Milei, ante el peligro de la “rigidez tóxica”

Todos los gobiernos, aun los más exitosos, se encuentran con una encrucijada que los obliga a reinventarse. Es decir, a actualizar la lectura del contexto en el que operan. A recrear el compromiso con los ciudadanos, en especial con sus votantes, sobre la base de nuevas promesas. A renovar los argumentos con los que demanda ser apoyado. A diseñar nuevas estrategias de poder. Elaborar esa nueva mañana puede obligar, a veces, a modificar el equipo. La rigidez es tóxica. Sólo la inexistencia de una oposición competitiva puede disimular sus efectos corrosivos. Apenas aparece un adversario desafiante el deterioro se acelera hasta volverse peligroso.A Javier Milei le ha llegado ese momento. Su gobierno emite señales de agotamiento en distintas dimensiones. Es un fenómeno cuyas causas no se limitan al desgaste de cualquier organización. En el caso de La Libertad Avanza (LLA) existe también un problema político. Se trata de un malentendido con el electorado. Al obtener una victoria significativa en las elecciones parlamentarias, deja la impresión de haber conquistado el poder para remover los principales problemas del país. Sin embargo, esos comicios no terminan de dotar al Poder Ejecutivo con las herramientas necesarias para despejar las piedras del camino. Ese desajuste entre el clima de triunfalismo y las limitaciones operativas agrava la frustración, en un momento en que la sociedad ya no imputa sus dificultades a la herencia de administraciones anteriores sino a la gestión del que está al mando del timón. Le pasó a Alfonsín en 1985. Le pasó a Macri en 2017.La imagen de un gobierno agotado aparece, en principio, en las encuestas. Se fue Manuel Adorni, sigue bajando la inflación, pero la opinión pública insiste en alejarse de Milei. El Índice de Confianza en el Gobierno de julio, publicado por la Universidad Torcuato Di Tella, registró un bajón mensual de 6,5%. La caída acumulada desde finales de 2025 fue de 21,5%. Una antigua y misteriosa correlación establece que ese índice equivale a los votos que obtendría el oficialismo en el momento de su elaboración. En este caso, Milei sacaría 38,8% y estaría obligado a un balotaje. Por supuesto, es un escenario artificial con el que sólo se pretende poner en evidencia que el experimento de LLA tocó un piso.Otros estudios convergen en el mismo diagnóstico. La consultora Poliarquía, que lidera Alejandro Catterberg, detectó en julio que el 66% de los consultados prefiere un cambio respecto de la situación actual, mientras que sólo 33% pide la continuidad. Hugo Haime descubre una situación parecida cuando pregunta si el modelo económico debe ser mantenido o modificado. Un 35% quiere que se mantenga y un 65% opina que sea abandonado. Cuando Haime indaga en el clima emocional advierte que 34% dice tener bronca y 39% confiesa estar triste. Sólo 20% se muestra esperanzado.En la encuesta de Haime hay una novedad interesante. Por primera vez en muchos meses las limitaciones del poder adquisitivo del salario preocupan más que la corrupción. Un viejo axioma de la vida pública asegura que entre las enigmáticas motivaciones que orientan el voto la más importante es el tamaño del poder adquisitivo del salario. Es imposible no pensar que las restricciones salariales están detrás del malestar preponderante que consignan los estudios de opinión.Otro dato importante: en la jerarquía de desvelos de los encuestados, hace rato que el principal problema del país dejó de ser la inflación. Ahora ocupa el séptimo renglón. Es más que una curiosidad. Es un mensaje frente al que Milei debería sentirse muy interpelado. La agenda pública ya no es la que regía cuando él llegó al poder. Cambió, entre otras razones, por su propia intervención en el proceso. Para sintetizar: hoy la gente habla de otras cosas. De que el sueldo queda corto, de que se comprime el consumo o cae la producción. Esta mutación pone a prueba la plasticidad del oficialismo para mantener el consenso social. Sobre el cuadro general de estas demandas se recorta una situación particular cada vez más acuciante: el peso que tiene sobre las familias el pago de las deudas contraídas con entidades financieras más o menos formales. Como acaba de detallar Luciana Vázquez en LA NACION, en la sociedad apareció una nueva categoría: la de los morosos.Según la Central de Deudores del Banco Central, 20,9 millones de personas tiene algún tipo de deuda financiera. De ese universo, 5,8 millones registraban al menos una deuda con más de 90 días de atraso hacia mayo de este año. Es el 27,8% de todos los deudores. Entre mayo de 2025 y mayo pasado, los morosos aumentaron de 3,43 millones a 5,83 millones. Quiere decir que en un año aparecieron 2,39 millones nuevos.Este fenómeno, que ha tomado el centro del debate sobre el impacto de la economía en la vida familiar, es un banco de pruebas muy revelador de las dificultades del Gobierno para sintonizar con sectores importantes de la sociedad. Sectores en los que, es muy probable, haya antiguos