La advertencia del DHS sobre extranjeros registrados para votar: hasta cinco años de prisión y multas de US$250 mil

El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Markwayne Mullin, advirtió que las personas que cometan determinados delitos electorales pueden enfrentar penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta US$250 mil. Durante una conferencia de prensa, también anunció que buscará condicionar fondos federales a la cooperación de los estados con las medidas de seguridad electoral impulsadas por la administración.Cómo detectó el DHS a posibles no ciudadanos inscritos para votarMullin señaló en la conferencia de prensa transmitida por ABC 7 News que la agencia federal identificó “250 mil no ciudadanos registrados para votar” en cuatro estados que no colaboran activamente con su oficina. El funcionario detalló que estos casos ocurrieron en California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada. CBS News señaló que la cifra de registros no demuestra que esas personas hayan votado.El funcionario explicó que el DHS revisó información pública y que analizará los registros de manera individual para determinar si existieron irregularidades. Solo en aquellos casos en los que se compruebe la emisión ilegal de un sufragio podrían iniciarse acciones judiciales.A su vez, Mullin explicó que 23 estados trabajaron de forma proactiva mediante el programa de Verificación Sistemática de Extranjeros para la Obtención de Beneficios (SAVE, por sus siglas en inglés). Según el funcionario, esta cooperación permitió identificar 28.000 inscripciones que podrían corresponder a personas no ciudadanas, además de 400 mil registros de personas fallecidas. Estos datos se refieren a inscripciones en los padrones y tampoco demuestran que se hayan emitido votos de manera irregular.Según informó Reuters, el secretario de Estado de Nevada, Francisco Aguilar, rechazó las cifras del DHS por considerarlas especulativas y sin respaldo. Su par de Pensilvania, Al Schmidt, señaló que evaluaría la validez de los datos y recordó que el voto de personas no ciudadanas es extremadamente infrecuente.El DHS amenaza con restringir fondos federales por la seguridad electoralPara asegurar la implementación de las nuevas medidas, el DHS trabajará en conjunto con el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, para establecer estándares de seguridad obligatorios para los estados que soliciten subvenciones y reembolsos para administrar los comicios federales. Mullin argumentó que la administración no va a “reembolsar a un estado” que se niegue a proteger su padrón. El titular del DHS enfatizó que la asistencia técnica y los recursos estarán disponibles únicamente para las jurisdicciones que decidan participar activamente de los programas federales de control. Asimismo, advirtió que los funcionarios electorales que ignoren la información provista por el DHS y decidan no resguardar sus sistemas podrán enfrentar consecuencias legales. Mullin precisó que la desobediencia o la inacción frente a estas directivas puede derivar en sanciones económicas y en “tiempo de prisión” según la gravedad de la omisión.Las amenazas extranjeras que el DHS denuncia en los sistemas electorales de EE.UU.La revisión federal también detectó fallas de seguridad tecnológicas e interferencias externas en los sistemas electorales. Mullin denunció que diversos “adversarios extranjeros” poseen piezas vitales instaladas dentro de las máquinas de votación, lo cual les otorgaría la capacidad técnica para alterar el padrón electoral y alterar votos o registros electorales. A su vez, reveló que Irán logró vulnerar archivos estatales e “intentó comprometer” el sistema de votación utilizado por el personal militar para emitir sus sufragios.Frente a este escenario, indicó que el DHS trabaja junto al secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, y el Departamento de Defensa para blindar las plataformas de votación militar. Mullin criticó que la administración anterior y la comunidad de inteligencia tenían conocimiento de estos incidentes y “ocultaron esta información al público” y al Congreso, una práctica que calificó de inaceptable.