“La tierra no se va a ninguna parte”: La foresto-industria salió a bancar los cambios en la Ley de Tierras que propone el gobierno

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) salió a bancar el dictamen de la reforma a la Ley de Tierras Rurales (26.737) que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado firmaron en el marco del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
La Cámara alta todavía no consigue aprobarlo. Desde que el dictamen quedó firmado el 20 de mayo, el oficialismo postergó su tratamiento cuatro veces por falta de votos, la última el 16 de julio, cuando el debate pasó a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto.
Para la entidad que agrupa a las empresas forestales del país, el texto “logra un equilibrio virtuoso y necesario” porque “elimina trabas burocráticas y cuantitativas que paralizaban la inversión privada internacional, al tiempo que mantiene y precisa de forma rigurosa los controles sobre la soberanía territorial”.
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El comunicado de AFoA busca salir al cruce de “las dudas y temores manifestados por diversos sectores de la sociedad” con cuatro argumentos centrales. El primero apela a una premisa que la entidad define como “económica básica”. Según explicaron, la tierra “es un bien no transable territorialmente” que “no puede trasladarse ni exportarse”, por lo que la llegada de capitales extranjeros hoy restringidos “no significa una pérdida patrimonial para la Nación, sino todo lo contrario”, ya que permite “el agregado de valor, impulsar el desarrollo local, contratando mano de obra argentina, dinamizando pymes de servicios y tributando impuestos en el territorio nacional y provincial”.
“Remover trabas burocráticas al capital privado que busca producir respetando las leyes argentinas no debilita al país; por el contrario, lo fortalece. La tierra no se va a ninguna parte: se queda aquí, generando empleos e industrias. No se defiende la soberanía restringiendo la inversión extranjera, sino atrayendo inversiones transparentes, generando empleo genuino y promoviendo la sostenibilidad y el control ambiental riguroso y eficiente”, señalaron desde AFoA.
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En materia de soberanía, AFoA remarca que el dictamen “mantiene la prohibición explícita para que Estados, gobiernos o empresas públicas extranjeras adquieran tierras rurales” salvo autorización expresa del Poder Ejecutivo por razones de seguridad, y que conserva la exigencia de conformidad previa del Ministerio del Interior para las compras en zonas de frontera bajo el decreto-ley 15.385/44.
Sobre el frente ambiental, la entidad sostiene que “todo proyecto productivo o forestal, sin importar el origen de su capital, debe cumplir estrictamente con los presupuestos mínimos ambientales” fijados por la Ley de Bosques Nativos, la Ley de Gestión Ambiental de Aguas, la Ley de Glaciares y la Ley General del Ambiente, y que ningún inversor “puede cambiar el uso del suelo si este contiene bosques nativos o áreas protegidas” porque los ordenamientos territoriales provinciales “siguen siendo plenamente soberanos y vigentes”.
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El cuarto eje del comunicado es el que más de cerca toca al sector que representa AfoA, ya que pide eliminar restricciones que califica de “arbitrarias”, como el tope de 1.000 hectáreas en zona núcleo o los cupos provinciales, porque a su criterio solo actuaron “como un freno al desarrollo de proyectos de forestación” en una actividad que exige “inversiones de gran escala y plazos de retorno prolongados” para producir papel, cartón, envases, madera para construcción, bioenergía y biomateriales.
Como prueba, la entidad cita el propio ejemplo correntino: “El crecimiento generado en Corrientes por las forestaciones promovidas en los últimos 30 años es la prueba más clara de esta afirmación. Ese crecimiento puede multiplicarse si se quitan las restricciones a la inversión”, señalan, y agregan que la actividad forestal es “el principal captador de carbono del país” y una vía para generar “empleo genuino” que frene la migración de familias del interior hacia los grandes centros urbanos.
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El respaldo de AFoA llega en un momento en que el proyecto acumula rechazos en las provincias con mayor peso forestal. En Misiones, donde según organizaciones sociales el 14% de las mejores tierras productivas ya está en manos extranjeras, ministros, legisladores y referentes de distintos sectores se reunieron esta semana en un conversatorio organizado en la sede del Instituto Misionero de Biodiversidad para fijar una posición unificada de rechazo a la reforma, mientras organizaciones campesinas, indígenas, ambientales y sindicales convocaron a movilizarse en todo el país desde el 29 de julio bajo la consigna “la tierra no se vende, el agua no se entrega, la soberanía se defiende”.