Preocupación en el Gobierno por las alusiones a Mario Lugones en la causa judicial por el fentanilo adulterado

La semana pasada fue difícil para el oficialismo. En medio de la concatenación de problemas de gestión, con el paro de los prácticos y el desgajamiento de la ley de propiedad privada, la detención de dos exfuncionarias de Anmat debido a las muertes por fentanilo contaminado sumó otro frente en la Casa Rosada. Del expediente judicial surgen alusiones al ministro de Salud, Mario Lugones, que podrían complicar su situación. Distintas fuentes de la Casa Rosada consultadas por LA NACION reconocieron que la tragedia del fentanilo, que ocasionó al menos 90 muertes, es un escándalo latente, mientras avanza el expediente en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak. Lugones está firme en el cargo y Javier Milei replicó el sábado un tuit suyo sobre la gestión sanitaria. Sin embargo, hay preocupación en el oficialismo por las derivaciones del caso. “A Mario se lo ve tranquilo, pero sabe que si la política quiere herirlo, lo puede meter en el medio de la escena”, plantearon quienes lo vieron por estos días al ministro, que en agosto de 2025, en una de las pocas entrevistas que dio, se quebró y lloró. “Es un atentado a la gente, no tienen derecho a hacer lo que hicieron, es de mala gente hacer esto”, dijo Lugones ese día, respecto de los involucrados en la producción de la droga elaborada en Laboratorios Ramallo y comercializada por HLB Pharma, ambas propiedad del detenido Ariel García Furfaro.Hace una semana, la exjefa de la Anmat Nélida Agustina Bisio y la exdirectora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) Gabriela Mantecón Fumadó, dos técnicas de carrera, quedaron presas. La hipótesis de la fiscal federal María Laura Roteta y del titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Leonardo Rodríguez, sostiene que las exfuncionarias tuvieron responsabilidades en que se produjera, comercializara y suministrara el fentanilo contaminado. Operó, según los representantes del Ministerio Público Fiscal, un “manto de cobertura estatal”. A las mujeres las excarcelaron el viernes pasado, tras una caución real de $75 millones que solventaron con inmuebles en garantía. Tal como contó LA NACION, Mantecón Fumadó dijo que Lugones era informado de las decisiones que se tomaban sobre Ramallo y HLB, y que había promovido el cierre del laboratorio. La exjefa del Iname fue echada en agosto del año pasado, mientras avanzaba la investigación penal que comenzó en mayo de 2025. Bisio, que estaba frente a la Anmat, fue sostenida por Lugones un tiempo más y presentó la renuncia recién en enero de este año. El día de la detención de ambas coincidió con la Cena Anual Consenso de Salud 2026, que reunió a personalidades del sector. El arresto de las exfuncionarias no pasó desapercibido para los asistentes. Lugones asistió a la cena y dio un discurso basado en la gestión libertaria del sector. En el Gobierno aseguraron que no hay ninguna colaboración con la situación judicial de las exfuncionarias, a las que se “les soltó la mano desde hace tiempo”. Y repitieron: “Que la Justicia actúe con celeridad; que todos los responsables estén tras las rejas”. Voces del oficialismo que hablaron con LA NACION contaron que internamente los avances en el caso no generaron algún escándalo interno o aceleraron medidas drásticas. Tampoco se activaron terminales judiciales respecto del expediente. No obstante, asumieron: “Obvio que genera ruido el tema, sobre todo porque este gobierno no tiene un buen abordaje de crisis. Hay que ver hasta dónde escala”. Otra fuente expuso: “Es grave para todos en la gestión, pero no le dieron tanta importancia”. El ministerio, más allá de lo del caso del fentanilo, está atravesado por desinteligencias entre el estratega Santiago Caputo, que maneja políticamente la cartera desde la Argentina, y su socio Rodrigo Lugones, hijo del ministro, que da instrucciones desde España. Además, también sufrió los coletazos por el avance judicial del caso que investiga sobreprecios y otras irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que también está bajo la órbita de Salud. En el kirchnerismo −que se vio salpicado por los negocios de García Furfaro−, esperan que el próximo 19 de agosto -cuando sesione la Cámara de Diputados para tratar proyectos que mandó Milei- se pueda forzar el tratamiento en comisiones de una nueva ley de Anmat. De esta forma, lograrían reinsertar el tema fentanilo en la discusión pública.Referentes de distintos sectores políticos del arco opositor coinciden en que la Anmat −un organismo descentralizado del Ministerio de Salud y autárquico− debería tener una ley que regule su día a día. Afirman que hay una serie de grises en las normas de procedimiento de esa dependencia estatal que quedaron expuestas con las muertes por el fentanilo. En el Gobierno, Lugones también impulsa una profunda reforma del área. “La Anmat, que controla la industria farmacéutica, tiene una estructura débil con salarios bajos. Es un tema complicado”, comenta un dirigente político de experiencia, que también señala los vínculos de las droguerías y laboratorios con el financiamiento de las campañas políticas. Durante 2025, cuando trascendió el caso en la Argentina, en Diputados funcionó la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo contaminado y/o adulterado, presidida por la socialista Mónica Fein. Participaron ahí familiares de las víctimas. Sirvió para darle más exposición al caso y para que los diputados se pusieran en órbita. No obstante, distintas fuentes que hablaron con LA NACION reconocieron que el contundente triunfo electoral libertario de octubre (la comisión arrancó a funcionar en septiembre) diluyó su presión. Lugones no asistió a esa instancia; remitió preguntas por escrito. “Al comienzo de la denuncia, los familiares estuvieron en la soledad más horrible”, recordó ante LA NACION un dirigente, que definió lo ocurrido como “la máxima tragedia sanitaria argentina”, el mismo término que emplearon otros colegas suyos.