Línea F: los 12 inmuebles que la Ciudad busca expropiar para avanzar con el nuevo subte entre Palermo y Barracas

Una clásica disquería de la avenida Corrientes, varios edificios de baja altura sobre la avenida Las Heras, un histórico mercado de barrio y una construcción abandonada frente al Congreso quedaron incluidos en el mapa de los inmuebles que el gobierno porteño busca expropiar para avanzar con la construcción de la futura línea F de subtes. El proyecto enviado por la gestión de Jorge Macri ya ingresó a la Legislatura porteña junto a otro expediente que busca la autorización para tomar deuda a fin de financiar la obra, de aproximadamente US$1350. Incluye la adquisición total de 12 propiedades a lo largo de la traza prevista entre Barracas y Palermo. Contempla también la expropiación parcial de otras 26 parcelas por afectación de los subsuelos. El objetivo es habilitar accesos y vestíbulos de las futuras estaciones de la nueva línea subterránea que, según estimaciones oficiales, comenzará a circular en 2031. La iniciativa ya comenzó a generar reacciones entre propietarios y vecinos de los inmuebles por expropiar. Algunos aseguran que todavía no fueron notificados formalmente sobre la inclusión de sus propiedades en el expediente legislativo. Otros cuestionan el alcance de la medida o el criterio utilizado para seleccionar los edificios. También hay reacciones que apuntan al peso cultural o histórico de las propiedades que se buscará demoler, como es el caso de la tradicional disquería Zivals, en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, y del histórico Mercado San Cristóbal, en la esquina de las avenidas Independencia y Entre Ríos. La construcción de la línea F está planificada como parte de la expansión de la red de subtes desde principios de los años 2000. Su traza quedó formalmente establecida mediante la Ley 670, en 2001, y luego fue ratificada por la Ley 2710, en 2008. Como parte de una promesa de gestión, la administración que encabeza Jorge Macri dio los primeros pasos para concretar la nueva línea, que tendrá una extensión aproximada de 9,8 kilómetros y 12 estaciones que conectarán los barrios del norte y del sur porteño, pasando por Barracas, Constitución, Monserrat, San Cristóbal, Balvanera, Recoleta y Palermo.Según el esquema difundido por el gobierno de la ciudad, la obra se dividiría en dos etapas. La primera abarcaría el tramo entre las estaciones Brandsen y Tucumán, mientras que la segunda llegaría hasta Plaza Italia en 2031, con lo que se completaría la nueva línea.Un debate paraleloSin embargo, el avance del proyecto abrió un debate paralelo sobre el impacto urbano y patrimonial de las expropiaciones necesarias para concretarlo. El texto enviado a la Legislatura declara a los inmuebles “de utilidad pública y sujetos a expropiación en los términos de la ley 238”. Esa norma establece que la utilidad pública es el fundamento de toda expropiación y comprende los casos orientados a “la satisfacción del bien común”. Además, contempla no solo los bienes indispensables para concretar una obra, sino también aquellos cuya utilización “convenga material o financieramente” al proyecto.Ese punto es uno de los que genera inquietud entre algunos propietarios, especialmente porque el expediente deja abierta la posibilidad de destinar terrenos sobrantes a otros usos definidos por el Ejecutivo, bajo formulaciones generales vinculadas al “bien común”.Uno de los casos más resonantes es el de Zivals, la histórica disquería y librería ubicada en la esquina de Corrientes y Callao, que funciona allí desde hace 55 años y quedó incluida dentro de las parcelas sujetas a expropiación total. El local ocupa actualmente unos 430 metros cuadrados de local abierto al público y se transformó con el tiempo en un espacio de referencia para la música y la cultura porteñas.La historia del lugar comenzó como dos pequeños locales separados sobre avenida Corrientes y avenida Callao. Con el paso de los años, la familia propietaria fue ampliando el espacio hasta integrar toda la esquina. La tienda se convirtió en una de las primeras del país en combinar música y libros en un mismo espacio, y consolidó una identidad asociada al rock nacional, el tango, el jazz, la música clásica y distintas expresiones culturales.Actualmente emplea a 33 personas y conserva un catálogo de más de 50.000 títulos entre música y libros. Durante los últimos años, el edificio atravesó distintas reformas financiadas por sus dueños. Las obras incluyeron mejoras en el subsuelo, los pisos superiores y la terraza, donde recientemente se instaló un mural monumental del artista Martín Ron en homenaje a Charly García e inspirado en la tapa del disco Clics Modernos. La inauguración oficial de esa intervención artística está prevista para el próximo 25 de mayo con un festival musical.Desde la firma señalaron que