Rutas: el Gobierno entregó cuatro corredores viales y firmó el regreso de Cristóbal López al mundo de los peajes

La resolución 1186 del Ministerio de Economía no sólo adjudicó cuatro corredores viales, sino que tuvo efectos mucho más grandes. El primero convirtió al grupo Corven, inicialmente dedicado al negocio de las motos, en el jugador de más peso en el mundo vial; el segundo entregó la alfombra roja para el regreso de Cristóbal López al mundo de las concesiones viales, los peajes y los negocios con el Estado.Cuando se publique en el Boletín Oficial, formalmente habrá adjudicado la licitación pública correspondiente a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. La medida —firmada en el marco de la política de privatización vial de Luis Caputo— repartió más de 2500 kilómetros de rutas nacionales entre cuatro consorcios, todos por un plazo de concesión de 20 años.En el tramo Mediterráneo se impuso la oferta Nº 38 presentada por Creditech y Plantel, con una tarifa de $1989,67 más IVA por cada 100 kilómetros. En el corredor que abarca 672 kilómetros sobre las rutas nacionales 7 y 35, entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se podrá cobrar ese importe después que se hagan los trabajos mínimos de mantenimiento.Un dato que se aplica a todos los renglones de la licitación: el precio con el que concursaron es a julio de 2025. Es decir, habrá que actualizarlo para saber cuánto saldrá subir las barreras en cada estación de peaje.El mismo consorcio también ganó el tramo Portuario Sur —corre durante 636,75 kilómetros sobre las rutas nacionales 9 y 188, en Buenos Aires y La Pampa— a cambio de una tarifa de $1256 más IVA, siempre cada 100 kilómetros. Así las cosas, el Grupo Corven, cuyo brazo financiero es Credictech, se convirtió en un jugador nuevo en el mundo vial. La firma del empresario de Venado Tuerto, Leandro Iraola, aún sin antecedentes en la obra pública, diversificó su portafolio de negocios con dos corredores viales.Otra de las rutas que se licitaron es el denominado tramo Puntano. Allí ganó la oferta 27 presentada por la unión de empresas que formaron Basaa y Cecosa. La primera es una constructora cordobesa cuyas caras son Horacio Miró y Walter Poplawski. Miró pasó por la función pública durante la gestión del gobernador José Manuel de la Sota. Estuvo al frente de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), aunque solo por 19 meses hace 25 años. Bassa es la sucesora de Britos y fue una jugadora de peso en la gestión de Juan Schiaretti. Presentó una oferta de una tarifa de $1440,08 más IVA por cada 100 kilómetros para manejar los 720 kilómetros distribuidos en las rutas nacionales 8, 36, 193 y la circunvalar de Río Cuarto (A-005), que atraviesan San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.El regreso de CristóbalEl dato que no pasa desapercibido para nadie es el ganador del renglón cuatro, donde se ofrecía el corredor Portuario Norte. Se trata de 528 kilómetros entre la ruta 9, 33 y la A-008, con nuevas cabinas de peaje previstas en Trenque Lauquen, Villegas, Rufino, Venado Tuerto y Casilda. Ese corredor, que actualmente no es una ruta con peajes, quedó en manos de CPC, la histórica constructora de Cristóbal López. La empresa presentó $1856 de peaje cada 100 kilómetros.El asunto representa el regreso de López, un histórico empresario de la más pura estirpe del kirchnerismo, a los negocios regulados. El patagónico enfrenta en simultáneo los juicios orales de la causa Cuadernos y de Los Sauces-Hotesur, mientras que en Oil Combustibles fue absuelto por Casación, aunque el fallo sigue bajo revisión de la Corte Suprema tras la apelación del Ministerio Público Fiscal. Eso no es todo, ya que López tiene un frondoso expediente en Vialidad. Fue el concesionario de la autopista Ezeiza-Cañuelas, además de la Riccheri, cuando compró a la española OHL ese activo durante el segundo mandato de Cristina Kirchner. Pero, en el gobierno de Mauricio Macri, en 2017, el organismo regulador le rescindió el contrato por incumplimientos en los planes de obra y por retener fondos de peaje que debían ir al Estado. La empresa terminó en concurso preventivo, del que salió recién el año pasado. CPC, como constructora y no como operadora vial, ganó una licitación para duplicar la traza en unos 20 kilómetros en la ruta 5, entre Mercedes y Suipacha, provincia de Buenos Aires. El proyecto, que se adjudicó en enero de 2022, importaba un desembolso de 45,5 millones de dólares, a razón de 2,27 millones de dólares por cada kilómetro. Sin embargo, jamás se terminó y hace pocos meses, sin colocar una gota de asfalto, abandonó la obra ante la pasividad de Vialidad y el Ministerio de Economía. Hoy, esa obra es una incógnita, ya que la traza quedó dentro de la concesión del tramo Pampa, que ganó la mendocina Ceosa.Eso no es todo. CPC también incumplió una obra de construcción de cinta asfáltica en el Sur, sobre la ruta 3. “Rescíndese el contrato oportunamente suscripto con la firma CPC para la ejecución de la obra Ruta Nacional 3, tramo kilómetro 1867 a 1908″, fue la decisión que se tomó el 11 de mayo de 2018. Eran épocas de Macri y su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pero ya con el advenimiento del cuarto kirchnerismo, con Alberto Fernández a la cabeza, las cosas cambiaron. “Mister Bache”, como apodaban al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, volvió a entregarle en 2021 el mismo proyecto que ya había ganado y que también había perdido por incumplir los pliegos. Pero la Argentina de las segundas oportunidades no mira los antecedentes. Nada de este legajo se tuvo en cuenta, así como tampoco las imputaciones por corrupción que tienen varios de los empresarios que se quedan con los peajes de las rutas por 20 años. Cartellone, Pitón y ahora López son algunos de los que pugnan por el negocio de las cabinas. Ya salió la resolución y lleva el número 1186. El presidente Javier Milei y sus ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, los dos que intervienen en diferentes etapas de la adjudicación, lo hicieron posible: Cristóbal López está de regreso.