Allanaron una cadena de gimnasios en una investigación por lavado de dinero originado en la venta de drogas

Uno de los eslabones más importantes del ilegal negocio del narcotráfico es el armado de la logística necesaria para que las ganancias obtenidas por la venta de drogas ingresen en la economía formal y, en consecuencia, ese dinero puede ser utilizado después de ser teñido de legalidad. Las bandas reciben un golpe más fuerte cuando se detecta el sistema de lavado de activos que en los decomisos de sustancias. Y una investigación de esas características se desarrolló en los últimos días al allanarse una cadena de gimnasios que de acuerdo a la pesquisa cumplía esa función de servir como pantalla para justificar actividades financieras sustentadas, en realidad, por el tráfico de estupefacientes.Cinco personas fueron detenidas y otras dos imputadas del delito de lavado de dinero luego de 18 allanamientos realizados por 200 gendarmes y 50 policías chaqueños, especialistas del Departamento de Delitos Económicos y Financieros de esa fuerza de seguridad provincial. Según detalló el Ministerio Público Fiscal en su sitio web de noticias, la causa se inició por la denuncia presentada por una persona que asumió el rol de arrepentido. La investigación fue desarrollada por el fiscal general Patricio Sabadini, responsable del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Resistencia, y la magistrada Zunilda Niremperger, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Resistencia.Uno de los puntos que los detectives establecieron como indicio de lavado de activos fue la compra de las máquinas que formaban parte de la oferta de esos gimnasios de alta gama que, de acuerdo con la información oficial, contaban con una sucursal en el Hotel Guaraní, uno de los más importantes de la capital de Corrientes y clásico lugar de tertulias políticas. El hotel no es investigado, sino la cadena de gimnasios que había conseguido esa concesión. “Los allanamientos se realizaron en sucursales de la cadena de gimnasios Exen, ubicadas en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, en la provincia del Chaco, y en el Hotel Guaraní, en la ciudad de Corrientes, donde se proyectaba la instalación de otra sede. También se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas”, se indicó en la página del MPF (www.fiscales.gob.ar). En cinco sucursales se evaluó el valor de mercado de las máquinas y se encontró una diferencia de más de medio millón de dólares con relación al monto pagado por esos equipos. “Para las cuatro sucursales ubicadas en Resistencia y la sede de Barranqueras, los peritos policiales estimaron que el valor de los bienes de uso ascendía a 989.793 dólares, mientras que las facturas relevadas representaban unos 407.743 dólares. De ese cotejo surgió una diferencia de aproximadamente 582.049 dólares —equivalente al 58% del activo fijo relevado—, que la fiscalía consideró no justificada”, se señaló.Como se consignó, en los operativos participaron alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 integrantes de la Policía del Chaco, además de personal especializado en análisis contable e informático. También intervinieron integrantes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y personal de la Unidad Fiscal Resistencia. Para el despliegue fueron destinados cuatro camiones de Gendarmería y equipos integrados por contadores y peritos informáticos.Además de los procedimientos en las sedes de la cadena de gimnasios Exen, también se allanaron domicilios particulares, concesionarios de automotores, escribanías y estudios contables vinculados con las personas y sociedades investigadas.La información inicialmente aportada por la persona que se acogió al régimen del arrepentido “vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de automóviles y con una organización narcocriminal investigada en otra causa por narcotráfico, lavado de activos y tenencia ilegal de armas”, según se consignó en el expediente.De esa investigación surgió la pista sobre la acelerada expansión de una cadena de gimnasios, que en menos de un año había inaugurado siete sedes. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, afirmó el fiscal Sabadini en su requerimiento de instrucción.Y agregó: “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”.Sabadini sostuvo que los ingresos declarados y la situación patrimonial de los socios no permitían explicar el volumen de las erogaciones realizadas para la apertura y expansión de los gimnasios.Al elevar las acusaciones, el fiscal afirmó que “se advierten de manera incontrastable las inversiones concretadas para la realización de costosas mejoras en inmuebles para la puesta en marcha de los gimnasios, donde todos ellos mantienen una estética similar, destacándose por el lujo y las prestaciones otorgadas, como así también, en forma particular las adquisiciones de vehículos, viajes al exterior, además del costoso nivel de vida que llevan los encartados, que importarían erogaciones dinerarias de montos multimillonarios, verificándose exteriorizaciones patrimoniales incongruentes que no se justifican con sus perfiles económicos declarados”.Finalmente, sostuvo que “la aplicación de fondos de origen delictivo en operaciones de compraventa de bienes muebles registrables constituye una de las maniobras o vías más usual para lavar activos de origen espurio”, y consideró que esa modalidad “podría verse configurada en autos”.La línea que une esa expansión en el negocio de gimnasios con la venta de drogas aparece para los investigadores al vincular a algunos de los imputados con otra causa en la que se sigue la pista de lavado de dinero narco mediante una concesionaria de automóviles.Para el fiscal Sabadini, las sociedades investigadas habrían sido utilizadas para llevar adelante la denominada fase de integración o reciclaje del lavado de activos, mediante inversiones que permitían incorporar los fondos al circuito económico formal bajo la apariencia de operaciones comerciales legítimas.En consecuencia, imputó a los cinco detenido y a las dos personas que fueron excarceladas de “haber puesto en circulación en el mercado fondos de origen ilícito, posiblemente provenientes del delito de narcotráfico y/u otros delitos de acción pública”.