el departamento chaqueño de Almirante Brown.Dos estrategias en la zona amarillaDentro de las zonas amarillas existen, según la ley de bosques nativos, algunas actividades productivas permitidas, siempre que sean de “bajo impacto” y estén reguladas por la autoridad de aplicación. En Chaco, esta categoría incluye actividades silvopastoriles y la extracción selectiva de madera. Esta última contempla la tala selectiva de especies como el quebracho y el algarrobo bajo criterios de manejo sustentable.En el estudio publicado en Nature, se encontró que el 64% del área forestal con permiso de manejo silvopastoril es “indistinguible respecto a la tierra completamente desmontada, debido a la mortalidad gradual de los árboles dispersos y la interrupción forestal”. De acuerdo con el estudio, los criterios técnicos para otorgar estos permisos son muy laxos y no existen hoy directrices estrictas para la regeneración forestal.Por otro lado, los expertos informaron que el gobierno otorgó permisos para extraer más del doble de lo que el bosque puede proveer de madera. En los casi 8000 permisos otorgados entre 2010 y 2024 ‒que abarcan 784.000 hectáreas‒ se superaron los límites o cupos de extracción de madera tanto en las autorizaciones de uso silvopastoril (28%) como en las de extracción selectiva (22%).Desde el gobierno chaqueño aseguraron que “no hay evidencia en los nuevos permisos aprobados por esta gestión” de que las autorizaciones para actividades silvopastoriles estén sobredimensionadas y señalaron que no se aprobaron nuevos permisos de extracción selectiva.Posibles efectosA finales de este año entrará en vigencia el reglamento de la Unión Europea sobre deforestación, vinculante para el acuerdo con Mercosur recientemente aprobado. La norma establece que no se importarán productos asociados a la deforestación ilegal y exige trazabilidad para los productos provenientes de la Argentina. Aunque comenzará a regir en diciembre, contempla como punto de partida el año 2020: si existen campos productivos que sean resultado de desmontes ilegales posteriores a esa fecha, Europa no admitirá su comercio.Mastrangelo y Krause advirtieron que las estrategias identificadas en territorio chaqueño podrían “socavar y volver ineficaz” la búsqueda de una deforestación cero y permitir “manipular la legalidad” de las reglas comerciales con los socios europeos.Ante la consulta de LA NACION, desde el Ministerio de Producción, encabezado por Óscar Dudik, señalaron que las medidas actuales han sido efectivas para frenar la tala ilegal. Según datos oficiales de la provincia chaqueña, la pérdida de bosque pasó de unas 54.000 hectáreas en 2023 a 13.000 en 2025, mientras que durante el primer semestre de 2026 se estimaron unas 2000 hectáreas.Desde el gobierno provincial atribuyeron la reducción a las políticas de control y fiscalización implementadas por la actual gestión, que desde 2025 —aseguran— buscó terminar con la “anarquía administrativa” que durante más de una década facilitó la deforestación ilegal mediante multas irrisorias, falta de control territorial y un uso distorsionado de guías y autorizaciones excepcionales. También sostienen haber actuado frente a las seis estrategias identificadas por el estudio.Sin embargo, organizaciones ambientalistas, científicos e incluso la Cámara Federal de Casación Penal han señalado que persiste la incertidumbre sobre la magnitud y la irreversibilidad del daño ambiental en el bosque chaqueño.“El criterio de legalidad sería fluctuante en el caso de Chaco. Si hay otros países que siguen el camino de la UE, esto produciría problemas comerciales para el país”, advirtió Mastrangelo.Una fuente vinculada a la Justicia provincial reconoció que en Chaco han mejorado la protección y la fiscalización y que los niveles son superiores a los de Santiago del Estero y Formosa, pero cuestionó los datos oficiales sobre la caída de la deforestación: “Yo verificaría que haya caído tanto el desmonte. No veo que el desmonte ilegal se haya reducido de tal forma”.La Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció en julio pasado que los desmontes ilegales persisten. Destacaron uno que presuntamente se dio en la localidad chaqueña de Charata.En 2024, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció un complejo entramado de corrupción en los permisos y la fiscalización de los desmontes en esa provincia que vincula empresarios y funcionarios públicos bajo una modalidad que ellos llaman “puerta giratoria”.Dentro de los nombres que incluye esta causa se encuentran el exministro de Producción de la actual administración, Hernán Halavacs; el exsubsecretario de Desarrollo Forestal durante los gobiernos de Capitanich y Peppo y asesor de Halavacs, Luciano Olivares; y Miguel López, exdirector de Bosques durante el gobierno de Capitanich.El actual senador nacional por el PJ se encuentra procesado por fraude y abuso de autoridad por la entrega de tierras a familiares de una funcionaria. Las tierras se encuentran en la municipalidad de Almirante Brown, que es una de las zonas con más deforestación en la provincia y donde el estudio de Nature se desarrolla. En 2024, el Juzgado Federal de Resistencia dictó una cautelar que suspendía todo tipo de desmonte en la provincia, medida que permaneció vigente hasta mediados de 2025, en el marco de procesos vinculados a desmontes presuntamente realizados en connivencia con exfuncionarios del actual gobierno. En mayo pasado, la Cámara Federal de Casación Penal pidió revocar la suspensión de la cautelar. “Lavado” de maderaOtra de las estrategias identificadas como promotora de la deforestación es la venta de madera proveniente del desmonte ilegal. La dinámica es la siguiente: se tala una zona de bosque nativo, las autoridades detienen aquella actividad y la madera cortada, en lugar de ser confiscada, se vende a las industrias que la consumen, como las tanineras o las del carbón.Esta medida está contemplada en la ley, aunque Mastrangelo advirtió que estaba pensada como una autorización especial excepcional. Desde el gobierno provincial señalaron que “se busca, en determinados casos, evitar la acumulación de material combustible que pueda favorecer la propagación de incendios y, al mismo tiempo, promover el aprovechamiento de esa madera dentro de la forestoindustria”. Sin embargo, para los científicos la cantidad de casos es muy superior a lo excepcional.“Hallamos que la autoridad su