Economía
Caputo anunció que mañana se publicarán los pliegos para privatización de Aysa
El Gobierno avanzará con la venta del 90% de las acciones de la empresa, que hoy están en manos del Estado Nacional
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este jueves que mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos, en una operación con la que el Gobierno espera recaudar alrededor de US$500 millones que serán destinados al pago de la deuda.“Mañana se publicarán en el Boletín Oficial los pliegos de la licitación de Aysa para avanzar con la venta del 90% de las acciones de la empresa que hoy están en manos del Estado Nacional”, escribió Caputo en X.Según el ministro de Economía, “la incorporación de un operador estratégico con capacidad técnica, financiera y operativa permitirá impulsar nuevas y mejores inversiones, expandir la red y mejorar la calidad del servicio para millones de argentinos”.“Seguimos avanzando en un modelo donde el Estado deja de utilizar empresas públicas como cajas políticas para concentrarse en garantizar reglas claras, promover la competencia y generar condiciones para la inversión y el crecimiento. Más inversión privada y mejores servicios para los argentinos", cerró Caputo.La privatización de Aysa representa uno de los procesos más relevantes dentro del plan oficial para desprenderse de empresas públicas. La compañía presta servicio de agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano bonaerense, con una cobertura que alcanza a más de 15 millones de personas. Según datos oficiales, la red de agua supera los 27.000 kilómetros y la de cloacas ronda los 19.000 kilómetros.El Gobierno busca que el nuevo operador quede a cargo de un esquema orientado a la autosustentabilidad económica, con tarifas que permitan cubrir costos operativos, mantenimiento, expansión de redes e inversiones futuras. La intención oficial es que el servicio deje definitivamente atrás el esquema de subsidios generalizados que predominó durante años.La publicación de los pliegos llega pocas semanas después de que el Ejecutivo aprobara un nuevo contrato de concesión que servirá como base regulatoria para la venta. El marco tendrá una vigencia de 30 años, con posibilidad de extenderse otros 10, y reemplaza el esquema vigente desde 2010.“El cambio no es cosmético: es el marco jurídico que hace permanente la transformación”, había señalado el presidente de Aysa, Alejo Maxit, cuando se oficializó el nuevo contrato. Según explicó entonces, desde 2024 la empresa cubre el 100% de sus costos operativos con ingresos propios provenientes de la facturación, sin asistencia corriente del Tesoro.El proceso de saneamiento financiero estuvo acompañado por una fuerte recomposición tarifaria. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, (IIEP-UBA Conicet), la boleta de agua en el AMBA acumuló un aumento del 418% desde diciembre de 2023, en línea con el recorte de subsidios impulsado por el Gobierno de Javier Milei.En paralelo, el nuevo contrato endureció las condiciones frente a la mora. El esquema contempla la posibilidad de cortes del servicio para usuarios residenciales que no paguen sus facturas y establece multas e intereses punitorios por incumplimientos. El Gobierno sostiene que esas herramientas son necesarias para mejorar la cobrabilidad y garantizar la sustentabilidad financiera del sistema. Sin embargo, esa posibilidad se mantiene suspendida por la Justicia.El texto también establece que durante el primer ciclo tarifario, que se extenderá hasta 2031, no habrá revisiones integrales de tarifas, aunque sí seguirán vigentes mecanismos de actualización periódica y revisiones extraordinarias ante variaciones significativas en los costos.En los últimos meses, además, el Gobierno decidió moderar parcialmente el ritmo de aumentos. Luego de aplicar subas mensuales de hasta 4% entre enero y abril, AySA pasó a un esquema con topes de hasta 3% mensual entre mayo y agosto. La empresa explicó que la medida apunta a sostener una adecuación “gradual y controlada” mientras continúa el proceso de normalización económica.