buscan abrir un canal de diálogo con la Legislatura mientras el expediente se discuta en comisiones. También remarcaron que continúan trabajando en la puesta en valor del espacio y en proyectos futuros vinculados a visitas guiadas y propuestas gastronómicas.En conversaciones informales, allegados al local cuestionaron la necesidad de avanzar sobre toda la propiedad para construir un acceso subterráneo y remarcaron el valor cultural acumulado durante más de cinco décadas. “¿Expropiar para hacer un vestíbulo de 40 metros para el subte?”, plantearon. También señalaron que el inmueble recibió en el pasado ofertas por montos cercanos a los 7 millones de dólares para la adquisición del inmueble, que fueron rechazadas para sostener la continuidad del proyecto cultural.Fuentes del gobierno porteño sostuvieron que el criterio para seleccionar las propiedades priorizó inmuebles que no implicaran ocupar veredas ni afectar directamente la vía pública con los accesos al subte. Según explicaron, se buscaron edificios de poca altura, con menor costo potencial de adquisición y, en algunos casos, con cierto grado de deterioro o degradación urbana.En el caso de Zivals, voceros del Ejecutivo indicaron que la esquina aparece vinculada a la futura combinación entre las líneas B y F, y que el objetivo es “ordenar la zona” donde se produciría el intercambio de pasajeros.Otro de los puntos sensibles del proyecto es el Mercado San Cristóbal, ubicado sobre Entre Ríos e Independencia. El edificio, actualmente cerrado y atravesado por conflictos judiciales, también figura entre las propiedades alcanzadas por la expropiación.El mercado tiene una historia que se remonta a 1882 y su primer edificio fue inaugurado en 1887 como una estructura de hierro y vidrio. El actual inmueble fue terminado en 1945, diseñado por los arquitectos Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini. Durante décadas funcionó como uno de los centros comerciales y sociales más importantes de la zona. En sus galerías convivían puestos de carnes, verduras, restaurantes, bares y pequeños comercios. Fue declarado Sitio de Interés Cultural y Patrimonial, y es considerado el más antiguo de la ciudad. Sin embargo, desde hace más de cuatro años está clausurado y los casi 150 puesteros están a la espera de una resolución de la situación. Fabián, dueño de uno de los stands, expresó su rechazo a la posibilidad de una expropiación. “Queremos que el mercado vuelva a abrir como era originalmente”, sostuvo. Y agregó: “La idea de una expropiación es de locos. No necesitás toda esta propiedad para una estación de subte”.Desde el gobierno porteño afirman que allí no solo se proyecta un acceso al subte, sino también una recuperación integral del entorno urbano. Fuentes oficiales adelantaron a LA NACION que se evalúa desarrollar un espacio cultural y “poner en valor la zona”.También aparecen cuatro edificios sobre avenida Las Heras, la mayoría residenciales. Tres de ellos comparten características similares: construcciones antiguas, de baja altura y con visibles signos de deterioro. En uno funciona la sede de El Hogar de Ribadumia, una institución española con presencia histórica en la ciudad desde 1922.La cuarta propiedad está ubicada en la intersección de Las Heras y Junín. Allí funciona un restaurante cuyos encargados aseguraron desconocer tanto la intención oficial de expropiar el inmueble como la existencia del proyecto legislativo.Más al sur de la traza, aparece otro de los sectores donde el proyecto genera dudas entre vecinos: el entorno de la calle Cochabamba, entre el límite entre San Cristóbal y Constitución, donde figuran tres propiedades alcanzadas por las expropiaciones. Allí funciona desde hace más de 40 años el centro de jubilados Manuel Dorrego, emplazado en una parcela originalmente cedida por el propio gobierno porteño.Quienes participan diariamente de las actividades del centro señalaron que existe confusión sobre qué inmuebles concretamente quedarían afectados y cuáles no. En la zona, algunos vecinos denuncian no haber recibido información oficial pese a que el expediente ya ingresó formalmente a la Legislatura. La Ciudad explicó que, en ese punto, la idea es incorporar parcelas privadas a terrenos que ya son de dominio estatal para ampliar el espacio verde existente. Según indicaron, el acceso a la futura estación estaría ubicado debajo de la autopista y el objetivo sería “revitalizar el entorno”.Otros tres inmuebles incluidos en el proyecto están ubicados en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, justo frente al edificio del Congreso de la Nación, donde actualmente existe una construcción abandonada.La propiedad forma parte de las parcelas contempladas para el desarrollo de accesos y obras asociadas a la línea para la estación Congreso, que tendrá una gran entrada de luz solar vidriada en la superficie.