votantes de LLA. El Presidente les explicó que, si no pueden pagar sus deudas, están atrapados en un problema entre privados, en el que el Estado, es decir él, no va a involucrarse.En principio, es una afirmación muy útil para advertir los límites de la dogma económico al que se abraza Milei. La suposición de que los agentes económicos toman decisiones libres, que se sostienen en una información perfecta. Para mirar el problema desde esas premisas hay que olvidar varias evidencias. Una de ellas es que ese mundo de deudores está compuesto por muchísimos individuos carentes de información, acuciados por necesidades perentorias, que tienen una relación muy rudimentaria con el sistema financiero. La morosidad se presenta, además, fuera del sistema bancario, en esa suerte de far west digital en el que las billeteras y aplicaciones operan al margen de cualquier regulación, aplicando tasas de usura y fomentando la toma de crédito de gente con poca o nula información en un contexto de baja transparencia y escasísima educación financiera.Pero el discurso oficial no ignora sólo esas condiciones objetivas. También resulta ajeno a la responsabilidad del Gobierno en la bola de nieve que se formó. Porque muchos de los que se endeudaron lo hicieron obedeciendo a señales emitidas por la propia política económica. Es verdad que el Banco Central no fija en la Argentina la tasa de interés. Pero toma medidas que la determinan, como el establecimiento de la cantidad de moneda y el diseño de la política de encajes. El equipo económico de Milei provocó una baja de tasas espectacular para licuar los pasivos del Banco Central. Fue uno de sus objetivos principales en los primeros meses de ejercicio del poder. Un objetivo sacralizado por Milei. Era previsible que el sector público con esa política induciría al endeudamiento, con el afán adicional de producir una reactivación. Esa estrategia fue revertida por la contraria: una inducción por vías indirectas a un aumento fenomenal de la tasa de interés para frenar la corrida cambiaria de mediados de 2025. Crisis que se obturó con el cheque de Scott Bessent, al que Milei ahora atribuye un papel secundario en la normalización cambiaria y crediticia.Estas fluctuaciones son la consecuencia de políticas públicas que condicionan muchísimo los contratos entre privados. Sin mencionar otra variable siempre presente en los programas de estabilización: la decisión de los gobiernos de poner un tope a los aumentos de salarios. Es decir, a los ingresos de los deudores. Ingresos que se han ido ajustando por otra razón que tal vez explique la caída de popularidad del gobierno libertario: el peso creciente que ha ido adquiriendo el pago de los servicios en el salario formal. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios que lideran Alejandro Einstoss y Julián Rojo, en julio el pago de servicios públicos se lleva un 15% del salario formal promedio. Esa participación era del 6% a finales del gobierno de Alberto Fernández, donde el reparto de subsidios era generalizado, y fluctuó entre 10 y 14% entre 2024 y 2025. Cada vez más gente debe optar entre pagar la luz o el gas o cumplir con su deuda financiera. Es obvio que la gran mayoría elige lo primero.Milei parece menospreciar el peso de sus decisiones económicas en el problema que se ha creado. Tal vez sea víctima de una restricción ideológica para leer el mapa completo. Esa obstinación conceptual le hace perder de vista también algunas de sus propias conductas. Por ejemplo: en el artículo 14 del proyecto de ley de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que envió al Congreso, se conserva un párrafo que adjudica a esa institucional la facultad de “regular las condiciones del crédito en términos de riesgo, plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de cualquier naturaleza”. En otras palabras: como reformador del Central Milei es mucho más sensato que como entrevistado televisivo. Entiende que es inconcebible reducir la actividad crediticia a una transacción en la que el sector público resulta por completo prescindente. La religión austríaca, en este tramo al menos, pistonea.Luis “Toto” Caputo fue más allá. No sólo se mostró insensible al generalizado problema de los morosos. Se preguntó si las víctimas de esas fluctuaciones en la tasa crediticia, que terminan condenando a innumerables familias a la angustia de una deuda que no pueden pagar, no serían especuladores que apostaron en falso a una suba del dólar que después no se produjo.Esta explicación de Caputo es inquietante no por razones técnicas sino políticas. Revela que el oficialismo carece de figuras que puedan conectar con las condiciones objetivas y la intimidad anímica de aquellos cuyo desasosiego hay que despejar o, por lo menos, contener con la explicación. Caputo podría informarse dentro del propio gabinete, con gente que está advirtiendo esta tormenta desde hace seis meses, que en el conurbano más pobre se han multiplicado los asesinatos de cobradores que golpean la puerta para reclamar pagos en nomb