“Somos ajenos al conflicto pero queremos una solución en el día de hoy”, reclaman los agroexportadores, que comparten la intención “desregulatoria” del practicaje en los puertos pero no los modos del gobierno

La decisión del gobierno nacional de desregular el servicio de practicaje generó un conflicto que terminó con la paralización total de los puertos argentinos y puso en alerta a toda la cadena agroexportadora.
Desde la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC) reclamaron una salida urgente del conflicto para evitar mayores pérdidas. “Hoy no sale ni entra un solo barco a todos los puertos agroindustriales de la Argentina. Esto es altamente costoso y por eso estamos urgiendo que se busque una solución lo antes posible”, advirtió el presidente de esa entidad, Gustavo Idígoras.

Según explicó el dirigente empresario, tras la publicación del decreto los prácticos resolvieron dejar de prestar servicios al considerar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad para la navegación ni para ellos mismos. La respuesta oficial llegó rápidamente.
“La Prefectura empezó a intimar legalmente a todos los prácticos y salió en el Boletín Oficial una lista de más de 340 que fueron intimados. Esa misma comunicación implica que pueden ser sancionados con años de prisión si no vuelven a trabajar, teniendo en cuenta que es una actividad esencial donde al menos el 75% de los prácticos tiene que estar trabajando”, señaló.
El dirigente describió un escenario de parálisis total. “Estamos paralizados desde ayer a primera hora. No hay ninguna carga o descarga que se esté realizando en ninguno de los barcos. Tenemos los 24 puertos del país absolutamente paralizados”, afirmó.
Ese freno, advirtió, comienza a trasladarse rápidamente hacia el resto de la economía. “La capacidad de almacenamiento y recepción de camiones se va a ir ralentizando y probablemente se empiece a suspender. Es decir que aguas abajo y aguas arriba toda la cadena de valor va a estar afectada: el productor agropecuario, el transportista, la acopiadora, la cooperativa”, enumeró.
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El impacto no se limita al complejo agroexportador. “Entendemos que esto también está afectando a la industria petrolera. Estamos en conversaciones con ellos y están hablando de posibles desabastecimientos al mercado interno”, indicó Idígoras.
En el caso de las exportaciones agrícolas, la preocupación pasa además por el cumplimiento de los contratos internacionales. “Si siguen transcurriendo las horas empezamos a perder contratos de exportación porque naturalmente esa mercadería tiene tiempo y forma y se termina yendo a otros mercados, como puede ser Brasil. La preocupación es enorme. Somos ajenos al conflicto pero queremos una solución en el día de hoy”, remarcó.
Idígoras expresó que “la actividad está caracterizada por ser bastante cerrada en términos de conocimiento, forma de ingresos y quiénes pueden ingresar. Es una actividad bien remunerada, por lo tanto, puede haber un atractivo en ese sentido” para que otras empresas quieran participar del negocio”.
Por eso consideró que “es lógico que pueda haber alguna forma de trabajo diferente, con algún tipo de entrenamiento público para que cualquier persona que tenga interés pueda aplicar, capacitarse y brindar sus servicios. Estamos de acuerdo en ese sentido”, sostuvo.
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Sin embargo, consideró que la implementación fue equivocada por la falta de una transición ordenada. “La forma de avanzar en una desregulación justamente me parece que es publicar los cambios con ciertos plazos y tiempos que permitan ir adaptándose a esa transición. Insisto, esto es como la seguridad aérea. Acá estamos hablando de la seguridad fluvial y marítima, entonces es indispensable tener ese servicio”, explicó.
También recordó que el conocimiento requerido para ejercer la actividad no puede improvisarse. “El conocimiento del río es una especialización muy exclusiva y lleva muchísimos años. Esto es como las horas de vuelo para ser piloto. El practicaje y los baquianos requieren esa misma experiencia”, comparó.
Por eso, el titular de Ciara-CEC pidió que el Gobierno convoque de inmediato a una mesa de negociación sin retroceder con la desregulación. “Entendemos y compartimos lo que el gobierno propone de desregular, transparentar y facilitar. Me parece que es el momento de que, con el decreto implementado, llame a la mesa a los prácticos y busquen una agenda de trabajo con la condición de que vuelvan a trabajar a partir del día de hoy”, concluyó.