Una injusticia a la Justicia

La Justicia argentina tiene una deuda con los ciudadanos. Y el Consejo de la Magistratura, una responsabilidad central en esa deuda.La reforma constitucional de 1994 creó el Consejo con un propósito concreto: reducir la excesiva influencia de la política partidaria en la selección y remoción de los jueces y garantizar una Justicia independiente y eficaz. Más de 30 años después debemos preguntarnos: ¿lo hemos conseguido?Lamentablemente, resulta difícil responder afirmativamente.La Constitución estableció que el Consejo debía procurar un equilibrio entre representantes de los órganos políticos surgidos del voto popular, jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científico. Además, le otorgó responsabilidades fundamentales: seleccionar candidatos a jueces mediante concursos públicos, ejercer facultades disciplinarias y dictar los reglamentos necesarios para asegurar la independencia judicial y la eficaz prestación de Justicia.Sin embargo, especialmente en sectores de la Justicia Federal, la percepción ciudadana es muy diferente: procesos interminables, expedientes que parecen avanzar o detenerse según los tiempos políticos y causas relevantes que muchas veces se activan cuando los funcionarios investigados ya abandonaron el poder.Una Justicia que llega demasiado tarde muchas veces deja de ser Justicia.El problema se agrava cuando el propio Consejo, creado precisamente para disminuir la influencia partidaria, queda atrapado en las mismas lógicas políticas que debía limitar.La Constitución estableció que el Consejo debía procurar un equilibrio entre representantes de los órganos políticos surgidos del voto popular, jueces, abogados y miembros del ámbito académico y científicoNo pretendo resolver aquí todos los problemas de nuestra Justicia. Quiero concentrarme en dos medidas concretas, posibles y de implementación inmediata.La primera se refiere a la selección de juecesActualmente los concursos tienen tres grandes instancias. La prueba de oposición, con un máximo de 100 puntos, evalúa la capacidad del postulante para resolver casos. Los antecedentes profesionales, académicos y de trayectoria permiten obtener otros 100 puntos. Finalmente aparece la entrevista personal.Y allí surge el problema.La entrevista puede modificar sustancialmente el orden de mérito obtenido en las etapas anteriores. En la práctica, alguien que ocupaba el puesto 12 puede terminar tercero; quien estaba 15 puede terminar segundo.¿Para qué hacemos entonces concursos, evaluamos antecedentes y establecemos puntajes?Una entrevista personal es necesaria. Un juez no es una computadora jurídica y existen cualidades humanas, criterios y motivaciones que deben ser considerados. Pero una entrevista no puede convertirse en la puerta por la cual vuelva a entrar la discrecionalidad política que la Constitución quiso sacar.Existe una solución concreta.En marzo de este año, la Corte Suprema remitió al Consejo una propuesta de reglamento cuyo artículo 92 establece un máximo de 20 puntos para la entrevista personal. Es una modificación razonable: conserva la entrevista, pero limita su capacidad para alterar arbitrariamente el mérito demostrado por los candidatos.Han pasado más de cuatro meses y el Consejo todavía no la aprobó. La demora resulta especialmente preocupante cuando existen cientos de cargos judiciales por cubrir. Es difícil encontrar una explicación razonable para continuar utilizando un mecanismo cuya arbitrariedad puede corregirse inmediatamente.La segunda medida es todavía más elemental: medirResulta incomprensible que en pleno siglo XXI, con expedientes digitalizados, enormes capacidades de procesamiento de información e inteligencia artificial, la Argentina no cuente con un sistema público y permanente de control de gestión de los juzgados.¿Cuántos expedientes ingresan? ¿Cuántos se resuelven? ¿Cuánto demora cada instancia? ¿Cuánto tiempo permanece una causa sin movimientos? ¿Cómo se compara el funcionamiento entre juzgados semejantes?No necesitamos esos datos para perseguir jueces. Los necesitamos para mejorar la Justicia.No se trata de estar contra la política. Creo profundamente en ella cuando es entendida como servicio. Se trata de defenderla de una de sus peores tentaciones: querer controlar aquello que debería controlarnosHace aproximadamente 10 años, cuando el Consejo auditó los juzgados de Comodoro Py a pedido del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y otras entidades, debió recurrir a cuestionarios enviados a los propios juzgados porque no existía un sistema que permitiera obtener automáticamente la información.Una década después, semejante carencia resulta inadmisible.Necesitamos un tablero público de gestión judicial con información accesible, comparable y actualizada que permita detectar demoras extraordinarias, identificar buenas prácticas y exigir explicaciones cuando los expedientes permanecen paralizados durante años.Aquello que no se mide difícilmente pueda mejorarse. Y aquello que permanece oculto inevitablemente alimenta la sospecha.Mientras tanto, existen expedientes que pasan de un juzgado a otro, discusiones interminables sobre competencias entre jueces y fiscales y causas que envejecen mientras las víctimas esperan y los acusados pueden terminar beneficiándose de demoras generadas por el propio sistema.No podemos acostumbrarnosLa pregunta es incómoda pero inevitable: ¿el Consejo de la Magistratura está dispuesto a cumplir plenamente con el mandato constitucional para el cual fue creado? ¿O la política terminó condicionando también al organismo que debía impedir que la política condicionara a la Justicia?No se trata de estar contra la política. Creo profundamente en ella cuando es entendida como servicio. Se trata de defenderla de una de sus peores tentaciones: querer controlar aquello que debería controlarnos.La República tampoco se defiende solamente cuando una sentencia nos gusta. No podemos reclamar independencia judicial cuando somos oposición y olvidarla cuando gobernamos. Las instituciones valen especialmente cuando limitan nuestro propio poder.Argentina necesita jueces independientes, pero también eficientes, transparentes y responsables frente a la sociedad. Necesitamos que cualquier ciudadano que llegue a un tribunal sepa que encontrará un juez elegido por su mérito y no por sus contactos, y que recibirá una respuesta en un tiempo razonable.La independencia judicial no puede ser una bandera que levantamos solamente cuando nos conviene. Debemos defenderla siempre, gobierne quien gobiernePor eso quiero terminar con un pedido concreto al Senado de la Nación y, muy especialmente, a la senadora Patricia Bullrich, con quien tanto hemos luchado por una Justicia independiente: que no se aprueben más pliegos de jueces hasta que el Consejo de la Magistratura apruebe el artículo 92 del reglamento propuesto por la Corte Suprema, estableciendo un límite objetivo al peso de la entrevista personal.No se trata de paralizar la Justicia. Se trata de evitar que sigamos nombrando jueces mediante un procedimiento que deja una puerta demasiado grande abierta a la discrecionalidad y a los acuerdos políticos.La independencia judicial no puede ser una bandera que levantamos solamente cuando nos conviene. Debemos defenderla siempre, gobierne quien gobierne y afecte a quien afecte.Sin Justicia independiente no hay división de poderes. Sin Justicia eficaz no hay seguridad jurídica. Y sin instituciones confiables, la República termina siendo apenas una palabra escrita en la Constitución.La mayor injusticia que podemos cometer contra la Justicia es acostumbrarnos a que no funcione. Yo no estoy dispuesto a hacerlo.