Consejo de la Magistratura: juzgan a un juez federal por supuesto maltrato laboral a sus subordinados

El juez del Tribunal Oral Federal de La Pampa, Pablo Díaz Lacava, procesado por lesiones, amenazas, maltrato laboral y violencia de género, y suspendido en su cargo, se sentó hoy en el banquillo del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura, donde se decidirá si corresponde o no su destitución.Los acusadores son los consejeros Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación, y el diputado Álvaro González. Ambos afirmaron que el magistrado hizo vivir “un verdadero infierno” a los funcionarios y empleados de su juzgado, aseguraron que esa situación afectó el servicio de justicia y adelantaron que pedirán su remoción por mal desempeño. La defensa, en manos del constitucionalista Andrés Gil Domínguez, rechazó los cargos, dio detalles de situaciones laborales y afirmó que “el daño no fue probado”. El jury le ofreció al juez hablar, pero Díaz Lacava anunció que declarará sobre el final del proceso. “Quiero declarar y quiero dar mi versión sobre las acusaciones que he escuchado hace más de tres años y medio, pero prefiero no hacerlo en este momento. La acusación ha mutado y quiero escuchar la prueba que se va a producir en las jornadas próximas para que, eventualmente, al cierre de la producción de la prueba puedan hacerme preguntas. Voy a declarar más tarde”, dijo.Díaz Lacava es el tercer juez sometido a jury en menos de un año. El año pasado fue destituido Martín Poderti de un tribunal oral de Mar del Plata y se espera la decisión del jury sobre el juez de esa ciudad Alfredo López, denunciado por mensajes de antisemitas en redes sociales. Luego del juez de La Pampa, será el turno del juez de Rosario Gastón Salmain, procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y haber ocultado en su currículum que había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular un sorteo.El Jurado de Enjuiciamiento está integrado por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero (presidente) y Néstor Pablo Barral, las senadoras María Belén Montes de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.Díaz Lacava está suspendido en sus funciones por el Plenario del Consejo desde abril pasado. En abril de 2023, secretarios de su tribunal lo acusaron de maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género. Según el dictamen acusatorio del Consejo, el magistrado incurrió en “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”. Entre ellos, arrojar una piedra contra un empleado. El juez está procesado en una causa penal por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra dos trabajadores y cuatro trabajadoras judiciales “en un contexto de violencia, maltrato laboral y, para el caso de las mujeres damnificadas, en un contexto de violencia de género”. Está a punto de ir a juicio oral.Como “fiscales” acusadores en el proceso, el camarista Diego Barroetaveña y el diputado Álvaro González, en representación del Consejo de la Magistratura, repasaron los hechos por los que fue denunciado el magistrado. “No es halagador estar aquí sentado acusando a un colega. Pero aquí fueron damnificados también otros funcionarios, jueces y empleados”, dijo Barroetaveña.El juez señaló que el proceso “no es un mero conflicto laboral o desacuerdo o discusión sobre estilos de conducción. Tampoco estamos frente a un episodio aislado por no tener un buen día. Esto viene a poner en juego la función de la magistratura en un mecanismo de abuso de poder”.Barroetaveña aseguró que hubo un “patrón de conductas sucedido en el tiempo”: describió que los empleados tenían miedo a ingresar a las oficinas por la “incertidumbre frente a reacciones imprevisibles” del juez, y relató situaciones como “gritos y descalificaciones”, “ataques de ira”, “golpes en el escritorio”, “interrogatorios a empleados”, amenazas de sanciones y actitudes “persecutorias”. “¿Cómo se puede trabajar en este contexto? ¿Se puede brindar justicia así?”, se preguntó. Y, tras señalar que los empleados vivieron “un verdadero infierno”, Barroetaveña afirmó que “un juez no debe arrojar una piedra a un funcionario y decir que es una broma”. La defensaA su turno, Gil Domínguez hizo un repaso por la carrera judicial del magistrado y buscó revertir la acusación. Dio detalles de un mejor vínculo entre el juez y sus denunciantes. “¿Cuál es el daño probado de los denunciantes?”, se preguntó.Aunque dudó del “buen gusto” de la supuesta broma del magistrado, minimizó el tamaño de la piedra arrojada. Aprovechó además para cuestionar el procesamiento dictado en La Pampa, que le impide a Díaz Lacava acceder a su juzgado para evitar el contacto con las víctimas. Se escucharán testigos en las próximas audiencias y luego el jury decidirá.